La Cámara de Senadores nacional convirtió ayer en ley un proyecto que sanciona con penas de seis meses a cuatro años de prisión al adulto que contacte por Internet (vía e-mail o redes sociales) o por medios electrónicos (por celular) a un menor con el objetivo expreso de cometer un delito contra su integridad sexual.
Así, el Congreso saldó un vacío legal que tenía la Argentina para combatir lo que internacionalmente se conoce como "grooming".
En rigor, la iniciativa -promovida por la ONG Argentina Cibersegura a través de una campaña nacional de concientización y recolección de firmas- había contado con media sanción del Senado a fin de 2011 pero casi dos años después, en setiembre de este año, Diputados introdujo cambios a la propuesta original para diferenciar el acoso cibernético a un chico, del acoso real o consumado en persona, por lo que diferenció las penas entre uno y otro acto (el acoso real no es excarcelable ya que es encuadrado como corrupción de menores).
Así, se estipularon penas de seis meses hasta dos años, es decir la mitad de lo que fijó el Senado en su primera sanción. Además, el proyecto de la Cámara baja con media sanción contemplaba una diferenciación entre el "grooming" que tiene como destinatario a un menor de 16 años del que tiene como víctima a un chico de menos de 13 años.
Pero ayer, la Cámara alta decidió insistir con su posición inicial: no diferenciar entre víctimas menores de 13 y 16 años y aplicar al victimario penas de hasta cuatro años de prisión. Se impuso así la visión más dura de las dos.
Sancionar al mayor, no al menor
La autora del proyecto inicial es la senadora pampeana María Higonet (PJ), quien en su momento explicó que el "child grooming" consiste en acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, al crearse una conexión emocional, con el propósito de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él. En Diputados, la impulsora fue la diputada Paula Bertol, del macrismo.
Ayer, la senadora salteña Sonia Escudero (PJ Federal) explicó la decisión que tomó el Senado.
"Nosotros fijamos que la pena sea de seis meses a cuatro años para que haya amplitud suficiente para que el juez o el fiscal enmarque el delito como crea correspondiente. En cambio, la Cámara de Diputados disminuyó a menos de la mitad las penas. Además, lo convierte en un delito de acción privada, lo que implica que un fiscal no puede avanzar sin la denuncia de los padres o tutores del menor".
Escudero siguió: "Por otro lado, la Cámara baja diferencia entre 13 y 16 años de las víctimas, que así deben probar ante la Justicia que han recibido imágenes o que han sido destinatarios de actos de connotación sexual y encima probar que hubo engaño. Así es casi imposible de probar este delito que es muy novedoso. Nosotros desde el Senado queremos proteger a todos los menores, entre 13 y 16 años. No hay menos vulnerabilidad de acuerdo a la edad porque están todos los chicos igualmente conectados a las redes sociales y a Internet y son localizados por pederastas o agentes de trata de blanca".
La pampeana Higonet coincidió: "Debemos volver a la propuesta de una pena mayor para proteger a los menores. La ONU nos dice que hay 750 mil pedófilos conectados a la red y que un 30% de los chicos que se conectaron a la web al menos una vez sufrieron algún tipo de acoso. Compañeros, creo que este paso es importante", dijo desde el recinto.
Según los datos arrojados por una encuesta realizada por la empresa ESET Latinoamérica, para el 68,3% de los adultos consultados, el "grooming" o ciberhostigamiento es una amenaza muy frecuente. A su vez, el 26,3% confirmó conocer un niño que ha sido víctima de este flagelo.
Según especificó ayer en el Senado el radical tucumano José Cano, "47% de los menores abren sus cuentas en redes sociales a los 13 años o menos; el 20% de las chicas y el 7% de los chicos han recibido propuestas de enviar fotos sin ropa por mayores anónimos".
En tanto, el kirchnerista bonaerense Aníbal Fernández criticó también la media sanción de Diputados que fue dejada de lado: "No entiendo por qué se diferencia entre 13 y 16 años. Lo que hay que sancionar no es la conducta del menor sino del mayor".
