Política
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hace 2 horas
Argentina busca esta semana aumentar la presión internacional diplomática y política a los tenedores de bonos en default, en una tentativa por conseguir condiciones de negociación para pagarles y evitar una nueva moratoria.
El país se encuentra ante la presión de hacer avanzar negociaciones con los bonistas que no participan de las reestructuraciones de la deuda argentina de 2005 y 2010, pero que se beneficiaron del fallo de un juez de Nueva York, Thomas Griesa, sobre el pago integral de los títulos en su poder.
Por ese fallo, si Argentina efectúa el 30 de junio pagos al 93% de los bonistas que sí se sumaron a la reestructuración, estará obligada también a pagar a los bonistas litigantes, en un escenario que según el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, conduciría al país a un nuevo default.
Hoy, ya de retorno en Buenos Aires, Kicillof anunció sorpresivamente que el gobierno realizó depósitos por 1.000 millones de dólares para pagar compromisos con los fondos que participaron de las operaciones de canje en 2005 y 2010.
"La República Argentina, en cumplimiento del contrato con los tenedores que adhirieron al canje, ha procedido al pago de los servicios de capitales e intereses", dijo el ministro en conferencia de prensa.
La iniciativa fue vista por analistas locales como una forma de poner presión sobre el juez Griesa, a quien el gobierno argentino pidió que ponga en suspenso el fallo que favorece a los grupos especulativos para así poder negociar.
"Hemos pedido al juez un paraguas legal para abrir una negociación, en caso contrario no es posible alcanzar un acuerdo en tan breve lapso", había dicho Kicillof en Nueva York el miércoles.
Sin embargo, la respuesta de Griesa no podía ser peor: el juez entendió que el pedido no era "apropiado", y simplemente negó conceder un 'stay' o medida cautelar, alegando que la cuestión de los pagos sería objeto de negociación entre las partes.
Avanzada diplomática
Argentina consiguió en la ONU el apoyo explícito de los países miembros del G77+China, quienes se turnaron en expresar la condena a la situación.
El embajador de Brasil ante la ONU, el ex canciller Antonio Patriota, fue uno de los más vehementes, al considerar que la decisión de Griesa fue "irracional" porque terminó validando un "comportamiento irresponsable, especulativo y moralmente cuestionable".
Los embajadores del G77+China ante la ONU acordaron enviar cartas al juez Griesa y a los jueces de la Suprema Corte estadounidense alertando sobre las graves consecuencias sistémicas por la determinación de poner en pie de igualdad a fondos especulativos litigantes y a acreedores que aceptaron quitas importantes para participar de la reestruturación de la deuda.
Así, el discurso de 45 minutos pronunciado por Kicillof el miércoles ante el G77 en una sala del tercer piso en la sede de la ONU halló una enorme caja de resonancia, aunque aún reste evaluar el impacto de esa internacionalización del reclamo.
Estricta reserva
En sintonía, un importante organismo de la ONU, la oficina para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) emitió un documento donde formuló un claro alerta sobre las "profundas consecuencias para el sistema financiero internacional" que podrá tener la decisión de Griesa.
"Los imitadores abundarán", presagió la entidad.
En otra nota, analistas del Deutsche Bank estimaron que Argentina busca "más cooperación" por parte del tribunal.
En este contexto, en Nueva York, el abogado Daniel Pollack, supervisor de las tratativas entre las partes nombrado por el juez, anunció que los contactos entre abogados de Argentina y de los 'holdouts' (acreedores con deuda en mora) se realizarán en la más estricta reserva.
Pollack y Kicillof confirmaron separadamente que las partes mantuvieron contactos iniciales a partir del martes, sin ofrecer ningún detalle sobre las conversaciones.
