Luis Abrego - labrego@losandes.com.ar
Alfredo Cornejo recibió un Estado casi quebrado. Nadie lo discute. Ni siquiera sus más acérrimos rivales, enemigos u opositores. Apenas hubo algunos pataleos legislativos que más que refutar al gobernador, hacen una lectura menos pesimista del calamitoso manejo de las cuentas públicas tras ocho años de rojo sostenido y creciente bajo administración justicialista.
En todo caso, la genialidad de Francisco Pérez tal vez haya sido dotar de tanta legitimidad a su sucesor al posibilitarle un umbral de victimización del que con un poco de orden y otro poco de esfuerzo debería poder superar.
A una semana de su asunción, el nuevo gobierno trazó un panorama de lo que encontró. La cuenta radical diagnosticó un déficit de 11 mil 800 millones de pesos, tras la finalización de una especie de “auditoría interna” tras asumir el control. La deuda flotante se acerca a los 3 mil millones, y la denominada “deuda pinche” (es decir aquella contraída pero no imputada) casi 1.150 millones, además de otras acreencias tanto con el Banco Nación, los municipios, la OSEP y un largo listado de beneficiarios.
En lo inmediato, Cornejo se ha propuesto un plan para salir de la crisis que supone la aprobación de una amplia ley de emergencia (fiscal, administrativa y financiera), diversas acciones de reducción de gastos, pero principalmente una nueva autorización de deuda que será incluida en el Presupuesto 2016 de 4.800 millones de pesos, los que se suman a los 5.800 millones que ya le autorizó la Legislatura, y que supondrá un déficit superior a los 10 mil millones de pesos para el año entrante. Todo ello, por supuesto, bajo constante monitoreo y necesario auxilio de la Nación.
Demasiado “muerto” para una sola gestión.
Está claro que aquello de la “austeridad” y las “metas cortas” parece ser algo más que herramientas del marketing político. Es, en todo caso, el imperativo de un gobierno que deberá conformarse con cumplir -apenas-con sus obligaciones. Y luego, contrastar con la sociedad que le dio su mandato, si alcanzó o no con las expectativas del caso. La herencia recibida no es sólo pesada en los aspectos financieros. Es insoportable en términos de cultura política.
Sin embargo, sería erróneo reducir la impronta de un gobierno austero y ordenado, justo y responsable como el que ha prometido Cornejo, con un gobierno mediocre o gris. El hartazgo de los “vendehumo” no sólo es del gobernador, sino que también debería ser de una comunidad a la que se la devastó con falsas promesas, anuncios grandilocuentes y sobreactuaciones que incluyeron hasta lágrimas en las asunciones.
Ante este panorama, Cornejo tiene como horizonte de aquí a cuatro años unos cuantos desafíos. Algunos de ellos vinculados entre sí. Todos imprescindibles, si dentro de la misma cantidad de años Mendoza no quiere repetir esta experiencia de colapso generalizado que por estos días manifiesta en el orden tanto de las cuentas como de los servicios públicos. Esta es la oportunidad.
En primer lugar, Cornejo debe recuperar la política como herramienta de promoción social y mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos para así poder recuperar el Estado. Durante años, Pérez concibió el poder como un resorte mezquino de autosatisfacción y luego, de cumplimiento de expectativas (generalmente también personales) de quienes lo acompañaron en su tarea de gobierno.
La impúdica y masiva designación de funcionarios en la planta permanente, bajo la excusa de una paritaria o directamente según las atribuciones de simples decretos ahora bajo la lupa de la Suprema Corte, es tal vez el mayor ejemplo del desinterés por lo público.
Esa cadena de deterioros iniciadas con Celso Jaque y profundizadas como sistema de gobierno por Pérez, mostró su desentendimiento de los recursos y de su cuidado, generó prestaciones cada vez más deficitarias en áreas claves como la salud, la educación y la seguridad, dotó de plantas de personal sobrepobladas que terminaron impactando (por la vía del acuerdo con las dirigencias de los gremios estatales) en una paritaria como la de 2015 por encima de las posibilidades de pago de la Provincia. Todo se justificó entonces en razones falaces como las de un Estado protagonista que nunca fue tal.
El atraso del pago a los proveedores como método de financiación de la gestión pública fue una bicicleta exitosa mientras los fondos fluían y la burbuja crecía sin control.
Cuando los tiempos de la economía y la política cambiaron y las restricciones para la toma de deuda aparecieron tanto por imperio de la entonces oposición como del manejo del grifo nacional que controlaba el ex ministro Axel Kicillof, esa maniobra se volvió en contra agravando con interrupciones y amenazas la provisión de los elementos necesarios para el funcionamiento de ese Estado cada vez más pobre, más torpe, más ineficiente.
En ese contexto, las últimas medidas que sobre la macroeconomía nacional ha tomado el gobierno de Mauricio Macri suponen (siempre y cuando se contenga la inflación) un escenario promisorio para la Provincia.
La eliminación de las retenciones a las exportaciones de los productos agrícolas y el levantamiento del cepo al dólar, con su consiguiente adecuación cambiaria, preanuncian un panorama ideal para las economías regionales y el sector exportador (vitivinicultura y agroindustria incluida). Cornejo confía en que ese potencial competitivo se traduzca en más inversiones y trabajo para Mendoza. Es más, lo ansía.
Por el contrario, la imposibilidad de diversificar la matriz productiva según dictaminó recientemente la Suprema Corte al avalar la constitucionalidad de la ley 7.722 e impedir con ello el desarrollo de la minería metalífera como una opción más en el horizonte de generación de recursos como significa en países como Chile, Sudáfrica o Canadá, supone una restricción para la economía local.
Y por ende, otro obstáculo en el engrosamiento de las sedientas arcas públicas, vía regalías e impuestos, a través de mayor actividad pero también en la generación de empleo privado, una de las obsesiones que Cornejo quiere dejar como legado al fin de su gestión.
El nuevo gobierno entiende que Mendoza no puede seguir creciendo a través del sector público (por el contrario, ha prometido aliviar la nómina estatal) y para ello ha convocado al ámbito privado a la inversión y la productividad garantizando reglas del juego parejas. Sectores vinculados a la metalmecánica, la construcción, la logística y los servicios, principalmente, difícilmente podrán dar ese salto en este período tras la reciente decisión de la Corte.
Cornejo pretende (y necesita) también construir una relación distinta con la Nación. Se siente un actor privilegiado en un contexto particular de la historia argentina. Su círculo de confianza asume que los alineamientos bobos no dan frutos, pero además confía en el vínculo político establecido con el presidente Macri, su concepción del sistema federal, la disposición al diálogo y el respaldo político que en recientes momentos claves ambos dirigentes se han manifestado mutuamente.
Esa esperanza, sin embargo, deberá sustentarse antes con hechos concretos. Primero, el todavía no confirmado pago de los aguinaldos esta semana, antes de Navidad, casi como una obsesión para liberar el camino de cara al pago de los haberes de diciembre en la próxima. Las dificultades serán así, todos los días y sin pausa, aunque la primera gran batalla ya haya asomado y recrudecido tras la devaluación que sinceró la fantasía kirchernista del último lustro: las paritarias 2016.
Tal vez sea ahí donde los discursos se pongan a prueba con la realidad. Pero en todo caso, podrá hablarse entonces de éxito o fracaso, no por el porcentaje que finalmente se acuerde, sino por la aprehensión social de la triste experiencia que dejaron estos años en Mendoza.
