La última reunión de Presidentes de los países miembros del Mercosur se llevó a cabo en Montevideo el 5 de diciembre pasado y el tema más importante a tratar era la propuesta del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, de introducir una rebaja en el arancel externo común que protege al bloque.
Éste era el primer paso de Bolsonaro por introducir modificaciones en las reglas del Mercosur que permitan acelerar una mayor integración al mundo o que, al menos, permita que los países miembros lo hagan individualmente.
A dicha reunión concurrieron todos los presidentes del bloque, incluidos Tabaré Vázquez, de Uruguay y Mauricio Macri, de Argentina. Ambos mandatarios estaban terminando su gestión y, por lo tanto, se consideró prudente postergar una toma de decisión hasta que los nuevos mandatarios argentino y uruguayo se hicieran cargo de sus funciones.
Antes de la reunión de diciembre ya se sabía que el presidente de Paraguay estaba de acuerdo y faltaba saber la posición de Alberto Fernández y de Luis Lacalle Pou, los flamantes presidentes de Argentina y Uruguay. Fernández ya había anticipado su oposición a un acuerdo con la Unión Europea y no era partidario de bajar los niveles de protección.
La semana pasada, el flamante presidente de Uruguay anticipó que encararía una negociación bilateral para establecer un acuerdo de Libre Comercio de su país con Estados Unidos. De esta manera, Lacalle Pou anticipa convalidar las ideas de Bolsonaro y todo esto se verá reflejado en la próxima reunión del Mercosur, en marzo próximo.
Ante la anticipada posición de Paraguay, es muy probable que Argentina quede en una posición aislada entre sus socios y en una situación incómoda. Si no hay flexibilización se trabaría todo porque las decisiones del bloque siempre se toman en forma unánime y por consenso.
La situación es incómoda para el presidente Fernández pero muy preocupante para el futuro de la Argentina. Nunca un país ha crecido aislándose del mundo y este modelo proteccionista no tiene nada de progresista sino que es un atraso muy grande en tiempos de globalización. Aunque se acepte la protección de ciertos sectores por un tiempo, debe primar la apertura porque nadie le compra a quien no puede venderle.
La situación de Argentina se agrava por la decisión del gobierno de reimplantar las licencias no automáticas para las importaciones, retomando una vieja práctica que ya le valió un fallo en contra en la OMC al país en 2014. Además, el argumento es que se hace para preservar reservas pero no es válido porque el BCRA no provee los dólares a los importadores, quienes deben comprarlos en el mercado.
Si se piensa que esto permitiría al BCRA comprar los dólares excedentes, tampoco luce razonable porque podría producir una expansión monetaria peligrosa. El mecanismo más genuino para que el país disponga de dólares para cumplir sus obligaciones debería ser que el Tesoro tenga superávit y con ese excedente comprar las divisas en el mercado.
El Presidente ha instruido al nuevo embajador en Brasil, Daniel Scioli, para que convenza a su par brasileño sobre la necesidad de Argentina de poner estas restricciones (que siempre se dicen transitorias) y mantener la oposición al acuerdo con la Unión Europea.
En realidad, es difícil que el mandatario de Brasil atienda los argumentos argentinos ya que, además, acaba de asegurarse el voto de EEUU para ingresar a la OCDE, la organización que reúne a los países más ricos del mundo, algo que Argentina no consiguió y, por las decisiones que está tomando, tampoco conseguirá.
El problema es cuando la carga ideológica o los complejos de inferioridad de la dirigencia política terminan aislando al país y postergando sus posibilidades de desarrollo. Argentina está descapitalizada, empobrecida por la acción de la clase política en el manejo de los fondos públicos. El país requiere capitales para invertir y crecer y estas decisiones la alejan y condenan a una mayor pobreza estructural a sectores cada vez mayores de la población.
