Aprueban cambios en la Ley de Abastecimiento

El oficialismo consiguió aprobar esta madrugada en el Senado el proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento, con una serie de modificaciones en el texto original.

El proyecto fue aprobado en general y en particular, tras casi cuatro horas de debate, casi a las 4.30 de hoy, con 38 votos afirmativos, contra 27 negativos y fue girado a la Cámara de Diputados.

El senador informante por el FPV-PJ fue el santacruceño Pablo González, quien, tras acordarse el tratamiento en forma conjunta del proyecto a las dos iniciativas sobre derechos del consumidor, apuntó que en el oficialismo, a diferencia del referente de UNEN y actual diputado socialista Hermes Binner, "no creemos en la mano invisible del mercado".

Al analizar el proyecto de nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, recordó que este tipo de normativas rigen en el país desde la década de 1920, con el gobierno del radical Hipólito Yrigoyen por "la famosa crisis de alquileres".

Agregó que hubo una nueva ley en 1964 en el gobierno del radical Arturo Illia y fue de nuevo tratada en 1974, con el gobierno peronista, para recordar además que todas esas normativas contemplaban penas de prisión, que en la actual versión fue eliminada.

González dijo que la intención es "garantizar el funcionamiento transparente del mercado" y señaló que en la mayoría de países del mundo existe este tipo de regulaciones, como en la Comunidad Económica Europea, Brasil, México y los Estados Unidos.

Indicó que luego que "el 99 por ciento de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas", al remarcar que ese tipo de empresas fueron excluidas de los alcances de la ley, y que la norma está referida solo "al 1 por ciento de las empresas (las grandes y medianas empresas con capacidad de formación de precios)".

Y afirmó que "es una ley que viene a morigerar pero también a establecer nuevos cánones en las relaciones de consumo" busca "hacer operativo el artículo 42 de la Constitución Nacional" y "viene a prevenir y evitar situación de abuso por posición dominante de mercado".

El radical Luis Naidenoff informó sobre el rechazo de su bloque a la iniciativa y lo vinculó a "dos razones importantes": porque -a su entender- vulnera el orden jurídico constitucional establecido y porque es irracional, desde el punto de vista de los incentivos para comerciantes e industriales que deseen invertir y arriesgar en el país".

También, recordó que este tipo de normas "fue suspendida en el año '91 y se la restablece por decreto en el año '99", mientras se quejó de que la norma "sujeta toda la actividad económica a la discrecionalidad del secretario de Comercio".

Para Naidenoff, en el debate en comisiones nadie pudo precisar qué es "ganancia abusiva".

En el mismo sentido se expresó el peronista disidente y ahora massista Juan Carlos Romero ("ésta es una ley para meter miedo, es confiscatoria e inconstitucional", dijo), la juecista Norma Morandini y los macristas Alfredo De Angeli y Gabriela Michetti.

También el socialista Rubén Giustiniani, el radical catamarqueño Oscar Castillo ("esta ley deja tipos penales abiertos, el señor secretario de Comercio va a dictar una norma penal sin que haya tipo penal previsto"), la peronista puntana Liliana Negre ("esta ley no contribuye a la paz social") y el radical Gerardo Morales ("este proyecto es puro maquillaje, siguen habiendo discrecionalidades").

El proyecto aprobado implica una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, al que el oficialismo, tras el plenario de comisiones y las críticas expresadas allí por sectores empresarios, se vio obligado a incorporar modificaciones como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios; eliminó las clausuras definitivas como parte de las sanciones previstas en el proyecto inicial.

Además, tipificó las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.