La Cámara de Diputados aprobó anoche la segunda reapertura del canje de deuda y convirtió el proyecto, que tenía media sanción de Senadores, en ley. El kirchnerismo y sus habituales aliados tuvieron esta vez el apoyo de gran parte de la oposición.
La UCR, el macrismo y casi todo el peronismo disidente -incluyendo la bancada massista del Frente Renovador, que ayer se conformó oficialmente- acompañaron la norma que suspende por tiempo indefinido la Ley Cerrojo sancionada en noviembre de 2009, por la cual se impidió a los tenedores de bonos en cesación de pagos, ingresar a la reestructuración luego de 2010.
La centroizquierda, en cambio, votó orgánicamente en contra de la tercera fase de la reestructuración de la deuda que se inició en 2005 y continuó en 2010 con la primera reapertura del canje. Todo el Frente Amplio Progresista, compuesto por el socialismo, el GEN, Libres del Sur y el juecista Frente Cívico de Córdoba, se opuso.
Lo mismo hizo el bloque Proyecto Sur, que preside Fernando "Pino" Solanas y la bancada Unidad Popular, de Claudio Lozano. En contra también votó la Coalición Cívica-ARI. Sólo un puñado de peronistas disidentes, que siguen al senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, se manifestó en contra.
La ley sancionada prevé la reapertura del canje para permitir que el 7% de los bonistas que se negaron entrar al canje de deuda en 2005 y 2010 puedan ingresar. Entre estos, están un 0,45% de títulos que están en manos de los fondos buitre, que pelean en los tribunales de Nueva York contra la Argentina y tienen dos fallos judiciales favorables.
El propio oficialismo reconoció que la verdadera intención de la norma es dar una señal de voluntad de pago a los jueces norteamericanos quienes, en sus sentencias, exigieron a nuestro país ofrecer a los "holdouts" las mismas condiciones de pago que al 93% que ingresó al canje, por lo cual es necesario suspender la Ley Cerrojo. La mira de la Argentina es que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte dirimir la contienda con los fondos buitre.
Los diez diputados mendocinos apoyaron la medida. Los cuatro kirchneristas (Guillermo Carmona, Dante González, Anabel Fernández Sagasti y Omar Félix), los tres radicales (Mariana Juri, Enrique Vaquié y Jorge Albarracín), los dos demócratas (Roberto Pradines y Omar De Marchi) y el peronista no K, Enrique Thomas, votaron favorablemente.
"Con la aprobación de este proyecto, el Ejecutivo tendrá herramientas para culminar el proceso de normalización de la deuda que se defaulteó en 2001. Lo que falta es poco para llegar a la meta; un puñado de especuladores no podrá contra la voluntad de nuestro pueblo", dijo el kirchnerista Carlos Heller al inicio del debate.
El radical mendocino Enrique Vaquié fijó la postura del principal bloque opositor, favorable a la ley aunque muy crítica del manejo realizado por el Gobierno del proceso de reestructuración y de la estrategia judicial con la que se viene perdiendo contra los fondos buitre. "A partir del fallo de primera instancia del 7 de diciembre de 2011, quedó claro que el Gobierno no cumplía con el pari-passu, es decir que nos pedían que ofreciéramos a todos los tenedores las mismas condiciones. ¿Qué necesidad teníamos de mantener la ley cerrojo hasta hoy?", se preguntó.
El cordobés Ernesto Martínez lanzó luego. "El FAP dice que hasta acá llegamos. No queremos ser cómplices de trasladar estos desaguisados al gobierno que viene". La misma línea argumental tuvo "Pino" Solanas. "Estamos haciendo creer al pueblo que hay que pagar esta deuda, que es ilegítima. Esto es un nuevo fraude histórico", sostuvo.
El massismo, que ayer debutó como nuevo bloque (son diez legisladores) plantó también críticas, aunque votó positivamente. "Acompañamos porque los fondos buitre son los verdaderos enemigos", dijo Felipe Solá quien se plegó a muchos cuestionamientos que unas horas antes lanzó el titular del bloque de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay.
El ex director del Banco Central cuestionó que se autorice al Ejecutivo, con la ley, ofrecer a los holdouts nuevamente un cupón atado al crecimiento del PBI. "Les regalamos desde 2005 más de 30 mil millones de dólares", denunció.
