El contexto cambió y pasó a ser propicio para los proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo que buscan reformar la Justicia.
Envalentonados por la rápida aprobación de dos normas “anti-corrupción” el pasado jueves, ahora los diputados de Cambiemos y sus socios del interbloque massista UNA intentan avanzar en el tratamiento de una iniciativa diseñada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, con la que se pretende disminuir el poder que obtuvo la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a través de las reformas que el kirchnerismo le imprimió al Ministerio Público Fiscal.
Mañana, estas dos bancadas se reunirán para acercar posiciones. Cuando el proyecto de Garavano comenzó a ser discutido en abril, las opiniones estaban muy distantes. Pero en los últimos días se tomó la decisión de avanzar conjuntamente. Si ambos bloques llegan a un acuerdo, los votos estarán garantizados para darle media sanción.
Por lo pronto, el martes está convocado el plenario de las comisiones de Justicia (comandada por el radical Diego Mestre), Legislación Penal (presidida por la radical Gabriela Burgos) y Presupuesto y Hacienda (dirigida por el macrista Luciano Laspina). Dependiendo de la evolución de las negociaciones podría haber dictamen.
El proyecto del Gobierno tiene cuatro puntos fundamentales: el acortamiento del mandato del procurador a cuatro años (hoy es vitalicio); la modificación del mecanismo de remoción, ya que se elimina el juicio político; la creación de cuatro sub-procuradurías especializadas que tendrán amplias facultades sobre sus áreas, con lo se pretende licuar el poder a Gils Carbó, y la multiplicación de facultades del Consejo General del Ministerio Público Fiscal, para revisar las decisiones administrativas de la jefa de los fiscales.
Ante la andanada de cuestionamientos, el Gobierno se conforma con sostener dentro de la norma a ser aprobada el acortamiento del mandato del procurador y cambios en el mecanismo de remoción del cargo.
Es en estos puntos donde hay más sintonía entre Cambiemos y el massismo. Ambas fuerzas sostienen que el artículo 120 de la Constitución, por el cual se crea el Ministerio Público, no establece que el cargo de procurador deba ser vitalicio.
“Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca.
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”, reza la Carta Magna. “De modo que la equiparación con la estabilidad funcional que tienen los jueces ha sido caprichosa”, explicó Martín Casares, subsecretario de Política Criminal.
En el massismo no están de acuerdo con que el mandato sea de sólo cuatro años y con que coincida con el del presidente. Por eso proponen seis años. Pero también está la idea de que el cargo sea por cuatro, con posibilidad de acceder a cuatro años más.
Con el acortamiento del mandato, Garavano apunta a expulsar a Gils Carbó de la cúpula del Ministerio Público Fiscal. El problema para la Casa Rosada es que la procuradora juró en 2012 con la actual ley Orgánica del Ministerio Público, la cual establece que el puesto de procurador general es vitalicio.
Por ello, cabe la posibilidad de que los legisladores voten que la norma deberá aplicarse retroactivamente, aunque esto podría ser judicializado por Gils Carbó.
De ahí que las fichas del oficialismo estén mayormente puestas en la segunda modificación: la eliminación del juicio político como mecanismo de remoción.
Para esto, el Gobierno sostiene que la Constitución fija en el artículo 53° quiénes son los sujetos pasibles de juicio político: el presidente, el vicepresidente, el jefe del gabinete de ministros, los ministros y los miembros de la Corte. Es decir que no están alcanzados ni el procurador general ni el defensor general.
Hoy, Gils Carbó depende de que dos tercios de la Cámara de Diputados la acusen y de que luego dos tercios del Senado decidan removerla. Con la ley en debate, el mecanismo se vuelve más “light”.
La acusación podrá provenir de Diputados pero con simple mayoría -el macrismo y el massismo podrían avanzar en esa dirección sin problemas- o sencillamente con un decreto firmado por el Presidente.
Pero el Senado, que le presta acuerdo al procurador con dos tercios, deberá sostener esta mayoría calificada a la hora de eyectarlo. “Decidimos que los dos tercios se mantengan para que el procurador tenga independencia del poder político”, señaló Casares.
Este número ya no parece imposible para el oficialismo. Hace dos semanas, superó holgadamente los dos tercios cuando se aprobaron los pliegos de los dos nuevos miembros de la Corte Suprema.
El Senado también avanza
El Senado abordará esta semana también dos proyectos remitidos por el Ministerio de Justicia. El martes, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y la de Presupuesto y Hacienda buscarán darle dictamen a la unificación de los fueros de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal y a la implementación del juicio unipersonal para determinados supuestos.
Además, la comisión de Justicia y la de Seguridad y Narcotráfico debatirán el proyecto que envío el Ministerio de Seguridad para penar el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes.
Resistencias a la licuación del poder
El punto que más ruido genera en el Frente Renovador y en toda la oposición es la creación de cuatro sub-procuradurías. Entienden que “más allá de quién ocupe el cargo hoy (Gils Carbó), no se puede romper con el mandato constitucional que dispone que haya unidad de acción en el Ministerio Público Fiscal”.
El proyecto de Garavano establece la creación de cuatro sub-procuradurías: en derecho público, derecho privado, crimen organizado y derecho penal. No sólo la oposición se manifiesta contraria a la idea.
Hace diez días, especialistas, fiscales y abogados asistieron al Congreso y también se mostraron muy críticos. Entre ellos, se destacó la voz del fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, quien pese a estar públicamente enfrentado con Gils Carbó sostuvo que la propuesta es inconstitucional.
“Nuestra propuesta no busca quitarle poder al Ministerio Público Fiscal sino repartir las responsabilidades dentro de él. Actualmente todo está concentrado en una sola persona y creemos que fortalece la institución que las decisiones se tomen más pluralmente”, explicó Martín Casares, subsecretario de Política Criminal.
El funcionario del Ministerio de Justicia cuestiona el enorme poder que adquirió Gils Carbó, por ello defiende que la nueva norma incluso cambie el sistema de concursos de fiscales y el mecanismo de suspensión de los mismos, instancias que hoy digita sin trabas la procuradora identificada con el kirchnerismo.
