La Fundación Libertad y Progreso ha dado a conocer el informe “Auditoría de Libertad Económica Argentina 2017", un trabajo realizado en colaboración con el Fraser Institute y Atlas Network. Reseñamos algunos aspectos del informe.
El informe es preocupante. El tamaño del Estado, el gasto y empleo público, la presión fiscal y las regulaciones de todo tipo reducen la libertad económica a su mínima expresión. “El índice de libertad económica -se sostiene- provee una descripción comprensiva de las políticas económicas en Argentina, examinando cinco dimensiones de la misma con un total de 42 variables. El índice muestra en detalle el estado actual de la política económica y cómo puede ser mejorada”. Las cinco dimensiones de la política que toma en cuenta son: “Tamaño del Gobierno: gasto, impuestos y empresas públicas”, “Estructura legal y seguridad jurídica en términos de derecho de propiedad", “Acceso a moneda sólida”; “Libertad para comerciar internacionalmente” y “Regulaciones al crédito, al trabajo y a las empresas”.
La libertad se mide de 0 a 10 para todas las variables consideradas, donde un valor más alto indica un mayor nivel de libertad económica. En el índice final, y tomando un período que va desde 1970 a 2016, Argentina alcanzó el mayor nivel de libertad en la década del '90 y desde el 2003 cayó constantemente, registrándose el año pasado una muy leve mejoría. Nuestro país ocupa el puesto 156 en el ranking, entre la República de África Central y el Congo. En América del Sur sólo estamos mejor que Venezuela, con la mitad del puntaje de Chile, que registra el mayor índice de libertad económica. Un punto muy interesante del informe, de plena actualidad es la relación libertad económica y corrupción. “Es necesario enfatizar el impacto el impacto de la libertad económica sobre la corrupción. La falta de libertad económica es materia prima de la corrupción”.
Lo opuesto a la libertad económica es el crecimiento desmesurado del Estado, medido por el gasto público. Algunos números son elocuentes. El gasto público agregado (nac+prov+munic) en el período 1980-2002 fue de 30% del PBI, en 2015 fue de 47%. El promedio para América Latina, 35% y para los países avanzados, 42%. Medido en dólares al cambio oficial, el gasto público pasó de 45,2 mil millones en 2002 a 235 mil millones en 2015. El empleo público en igual lapso varió de 2.386.000 a 4.232.000, un crecimiento de 77%, que en los municipios supera el 100%. Pero hay un dato más inquietante sobre el empleo en el informe. Dice que algunos ministerios y agencias del Estado hasta 70% de la nómina de sueldos no son parte de los gastos presupuestarios, sino considerado “entes cooperadores”. Diferentes organizaciones, incluidas algunas ONGs, tienen el poder de cobrar por ciertos servicios en nombre del Estado.
Otra conclusión inquietante de este estudio es la referida a las instituciones republicanas y los derechos de propiedad. Se afirma que el respeto a las instituciones republicanas es un área en la que Argentina ocupa el puesto 132 a nivel mundial en cuanto al imperio de la ley. El siguiente párrafo es ilustrativo. “Durante la Auditoría, algunos expertos sostuvieron que los cambios introducidos en la Constitución de 1994 restringieron y limitaron la definición clara del derecho de propiedad establecido en el artículo 17 de la Constitución de 1853”. Se afirma también que los Tribunales no son favorables a garantizar los derechos de propiedad. En síntesis estamos muy lejos de tener no una buena libertad económica sino un mínimo razonable para impulsar a los individuos a valerse por sí mismos y progresar.
