El modelo argentino
En 1995 se sancionó la ley que estableció el marco regulatorio para la evaluación y aseguramiento de la calidad de las instituciones universitarias. La responsable de ello fue la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Su consolidación ha coadyuvado a que la evaluación del sistema universitario haya sido considerado como eje de una política de Estado.
Existe una primera dimensión orientada a la evaluación de las instituciones con miras a su mejora. Para ello se realizan las evaluaciones externas en la totalidad de las instituciones universitarias, cada seis años.
Una segunda dimensión se refiere a la acreditación de carreras; en este caso, el eje central gravita en torno de la calidad a partir de estándares preestablecidos, y es obligatoria para las carreras de grado declaradas de “interés público” y también para las carreras de posgrado.
La tercera dimensión se refiere a la evaluación de nuevos proyectos institucionales, con miras a que el Ministerio de Educación autorice la puesta en marcha de nuevas instituciones.
Si bien es cierto que estos procedimientos traen como resultado un compromiso de mejoras, merece especial atención la tasa de abandono en la universidad, indicador que en nuestro país se sitúa, en forma estimada, en un 17%. Al respecto, numerosos especialistas sostienen que debería considerarse el índice de abandono como factor clave de calidad en los procesos de evaluación de las instituciones.
La Coneau viene desarrollando diferentes modalidades de cooperación en el plano regional. Un ejemplo de ello es la participación en el sistema de acreditación de la calidad de las carreras universitarias -ARCU SUR-. En el período 2008/2011 se acreditaron 36 carreras de grado.
Este sistema constituye un avance, el reconocimiento mutuo de la calidad de las carreras, aunque adolece de algunas debilidades: los procedimientos de acreditación entre pares evaluadores son muy lentos; el derecho al ejercicio de la profesión entre los países miembros no es viable y la movilidad académica y estudiantil entre los países, es baja.
El modelo chileno
El proceso de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior se inició en 2006 con el dictado de la ley N° 20.129, que estableció un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que tendría por objeto examinar la calidad de la educación superior mediante acreditación de instituciones y programas de pre y post grado; entregar información pública del sistema y el licenciamiento de instituciones.
Transcurrida ya casi una década desde su implementación, el resultado no ha sido del todo satisfactorio habiéndose constatado debilidades que han motivado fuertes críticas por parte de estudiantes, académicos y algunos rectores de universidades al estimarse que no ha cumplido con las expectativas al dictarse la referida ley; las críticas son fundadas, entre otras causas, por una falta de recursos suficientes y una normativa legal que ha resultado ser incompleta.
El Programa de Gobierno 2014/2018 de Michelle Bachelet contiene “la reforma educacional” priorizando la gratuidad en la educación superior, luego de más de treinta años de inexistencia, considerando para ello el alto costo de las carreras y el elevado nivel de endeudamiento de los estudiantes.
Para poner término a esta inequidad, se logró un acuerdo gobierno-oposición para instrumentar gradualmente la gratuidad a partir de este año. Así se beneficiaría a 178.000 estudiantes de sectores más vulnerables para que puedan matricularse en las universidades que adhirieron a la gratuidad. Se estima que la cobertura será para el 70 % del estudiantado.
En síntesis
El establecimiento de Sistemas Nacionales de Evaluación de la Calidad constituye un gran avance en ambos países. Sin embargo, resulta difícil escapar a cualquier intento de situar los resultados locales, respecto de otros escenarios.
En Europa existe un espacio tendiente a armonizar los sistemas universitarios cuyos ejes están centrados en la creación de un sistema comparable de títulos y un sistema de créditos europeo, tendientes a promocionar la movilidad de los estudiantes y el establecimiento de dos ciclos principales de estudio: grado y posgrado.
Este último punto invita a reflexionar sobre el desafío que significaría para nuestros países diseñar políticas de Estado en conjunto, capaces de promover sistemas de cooperación e intercambio referidos a la evaluación de la calidad en pos de lograr, así, una educación de excelencia y una adecuada gestión de sus instituciones.
* Profesora universitaria y abogado, respectivamente
