El Gobierno quiere que los jueces sean full time y para eso cambió el molde con el que se seleccionan los magistrados. Se trata de la modificación del Reglamento del Consejo de la Magistratura, un órgano creado por la Constitución provincial y que se encarga de evaluar a aquellos que quieren ocupar un cargo en la Justicia.
La flamante ley salió sólo con los votos del bloque oficialista ya que el PJ pidió que se contemplara un pedido de la Suprema Corte para que se incluyera, en el texto, la obligación de realizar además un análisis psicológico.
La carta estaba firmada por uno de los miembros del Tribunal, Mario Adaro, y había ingresado el martes. Del otro lado interpretaron que "la corporación se hizo presente" con este pedido .
La intención de la modificación aprobada ayer es que los jueces, fiscales, camaristas y defensores a seleccionar sean “full time”. Para eso, se modificó la matriz con la que se incorporan al sistema.
“Ellos están muy bien pagados, de modo que se tienen que dedicar a su trabajo”, comentaron en torno a la nueva ley.
El diagnóstico que hicieron en el Gobierno para avanzar con la reforma es que el 98% de los concursantes a magistrados provienen del mismo Poder Judicial, ya que el mecanismo de selección pondera la preparación académica.
Según explicaron, el desequilibrio radica en que los empleados que trabajan en el Poder Judicial cuentan con más facilidades a la hora de prepararse a nivel académico. Estas ventajas consisten en un horario y salario fijo, que deja tiempo libre para estudiar, y días de licencia por examen, condiciones que no se dan en el ámbito privado.
En el Gobierno advierten que hay jueces que no fijan audiencias en la tarde porque tienen que dar clases, mientras que hay suspensiones por viajes a congresos o seminarios. A su vez, critican que las sentencias sean por escrito “alejados de la realidad y sin contacto con las partes”.
Para esto, el gobernador, Alfredo Cornejo, impulsó un proyecto para abrir la puerta a los abogados que se desarrollan en el ámbito privado y tienen más calle. Es decir, se busca equilibrar el 98% mencionado y poner en igualdad a los abogados privados con los estatales.
Según entienden, el nuevo perfil dará agilidad a la Justicia. "Queremos jueces que tengan criterio de justicia. Queremos que en la solución de un caso, los evaluadores puedan ver cuál es la lógica jurídica utilizada al resolverlo. Si no, se da la situación de que hay jueces que son muy teóricos y que a la hora de resolver un caso práctico no lo saben", definió el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, autor de la ley y encargado de supervisar el debate legislativo.
El funcionario de Cornejo señaló que el objetivo es que “los jueces sean full time, que estén más comprometidos con el trabajo y no con los aspectos académicos y de cátedra”.
Del despacho al cara a cara
El cambio aprobado apunta a la primera etapa de evaluación, cuando el abogado rinde para presentarse a la audiencia ante el Consejo. Esta etapa de examen la desarrolla una comisión asesora, que a partir de ahora ya no pondrá nota sino que dirá si el aspirante está aprobado o no. Para eso se va a considerar el examen escrito y oral en conjunto.
Este punto fue una de las críticas del PJ, que señaló que se elimina el sistema anterior por el que primero se rinde un examen escrito que garantiza el anonimato. De aprobarse, se pasaba a la instancia oral. “Tendemos a un sistema oral. Hay que ver la lógica y desarrollo jurídico”, justificó D'Agostino.
Por su parte, el examen tendrá una vigencia de dos y no tres años, mientras que si el magistrado quiere cambiar de cargo, deberá cumplir cinco y no tres años en el ejercicio en su función.
El inoportuno pedido de la Suprema Corte
Este proyecto comenzó a discutirse hace casi dos meses. Desde un principio tuvo la conformidad del PJ que, si bien criticó algunos aspectos, vio con buenos ojos el espíritu de poner en igualdad a los abogados y así frenar a la “familia judicial”. Ayer se abstuvo.
Pero el camino de debate se encontró con dos hechos que fueron interpretados como manifestaciones de la “corporación” judicial.
El primero fue en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, en donde Julio Gómez , integrante de la Suprema Corte y representante en el Consejo de la Magistratura, hizo algunas observaciones. Una fue la transición que debía darse entre los dos sistemas de selección, aspecto que fue salvado en el proyecto.
La segunda fue una opinión que deslizó. “Hemos aclarado que no vamos a dar opiniones que tengan que ver con las cuestiones políticas, tanto con las finalidades que se persiguen, como con los medios que se van a utilizar para conseguir esa finalidad”, señaló el juez.
Ayer surgió otra opinión que fue interpretada como una “reacción de la corporación”. El juez Mario Adaro, ex ministro de Gobierno de Celso Jaque (PJ), envió una carta en la que pedía incluir un examen del perfil psicológico a los postulantes.
Ante esto, el PJ pidió una semana más y, ante la negativa de la UCR, se abstuvo. Lo mismo hizo el FIT y la ley salió sólo con votos oficialistas.
