El Gobernador prometió el pronto envío de un proyecto de ley ética pública. Esa promesa fue hecha en el discurso ante la asamblea legislativa del 1° de mayo pasado. Sin embargo, el proyecto aún está en estudio. Es así que, apurados por la oposición, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados empezó a trabajar sobre las iniciativas que duermen desde hace años sobre este tema.
¿Qué es la ley de ética pública? Se trata de una normativa que tiene un antecedente nacional. Es la que obliga a los funcionarios a presentar cada año declaración jurada de sus bienes y los de sus familiares directos. Gracias a esa ley, por ejemplo, es que el periodismo puede acceder a esos datos que actualmente generan tantos dolores de cabeza al Gobierno nacional. Esa normativa no tiene correlato provincial.
En reiteradas ocasiones, este diario se ha hecho eco de esta carencia mendocina. A nivel nacional la ley nació de la reforma constitucional del 94. En el artículo 36 de la Carta Magna argentina está incluida la orden de sancionar una ley de ética pública, prescripción que fue cumplida en setiembre de 99, cuando el Congreso Nacional la sancionó.
Desde entonces los funcionarios nacionales están obligados a presentar declaraciones juradas de bienes todos los años, desde el momento en que asumen y hasta un año después de que salgan del cargo. Desde ese entonces también existe la Oficina Anticorrupción nacional.
Desde entonces hubo intentos en Mendoza de replicar esa norma y todos los intentos quedaron en fracaso. El último proyecto fue presentado el año pasado por el diputado radical Tadeo García Zalazar.
Es evidente que nunca hubo voluntad política de avanzar en semejante ley. El 1° de mayo, el gobernador Pérez anunció el envío de su proyecto y en algunas bancas hubo satisfacción porque se reactivaría el tratamiento. Pero ya pasaron más de 20 días y la iniciativa no aparece.
No es que se trate de una redacción muy complicada. De hecho, se podría decir que hay dos modelos posibles. Uno, adherir a la ley nacional vigente, el otro, redactar uno similar al nacional con algunos retoques locales. En esas dos vertientes se mueven las distintas iniciativas que duermen en la Legislatura.
En Diputados están la de García Zalazar (que tiene despacho en minoría de la Comisión de LAC), una del peronista Guillermo Carmona, una del demócrata Roberto Ajo y una del radical Fernando Armagnague. En el Senado las relevadas hasta ayer eran todas de legisladores oficialistas: una de Fernando Simón, una de la kirchnerista Alejandra Naman y otra de Germán Gómez.
Una de las diferencias más grandes que tienen las iniciativas con desarrollo propio de la ley nacional original es que algunas de esas iniciativas obligan a la presentación de declaración jurada a todos los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), mientras que la ley vigente para cargos nacionales sólo alcanza a quienes ocupen lugares en el Ejecutivo.
La otra gran diferencia es el nivel de acceso de esos datos. El debate es si pueden acceder todos los ciudadanos que tengan computadora y acceso a internet o si, para poder consultar la información, hay que hacer un trámite que establezca el interés legítimo a obtenerla. De esta última manera es a nivel nacional: así, por ejemplo, los periodistas porteños tienen que presentar una nota en la que fundamentan el pedido y la Oficina Anticorrupción es la que acepta el requerimiento.
Desde la Secretaría Legal y Técnica, Gustavo Tobares dijo que en el Ejecutivo están trabajando en el tema, pero que "es lo menos importante de dónde salga el proyecto", abriendo la puerta al debate legislativo.
Ayer, en la Comisión de LAC, la que tiene en estudio el tema, se acordó avanzar en el análisis de las iniciativas que duermen en Diputados, para llegar a un texto de consenso entre todas las fuerzas políticas. El acuerdo está sellado, pero hay antecedentes que hablan de fracaso sobre el particular.
