Sociedad
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hace 53 minutos
Luego de un acalorado debate, la Cámara de Diputados aprobó ayer a última hora la reforma del Código Penal que agiliza los procesos judiciales y prevé la expulsión de delincuentes extranjeros hallados 'in fraganti'.
La reforma, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue aprobada por 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones.
Según lo aprobado serán pausibles de ser expulsados los extranjeros hallados 'in fraganti' en la comisión de delitos cuya pena sea menor a tres años de cárcel.
En ese caso el ciudadano extranjero tendrá prohibido el regreso a Argentina por 15 años bajo pena de iniciar el juicio por el delito cometido si incumpliera la orden de expulsión.
En el caso de delitos graves, los acusados quedarán indefectiblemente detenidos y el proceso será limitado al máximo de 10 meses.
La oposición objetó la eventual discrecionalidad en la aplicación de las expulsiones en detrimento de garantías constitucionales y del respeto de los derechos humanos.
Más de un centenar de entidades civiles habían cuestionado aspectos de la reforma por considerar que endurece las sanciones y aumenta la vulnerabilidad de los migrantes.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), había advertido sobre la inconstitucionalidad del artículo y cuestionado la definición de flagrancia del delito que queda sujeta a la autoridad policial al momento del arresto.
"Esta nueva modalidad guiará la respuesta 'migratoria' del Estado a través del proceso penal, con intervención de los funcionarios policiales", destacó el CELS.
El gobierno impulsó los cambios para imprimirle mayor celeridad a los procesos judiciales que de acuerdo al nuevo código no pueden extenderse más de tres años.
La reforma le otorga mayor poder a los fiscales en la conducción de la investigación y establece sanciones para los funcionarios judiciales que no respeten los plazos procesales.
Argentina ha sido receptora de centenares de miles de inmigrantes en los últimos 10 años y la mayoría de ellos fueron beneficiados con el otorgamiento de documentación legal, dentro del programa solidario llamado Patria Grande.
Pero a la vez, el gobierno recibe presión de la sociedad por la inseguridad reflejada en asaltos seguidos de muerte, la mayor preocupación, para un promedio de 80% de los encuestados, según los sondeos.
