El Gobierno decidió acelerar la negociación de la deuda y envió al Congreso el proyecto de ley que le otorga facultades para discutir con los bonistas, mientras avanza con el FMI para patear pagos hacia adelante y obtener al menos dos años de gracia.
Martín Guzmán, ministro de Economía, dio ayer una sorpresiva conferencia de prensa.
En los 19 minutos, el funcionario se negó a dar detalles de cómo será la propuesta para los acreedores privados que están en el exterior. Pero, entre líneas, envió señales: el país necesita tiempo y abaratar el pasivo. Habló de "actuales tasas de mercado prohibitivas que aumentan la carga de deuda". La ecuación posible: una quita de intereses y más plazo, sin tocar el capital.
Hay apuro por arrancar el debate en el Congreso. Los vencimientos de capital e intereses alcanzan los 69.709 millones de dólares en 2020. Sin contar la deuda intra-sector público, los servicios estimados son de U$S 36.217 millones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Con el FMI la negociación avanza en un “tono constructivo”, dijo Guzmán. El lunes habló con las autoridades del Fondo. La semana que viene viajará a Estados Unidos para el Consejo de las Américas, aunque por el momento no hay agenda común.
El objetivo con el organismo es reperfilar el sendero de pagos, porque la carga de amortizaciones de capitales es "muy alta" para 2021, 2022 y 2023, cercana a los 40.000 millones de dólares.
La táctica con privados
La estrategia para la deuda en dólares, emitida bajo legislación de Nueva York sería, sin ir más lejos, la misma que para las Letras del Tesoro en pesos en ley local. El canje de Lecaps por Lebads del lunes tuvo esa lógica: baja de intereses y alargamiento de plazos.
Guzmán y Alberto Fernández vienen remarcando que la situación no es igual a 2005. Entonces, Roberto Lavagna canjeó papeles con quitas nominales de entre 33% y 66%. Gran parte habían sido contraídos por la dictadura. Ahora no se desconoce la deuda, que fue tomada por un gobierno democrático.
"La voluntad de pago está, pero hay que crecer", dijo Guzmán al pedir plazo.
Ultimátum y reacción
Tras la conferencia hubo buenas y malas. Los bonos en dólares cayeron hasta 4,6% por la falta de precisiones sobre el canje y el riesgo país (que elabora la JP Morgan) subió 5% a 1.923 puntos. Por otro lado, los bonos en pesos ascendieron hasta 5,4%, dado que ya "no son un problema" porque se refinanciaron. Sin embargo, a última hora Standard & Poor's declaró el default selectivo de los bonos en pesos.
El drama está en la escasez de dólares. Hubo una multiplicidad de guiños para el recorte de tasa. Guzmán hizo hincapié en que se siguen pagando los intereses con reservas del Banco Central, pero "no por demasiado tiempo".
El lastre bonaerense
El de Guzmán fue un mensaje para los acreedores externos del país pero, sobre todo, un ultimátum para los de la provincia de Buenos Aires, que está en riesgo de default inminente. El lunes tiene un vencimiento de capital de 250 millones de dólares. No puede pagar y tampoco habrá auxilio.
La gestión de Axel Kicillof está negociando para pagar en mayo. Si no le aceptan el 75% de los tenedores, la provincia caerá en default el 6 de febrero. Ayer la Anses le dio una mano: le renovó por 180 días un vencimiento por 263 millones de dólares, tras una orden política de Fernández a Alejandro Vanoli.
Cuando quedan cuatro días hábiles para negociar, Guzmán aclaró a los acreedores que un default bonaerense sumará “ruido” a la negociación nacional. Les pidió que acepten cobrar en mayo y afirmó que la Nación quiere liderar la salida a la “profunda crisis de deuda” de todo el país.
Pero no habrá rescate. No hay cláusula de aceleración cruzada entre Buenos Aires y la Nación, por lo que un default de la provincia no generaría una ruptura contractual con los acreedores bajo la ley de Nueva York para los títulos soberanos.
“Buenos Aires no se lanzó sola. Esperamos que se mantenga en su posición y que haya voluntad de los bonistas para una solución ordenada, porque si la solución termina siendo desordenada se van a perjudicar todas las partes”, afirmó.
Tratamiento exprés
Antes de partir a Israel, Alberto Fernández firmó el pedido para sumar el proyecto de deuda al período de sesiones extraordinarias del Congreso y desde la Presidencia de la Cámara de Diputados hicieron saber que ya se acordó con la oposición el cronograma de tratamiento: el martes 28, debate en comisiones y el miércoles 29, sesión.
Se espera que sea larga, por lo que la sesión podría pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 30.
Se descuenta que el oficialismo sumará a los interbloques opositores Unidad Federal para el Desarrollo (UFD), que conduce el mendocino José Luis Ramón, y Federal, que integran el lavagnismo, el peronismo no K y el peronismo cordobés, que responde a Juan Schiaretti.
En cambio, aún es una incógnita la postura de Juntos por el Cambio, que tiene 116 diputados nacionales.
Fernández contrataría a abogados de Mendoza
Nueve artículos componen el proyecto de ley para la "Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública" que el Gobierno envió ayer al Congreso. Según observadores, el centro del proyecto es la prórroga de la jurisdicción en tribunales extranjeros y renuncia a la defensa de la inmunidad soberana.
El Gobierno necesita convencer a los bonistas. La prórroga de jurisdicción es porque los acreedores rechazarán tomar nuevos títulos emitidos bajo ley argentina por la desconfianza con los tribunales locales.
“La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”.
Pero aclara que esa renuncia no permitirá la ejecución de sus bienes, como las reservas del Banco Central, o inmuebles dentro y fuera del territorio nacional.
El proyecto autoriza al Ejecutivo a emitir nuevos títulos a efectos de modificar el perfil de vencimientos de intereses y amortizaciones de capital y determinar épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión.
Asimismo, Guzmán podrá designar instituciones y asesores financieros. Fuentes oficiales admitieron que el Gobierno ya inició contactos con el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que defendió a Mendoza de los reclamos de buitres por el canje del Bono Aconcagua.
