"El ministro se mantendría", dijo sin dar más precisiones el gobernador, Francisco Pérez, el miércoles pasado, cuando se le consultó sobre la continuidad de Carlos Aranda como jefe de la cartera de Seguridad, y casi de inmediato se supo que el que sí dejaría el cargo sería el subsecretario Emilio Caram, segundo de Aranda, aunque su salida era "por la campaña" y no por el reclamo ante los últimos hechos de inseguridad que conmocionaron a la sociedad.
Fue así que Pérez, una vez más, corroboró en su lugar al ministro más expuesto de la gestión y sólo generó en el área de Seguridad un cambio mínimo, oportuno ante la inminencia de la campaña electoral (Caram es candidato a concejal por el FpV en Godoy Cruz), a pesar de las protestas, incrementadas desde que mataron en un intento de robo al médico Sebastián Prado, causa en la que todavía no hay pistas certeras sobre el asesino.
Y fue así también que Aranda volvió a afianzarse, por ahora, en el sillón que ocupa desde hace 3 años y 9 meses: asumió cuando el gobierno de Celso Jaque había cumplido la mitad del mandato y fue ratificado por Pérez. Las dos veces, su impulsor fue el mismo hombre que aún lo sostiene en el sillón: Carlos Ciurca.
Sobreviviente
Aranda asumió en Seguridad el 21 de diciembre de 2009, en reemplazo de su amigo y jefe político Ciurca, que acordó con Jaque pasar a un ministerio con menos "riesgos" para su imagen que Seguridad, luego de más de un año y medio de estar siempre en el ojo de la tormenta y ante su deseo de posicionarse para una candidatura en 2011.
Al hacerse cargo, Aranda advirtió que le daría impronta propia a su gestión, aunque también remarcó que sería "una continuidad" de lo hecho por Ciurca, quien se había transformado en ministro de Desarrollo Humano.
Efectivamente, su relación política con el actual Vicegobernador nunca cesó, por más que el ministro niegue la influencia de ese vínculo. De hecho, en noviembre de 2011 el electo gobernador Pérez, al dar a conocer su gabinete, ratificó a Aranda en Seguridad, atendiendo a "un pedido" de quien lo secundó en la fórmula.
Durante estos casi cuatro años, siempre con el apoyo de Ciurca, el ministro se sostuvo a pesar de los hechos de inseguridad que han marcado su gestión, algunos de gran impacto social, y sólo una vez le pidieron la renuncia. Esto marca claramente una diferencia con lo que sucedió durante la gestión de Julio Cobos, cuando cada crimen que conmovió a la sociedad terminó con la renuncia del ministro de Seguridad de turno.
Entre esos hechos se destacan la muerte del comerciante Carlos Berdasco en febrero de 2010, la del quiosquero del barrio Unimev Antonio Flores, en junio de ese año; la del empresario José Dalmau en Corralitos, en enero de 2011; la de Micaela Tati, en medio de un tiroteo en el Barrio La Gloria, y la de Matías Quiroga, tras un asalto a metros del Carrefour de Godoy Cruz, en marzo de 2012. El último caso, y el que llevó a Pérez a ratificarlo, fue el del médico Prado.
Fue el Partido Demócrata el que reclamó su dimisión el 13 de junio del año pasado, por "la permanente inseguridad" y a raíz de otras dos muertes ocurridas en esos días, la del abogado Adolfo Moreno en Dorrego y la de Lourdes Gordillo, en el barrio La Madera.
Pero más allá de esa acción política, los cuestionamientos han provenido de la sociedad en aquellos asesinatos que generaron fuertes reclamos, algunos multitudinarios, tal el caso de las marchas encabezadas por Stéfano Tati y Osvaldo Quiroga, padres de Micaela y Matías respectivamente, a pocos días de las muertes de sus hijos, con 3 mil personas; o la de hace 20 días, convocada por los allegados de Prado, con un número similar.
Podría decirse que las protestas tienen asidero estadístico, como la encuesta de la Escuela Latinoamericana de Seguridad y Democracia, que en octubre de 2011 informaba que 78% de los mendocinos temía ser víctima de delito y 51,6% calificaba a la acción policial de "muy mala".
O el informe difundido por las aseguradoras, a mediados de 2012, de que el número de robos denunciados había crecido 15% interanual. O los datos aportados por este diario a fines de 2012 sobre un crecimiento de 16% de los homicidios en hechos de violencia social frente a 2011, en tanto que en el primer semestre de este año la suba ha sido del 8% en relación a igual período de 2012.
En los últimos días, se reflotó un reiterado latiguillo de los gobiernos cuando algún caso resonante de inseguridad amenaza su estabilidad: la "política de Estado" para afrontar el tema, como aquella que tejió en silencio Arturo Lafalla tras la rebelión policial de octubre de 1998 y sólo anunció cuando ya era un hecho.
Así, se lo vio al gobernador Pérez reunirse con el procurador de la Corte, Rodolfo González, en abril de 2012 (tras la muerte de Quiroga) y hace apenas 15 días, promoviendo cambios en la Justicia.
También reiteró la vocación de generar una "política integral" para abordar la problemática y prometió convocar a los partidos de la oposición para discutir, aunque luego dio marcha atrás y dijo que no habría ningún encuentro para no dar argumentos electorales a sus rivales y sólo haría algunos llamados.
El hombre con consenso
Aranda es el ministro que no duda en aparecer en la escena de un delito, y eso se le reconoce. Pero también es aquel que se reunió con el barrabrava de Boca Rafael Di Zeo, en enero de 2012, en dudosas circunstancias, algo que en principio negó, pero que luego tuvo hasta una justificación de Pérez.
Tiene reflejos para generar acciones ante un hecho de fuerte impacto (como el megaoperativo con 800 efectivos tras la muerte de Matías Quiroga), pero no desatiende la interna partidaria y su respuesta permanente a Ciurca.
Es un ministro con cuestionamientos comunes, como cualquier otro funcionario, pero para muchos sigue siendo "el hombre adecuado" para conducir Seguridad.
Así lo reconocen algunos opositores. "Tiene capacidad de trabajo y voluntad", destacó el radical Luis Petri. "Es el ministro de Seguridad con el que mejor diálogo he tenido", resalta el peronista disidente Daniel Cassia.
"Le ha puesto el pecho a las balas. Otro, hace tiempo hubiera renunciado", resaltó el demócrata Aldo Vinci, aunque para él la etapa de Aranda "está finalizada", en coherencia con la postura de su partido de hace un año.
Pocos le achacan los errores de la política en seguridad y prefieren apuntar al Gobierno. "La permanencia o no en el cargo no resuelve el problema de fondo", dijo Martín Appiolaza, experto en seguridad y candidato a legislador por el FAP, para quien el verdadero problema es "una política pública mal encarada".
"Pérez desconoce las propuestas de la oposición y sigue desacertando al no encarar el asunto como política de Estado", resaltó Petri. "El Gobierno no reconoce que ha fracasado en Seguridad", dijo Vinci. "No puede depender tanto de lo que le defina la Nación", adujo Cassia.
Aranda, en tanto, defiende la acción gubernamental. "La decisión política no es mantenerme a mí en el cargo, sino mantener un estilo de trabajo", señaló, y si bien insistió en que la interna poco tiene que ver con su continuidad, reconoció que las decisiones "las toman los dirigentes de peso del peronismo".
Aunque no son pocos los que por debajo también reconocen que "no hay nadie más que quiera hacerse cargo" de ese ministerio.
