“¿Hay una demora? Sí, pero ellos (por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tampoco son muy rápidos para completar la documentación que deben presentarnos”. La frase es del director de Protección Ambiental (DPA), Gonzalo Dávila; la afirmación es por la demora en la autorización para iniciar la remediación de pasivos ambientales en la mina de uranio Sierra Pintada de San Rafael.
La cuestión de las colas de uranio en el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada (Cmfsp, según la sigla oficial) ha llegado a la Auditoría General de la Nación (AGN) y de allí a la Legislatura Provincial: se aprobó una resolución presentada por el diputado Edgar Rodríguez (UCR) para que las comisiones de Economía, Energía, Minería e Industrias y la de Ambiente y Recursos Hídricos se interesen en el tema, sobre todo porque las mediciones de la propia CNEA indican que el agua de cantera en Sierra Pintada presenta concentraciones de radio y uranio por encima de lo permitido. Además, los legisladores están gestionando una visita al yacimiento uranífero.
Las colas de uranio en Sierra Pintada son un tema viejo. El complejo minero se cerró en el año ‘97 y desde entonces cada tanto resurge la pregunta acerca de qué hacer con el pasivo ambiental que dejó la explotación minera. Pero además está la intencionalidad de la CNEA de reactivar el yacimiento que complica más el panorama por el enfrentamiento con la comunidad.
Responsabilidades compartidas
Según Dávila, las demoras en la aprobación en el plan de remediación son por culpas compartidas de Ambiente y de la CNEA, pero además, asegura que por más que se complete el trámite administrativo y la DPA le permita iniciar la remediación de las colas de uranio, a la CNEA le faltaría autorización del Juzgado Federal de San Rafael, organismo que mantiene inmovilizadas las actividades en el viejo yacimiento.
“Hay un conflicto de fondo. Una multisectorial del Sur presentó un amparo y el Juzgado Federal de San Rafael hizo lugar. Cualquier cosa que se haga, tiene que tener autorización judicial”, decía el funcionario.
El problema es que las colas siguen estando ahí y son un pasivo que debe resolverse, más allá de lo que suceda con la reactivación del yacimiento de uranio.
En la Legislatura el tema se agita desde la bancada de diputados radicales, Rodríguez es el escaño que pide la intervención legislativa para agilizar el tema. “Hay que hacer una audiencia pública para autorizar el el plan de remediación” dice el legislador y se pregunta por qué no se ha citado aún. A renglón seguido dice que la “comunidad de San Rafael tiene desconfianza en la actividad”, como si esa desconfianza fuera suficiente para que nadie quiera mover una piedra.
El problema de fondo sigue siendo la intención de la CNEA de reactivar la mina, algo de lo que se viene hablando y que justamente la cautelar planteada en la Justicia Federal de San Rafael tiene detenida.
El informe de la Auditoría General de la Nación menciona algo de la posible reactivación, pero la condiciona a la previa remediación del pasivo: “La CNEA deberá someterse a los procedimientos de evaluación previsto a cargo de las autoridades provinciales, mediante el respectivo Estudio y Declaración de Impacto Ambiental y la Audiencia Pública respectiva; el relevamiento del estado de conservación de los equipos y optimización del proceso; el diseño de la ingeniería básica, reacondicionamiento de las instalaciones y equipos existentes.
En este orden, uno de los motivos para reiniciar la actividad productiva además de asegurar la provisión de uranio natural, es la de conservar la capacidad tecnológica y profesional, que se viabiliza a través de la mejora continua en la práctica productiva concreta”, establece.
