Cuando nadie lo esperaba, el Senado dio sanción a dos proyectos polémicos, al menos entre los gremios estatales: el de topes salariales, por el que se busca reconstruir la pirámide salarial con el sueldo del gobernador en el tope, y la nueva norma que regulará el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo, en la que se incluye la creación de la “Comisión de garantías” que entenderá en el establecimiento de pisos en la prestación de servicios mínimos en caso de paros. Ambas iniciativas ahora deben ser tratadas por la Cámara de Diputados.
Ayer, la sesión del Senado parecía ser otra más, sin nada particularmente atrayente. De hecho, ni siquiera se advertían movimientos fuera de lo común, esos que delatan la posibilidad de una polémica.
La mañana se iba lenta y amenazando con la abulia. De pronto, en el orden del día aparecieron dos temas que parecían de otra jornada.
El primer proyecto en ser tratado fue el de la Subsecretaría de Trabajo, que actualiza a la vieja Ley 4.974, incorporándole “estándares de la nueva legislación nacional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, como indicó la senadora María José Ubaldini, la única que tomó la palabra en el recinto para explicar los alcances de la iniciativa. Luego se pasó a la votación sin más demoras.
A priori parecen argumentos más que sobrados para la sanción inmediata de la ley. De hecho, fue aprobada sin mucho debate por todos los bloques, el oficialista y los opositores, con la excepción del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), cuya única senadora, Noelia Barbeito, había llegado tarde al debate.
Pero en el medio del articulado aparece un tema que hace ruido en los sindicados estatales: el establecimiento de pisos en los llamados servicios esenciales.
Ubaldini indicaba que estos servicios ya están determinados en la legislación nacional y hasta por la OIT y que en el proyecto analizado por la Legislatura provincial, lo que se creaba era una comisión de garantías encargada de determinar los pisos mínimos que deberían cumplirse en esos servicios considerados esenciales.
“El derecho de huelga no está en discusión pero el Estado no puede dejar de cumplir con otros derechos, como el de acceso a la salud, por respetar el de huelga”, decía Ubaldini.
La comisión de garantías estará conformada por cinco miembros. Serán nombrados por el Ejecutivo y habrá un representante de las asociaciones gremiales, uno por las entidades empleadoras, uno por el Colegio de Abogados y uno de las universidades; el quinto, del propio gobierno.
Los representantes de cada una de las organizaciones serán elegidos a partir de una terna propuesta por cada una de ellas.
En el artículo 72 se indica que “la elección de los integrantes deberá recaer en personas de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral y/o del derecho constitucional y de destacada trayectoria”.
En el 73 se prescribe que los miembros de la comisión de garantías son ad honorem y no podrán integrarla los legisladores nacionales, provinciales y quienes ocupen otros cargos públicos electivos y aquellas personas que ejerzan cargos de dirección o conducción en partidos políticos, en asociaciones sindicales o en organizaciones de empleadores.
Inmediatamente después llegó el proyecto de topes salariales, estableciendo un mecanismo de paulatina convergencia hasta que el sueldo del gobernador sea el más alto de la escala que se paga en la Administración Pública.
Se trata de la iniciativa presentada por el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Fernando Simón, quien acordó el texto en diálogo con el radical Juan Carlos Jaliff. La suerte estaba echada también.
Hablaron ambos referentes explicando sus posturas y luego de que la senadora del FIT anunciara su rechazo al proyecto, se pasó a votación y fue aprobado por 31 votos contra 1.
En el texto se establece que todos aquellos sueldos que superen al del mandatario provincial, en cada paritaria percibirán un incremento menor al que le corresponda al gobernador.
Cabe recordar que el salario del mandatario es equivalente al doble de la clase 13 del escalafón de administración central, por lo que cada incremento acordado en paritarias impacta en lo que percibe el ocupante del sillón de San Martín.
En caso de que Diputados transforme en ley esta iniciativa, los incrementos de quienes cobren más que el gobernador serán un 70% menores al que perciba el mandatario y, de esa manera, a lo largo del tiempo se logrará ordenar la pirámide.
Los jueces quedarán exceptuados del "tope"
Del total de los empleados públicos de la provincia, casi 110 mil agentes, son 787 los que hoy cobran más que el gobernador Francisco Pérez, la gran mayoría del Poder Judicial y del Ministerio de Salud.
De estos, sólo los magistrados gozarán del privilegio de no ver recortados sus ingresos hasta quedar debajo del mandatario. Es que en el texto de la norma hay unas pocas excepciones.
El senador Fernando Simón explicaba que los funcionarios con rango constitucional no serían alcanzados por esta medida (miembros del Tribunal de Cuentas, fiscal de Estado, magistrados, asesor de Gobierno).
También podría suceder que algún profesional que cumpla funciones muy específicas podría quedar exceptuado del tope, pero cada caso individual debería ser ratificado por la Legislatura, ventilando nombre y funciones.
Además, en caso de que ese funcionario tan especial decidiera pedir cambiar esas funciones que lo hacen estar exceptuado del tope, perdería el beneficio.
Jaliff recordaba el caso de “un urólogo infantil, que nos costaba más caro pagarle por prestación, que pagarle un sueldo. Pero detrás de la excepción siempre se cuelan otros más que no justifican el beneficio”, por eso alentaba que cada caso se trate en la Legislatura, a la vista de todos.
A tal punto estaba todo acordado con esta ley, que la única discrepancia era la aplicación en las escalas salariales municipales.
Mientras Simón decía que en el texto, por respeto a la autonomía municipal, se invitaba a los municipios a adherir al régimen, Jaliff decía que había que aplicárselos sin preguntar, ya que actualmente está vigente la ley 5892, de escalafón municipal, sancionada por la Legislatura en 1992, por lo que no habría motivos para que no los alcance esta nueva ley, en caso de ser aprobada por Diputados.
Finalmente, prevaleció la postura del oficialismo y los municipios serían invitados a adherir.
