El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó una ley de amnistía para presos por motivos políticos que el presidente Nicolás Maduro aseguró que la bloqueará para evitar su aplicación, en un nuevo capítulo de la lucha de poderes que sacude al país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, declaró aprobado el proyecto tras su segunda y última discusión, entre aplausos y gritos de “¡Libertad!” de la bancada opositora, y el rechazo airado de la minoría oficialista.
“Esta ley pretende sentar las bases para la reconciliación nacional”, afirmó la diputada Delsa Solórzano, promotora de la iniciativa, durante un debate que se extendió por cerca de ocho horas y en el que fueron votados uno a uno 29 artículos.
La normativa pretende sacar de la cárcel a unos 76 presos y a centenares de “perseguidos y exiliados” por su oposición al chavismo, que gobierna Venezuela desde hace 17 años, dijo Solórzano.
Entre los detenidos figura el opositor radical Leopoldo López, condenado en setiembre pasado a casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y que dejaron 43 muertos.
Sin embargo, el mandatario socialista anticipó que vetará la ley, aduciendo que se trata de un “autoperdón de asesinos” que intentaron poner fin al gobierno de su antecesor, Hugo Chávez, y al suyo mediante acciones violentas que derivaron en violaciones de derechos humanos.
“Tenga la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Leyes para amparar terroristas y criminales, no pasarán. Hagan lo que hagan”, alertó Maduro en cadena nacional de radio y televisión.
A partir de ahora Maduro puede vetar la normativa, devolverla al Parlamento para modificaciones o enviarla al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dentro de los próximos diez días, para que evalúe su constitucionalidad.
En lugar de una amnistía, Maduro ha propuesto convocar una “comisión de la verdad” para investigar los delitos que se le imputan a los beneficiarios de la normativa.
La minoritaria bancada chavista criticó que la segunda discusión de la amnistía no figurara en la agenda del día y fuera incorporada a última hora sin distribuir el texto definitivo entre los asambleístas, argumentos que fueron desestimados por la oposición.
“Esa ley no será publicada nunca porque está viciada de nulidad constitucional”, advirtió el diputado oficialista Pedro Carreño.
“La convocatoria no cumple con los extremos legales. Es una sesión nula y por tanto nulo su producto”, añadió.
Por su parte, el jefe de la bancada chavista, Héctor Rodríguez, cuestionó que el instrumento no haya sido presentado ante el país, a lo que Solórzano replicó que se hizo una “consulta pública en toda Venezuela” con “ONG, universidades, expertos y las víctimas”.
“La Asamblea Nacional cumple con el pueblo que votó mayoritariamente por diputados comprometidos con aprobar la Ley de Amnistía”, manifestó Capriles.
Juristas como José Ignacio Hernández advierten que a la ley le espera un largo camino para hacerse efectiva, pues Maduro puede enviarla al TSJ, al que la oposición acusa de ser el “bufete jurídico” del chavismo.
La amnistía es el proyecto emblemático de la oposición en el Congreso, si bien la prioridad es cambiar el gobierno mediante un referendo revocatorio o una enmienda constitucional que recorte el mandato de Maduro (2013-2019), junto con movilizaciones populares.
La oposición reconoce que ni la amnistía ni la propuesta para el cambio de gobierno serán aplicables si no cambian instituciones clave como el TSJ.
¿Quiénes son los detenidos que beneficia la ley?
La normativa aprobada por el Parlamento beneficiará a un amplio espectro de dirigentes políticos, que abarca desde alcaldes y ex candidatos presidenciales hasta líderes estudiantiles.
Los más destacados son:
Leopoldo López: Líder del ala radical de la oposición, este economista de 44 años con maestría en Harvard fue condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia en las protestas contra el gobierno que dejaron 43 muertos y 878 heridos en 2014, con una iniciativa conocida como "La Salida".
Fundador del partido Voluntad Popular, López forjó su carrera como adversario del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Fue alcalde del municipio de Chacao (2000-2008) -uno de los más ricos de Caracas-, donde proyectó una figura de dinamismo y eficacia que lo perfiló como posible candidato presidencial, pero fue inhabilitado políticamente en dos ocasiones.
Casado con la expresentadora de televisión Lilian Tintori y padre de dos hijos, López cumple condena en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, donde está recluido desde que se entregó a las autoridades el 18 de febrero de 2014.
Antonio Ledezma: El alcalde de Caracas, de 60 años, fue detenido en febrero de 2015, acusado de conspiración y asociación para delinquir. Tres meses después obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud, luego de ser operado de una hernia inguinal.
El veterano político y abogado, formado en las filas del partido Acción Democrática, fue diputado del extinto Congreso (1984-1992), gobernador del antiguo Distrito Federal (1992-1993), senador (1994-1996) y alcalde del capitalino municipio Libertador en dos ocasiones (1996-2000).
La Fiscalía pidió que sea condenado a 16 años de prisión por “presuntamente apoyar a grupos que pretendían desestabilizar el país a través de acciones violentas”.
Daniel Ceballos: Este ingeniero de 32 años fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia como alcalde de San Cristóbal -capital del estado Táchira (sur), fronterizo con Colombia- en marzo de 2014, acusado de desacatar una orden judicial para contener las manifestaciones.
Militante del partido Voluntad Popular, fue imputado por los delitos de rebelión civil y agavillamiento pero recibió el beneficio de arresto domiciliario en agosto de 2015 por razones de salud.
Padre de tres hijos, está casado con Patricia de Ceballos, actual alcaldesa del mismo municipio.
Manuel Rosales: El ex candidato presidencial de 63 años, que enfrentó a Chávez en los comicios de 2006, fue detenido en octubre pasado en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), a las puertas de un avión que lo llevó a Venezuela tras seis años de exilio en Perú.
Los tribunales emitieron una orden de captura en su contra tras haber sido imputado en 2008 por enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de Zulia durante dos períodos (2000-2008).
Fundador del partido Un Nuevo Tiempo, también fue alcalde del municipio de Maracaibo (1996-1999) y diputado (1983-1994). Está recluido en la sede de la policía política en Caracas.
