Reacciones políticas entre funcionarios y dirigentes del kirchnerismo siguen sorprendiendo por su total desatino. En los últimos días, varias voces cercanas al poder se alzaron para criticar la decisión de un juez de la República de allanar un emprendimiento vinculado con la Presidenta de la Nación, como parte de una investigación por desmanejo de fondos públicos y posible lavado de dinero. En efecto, el juez federal Claudio Bonadío ordenó operativos de suma importancia que se llevaron a cabo en las oficinas de una compañía hotelera de Cristina Fernández.
Entre las voces de histeria política por la magnitud de la tarea judicial, se escuchó la del senador ultraoficialista Aníbal Fernández, quien criticó por los medios el accionar de Bonadío señalando que “en ningún país del mundo” se dispone un allanamiento a una sociedad que pertenece a la máxima autoridad política. Calificó dicha acción como una “falta de decoro”.
Entre sus increíbles reflexiones, Aníbal Fernández dijo que “sólo los países bananeros” investigan a sus presidentes. Lamentablemente, el pensamiento del legislador no es original en nuestra clase política. Hace varios años, con motivo de la detención del ex presidente Carlos Menem, durante la gestión de Fernando de la Rúa, el entonces dirigente justicialista Carlos Grosso también aludió a la referencia de “país bananero” por haber encarcelado a un ex primer mandatario.
En realidad, todas estas reacciones forman parte de una actitud perversa por parte de quienes las expresan, puesto que son los países serios, institucionalmente hablando, los que permiten investigar actitudes y aspectos patrimoniales hasta de los presidentes. País “bananero”, claramente, es aquél donde manda la corrupción y nada ni nadie permite que la misma sea erradicada del poder. Ése parece ser el país que quieren Fernández y otros acólitos cristinistas.
Estos y otros conceptos similares, vertidos por alfiles políticos del kirchnerismo, fueron el complemento mediático de acciones concretas que desde el poder se ejercieron con la lisa y llana intención de remover de su cargo al juez Bonadío.
El caso más grave, desde el punto de vista institucional, fue la denuncia que presentó ante el Consejo de la Magistratura el viceministro de Justicia de la Nación por supuesto mal desempeño de sus funciones del magistrado actuante. Esta iniciativa no prosperó porque el oficialismo necesitaba en dicho organismo una mayoría especial con la que no cuenta, pero sí pudo sumar el oficialismo los votos para ofender, humillar, a la persona de Bonadío descontándole un tercio de su sueldo. Nada impide, no obstante, que desde el Gobierno se insista con este tipo de acusaciones, más otras denuncias presentadas ante la Justicia contra el juez.
Lo que debe preocupar es que todas estas acciones condenatorias de parte del poder de turno contra el funcionamiento de las instituciones republicanas, representadas en el caso puntual que nos ocupa en un juez que investiga posible corrupción en el poder, no resulten indiferentes para la mayoría de los ciudadanos.
La indiferencia ante el mal ejercicio de la función pública y su aval mediante una equívoca actitud al concurrir a las urnas, son el caldo de cultivo para una corrupción cada vez más enquistada que, seguramente, nos puede llevar en no mucho tiempo más a ser la nación “bananera” que de ningún modo podemos desear.
