Las autoridades mexicanas que investigan la fuga del capo narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán decidieron ayer mantener detenidos a 22 empleados de la cárcel de máxima seguridad en la que estaba detenido por las sospechas de que colaboraron en su huida.
Al cumplirse la tercera jornada de intensa búsqueda de Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, la Fiscalía General decidió liberar a 12 de los 34 trabajadores del penal de El Altiplano que estaban siendo interrogados desde la fuga del sábado. De los otros 22, “su situación jurídica ha cambiado a retenidos, esto quiere decir que el ministerio público presume alguna participación” en la huida, dijo una fuente de la Fiscalía.
El ministro de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que Guzmán “tuvo que haber contado con la complicidad de personal y/o funcionarios” de El Altiplano, donde fue encarcelado tras su detención en febrero de 2014.
Guzmán, que portaba un brazalete de monitoreo y estaba vigilado con cámaras las 24 horas, se escabulló por un orificio abierto en el piso de su ducha, que conducía a un sofisticado túnel de 1,5 kilómetros de longitud y desembocaba en una precaria construcción en los alrededores del penal, cuyo propietario está también siendo interrogado.
En su intento por reconstruir esta fuga que ha tenido impacto mundial, las autoridades han tomado declaración a 17 internos de la prisión, situada a 90 km de la capital y considerada la más segura del país; a dos abogados del narcotraficante y a personas que lo visitaron, aunque todavía no han hecho ninguna acusación.
Osorio Chong explicó que, “por razones de derechos humanos y respeto a la intimidad”, la videovigilancia del narcotraficante tenía “dos puntos ciegos” que fueron aprovechados para su escape.
Esta es la segunda vez desde 2001 que Guzmán logra escapar de una cárcel de máxima seguridad, un humillante revés para el presidente Enrique Peña Nieto, que tenía en la captura de “Chapo” su mayor logro en la lucha antidrogas.
En medio de la indignación desatada en México, el Congreso federal acordó ayer mismo citar a Osorio Chong y a otros altos funcionarios de seguridad para que den explicaciones sobre la fuga de “El Chapo”, quien vuelve a ser uno los hombres más buscados del mundo.
Fuerzas de seguridad mantienen la cacería del escurridizo capo en una decena de céntricos estados y también se pidió apoyo de la Interpol para activar alertas en un centenar de países.
El lunes, Osorio Chong aseguró que “no habrá impunidad” para los funcionarios que le habrían ayudado a escapar y recalcó que “no habrá tregua” en los esfuerzos del gobierno por recapturar a este “enemigo de la sociedad” mexicana.
El “Chapo”, uno de los narcotraficantes más poderosos del planeta, lideró durante años sangrientas batallas contra cárteles rivales para dominar las rutas de tráfico de droga a Estados Unidos y los mercados locales de consumo.
El gobierno mexicano ofreció una recompensa de 60 millones de pesos (3,8 millones de dólares), el doble de las decretadas para los criminales más buscados, por información que conduzca a la recaptura del “Chapo”.
Fuga de U$S 50 millones
Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, ex jefe de sicarios del fallecido Pablo Escobar, sabe de qué habla cuando decide pasar revista a la fuga hollywoodense del capo mexicano “Chapo” Guzmán. Él mismo se escapó de la cárcel de la Catedral en Colombia.
“Popeye” comparó ambas fugas. Y admitió que en el caso del narco mexicano los sobornos fueron la clave. Y arriesgó: la fuga del “Chapo” Guzmán “costó 50 millones de dólares”. Billetes que fueron a comprar a los guardias del penal del Altiplano y a mucha gente afuera, dice.
Se opone a la versión de que escapó por un túnel: “En las prisiones de alta seguridad no se pueden hacer túneles, porque en el cuarto principal hay sensores que reportan inmediatamente que se está cavando”, explica. “Esa fuga es con dinero. Esa fuga tiene que ver los guardias del penal y mucha gente afuera. Esa fuga, yo le pongo que vale unos 50 millones de dólares”, sentencia.
