El oficialismo logró dar sanción en la Cámara de Diputados a su proyecto de ley para la Subsecretaría de Trabajo. La iniciativa es muy amplia pero tiene como condimento y fuente de conflicto la limitación al derecho de huelga en el sector salud, por vía de la creación de una comisión de garantías que entienda en la determinación de los servicios mínimos.
El tratamiento fue seguido atentamente por la secretaria general de ATE, Raquel Blas, ferviente opositora a la medida, y el titular de la subsecretaría, Ariel Pringles. Blas sigue sosteniendo que la creación de la comisión de garantías "es inconstitucional. El derecho de huelga no puede tener reglamentaciones en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es una facultad nacional porque no pueden haber 24 criterios distintos".
En la edición de ayer, Los Andes explicaba que la idea del PJ era introducir un escollo a los paros del sector salud en la ley que modificará a la actual norma, la 4.974, que regula el funcionamiento de la Subsecretaría de Trabajo.
La forma de incidir en las huelgas de ATE y Ampros es crear una "Comisión de Garantías" que intervenga antes de cada paro que afecte a los servicios esenciales, particularmente al sector salud. Esta comisión es la que tendrá la última palabra en la determinación de cuántos profesionales deberán trabajar y cómo serán las modalidad de los servicios mínimos.
Pero intervendrá siempre y cuando no haya acuerdo entre los gremios y el Gobierno, y estará conformada por organizaciones de trabajadores y empleadores, de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo.
Alrededor de las 11, Blas llegó a la Legislatura para intentar parar el tratamiento de la iniciativa. Después de una hora de discusión, salió prometiendo que la semana que viene ATE se instalará en Peatonal Sarmiento y Patricias para manifestarse contra la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo.
Terminada la reunión, el inicio de la sesión se demoraba, a pesar de que había número suficiente para arrancar. "Es que les falta número para aprobar la ley de los servicios mínimos", confesaba un diputado en Pasos Perdidos. Efectivamente, cuando arrancó la sesión, casi a las 14, el PJ tenía un legislador menos de los necesarios para aprobar.
Con el correr de los minutos, mientras avanzaba el debate, quedó claro que el bloque radical oficialista votaría en contra, así como también Daniel Cassia (Peronismo Federal) y Patricia Gutiérrez (Unidad Popular). En total 20 votos negativos.
Del otro lado, los tres bloques del PJ tenían tres ausencias, así que había 17 escaños para aprobar. A esos 17, había que sumar los cuatro del PD y se llegaba a 21. Y a este número había que sumarle los dos votos del radicalismo iglesista que conforma el bloque Leandro Alem. Así es que 23 votos lograron aprobar la iniciativa del oficialismo.
Otro detalle que quedó claro con el correr de los minutos es que el proyecto venía empujado y había determinación por parte del oficialismo para sacar la sanción de Diputados y enviar el proyecto al Senado para que lo convierta en ley. Estaba tan claro que se sucedían los cuartos intermedios para arreglar algún detalle de redacción.
Este apuro fue apuntado por Gutiérrez, quien dijo que el texto del proyecto le había llegado el martes por la tarde y que no había sido pasado a los organismos y profesionales que habitualmente tienen relación con la subsecretaría, como los abogados laboralistas o los sindicatos.
De hecho, la misma Blas indicaba esto mismo después de salir de la reunión con los legisladores. Otro que también denostó el apuro fue el radical Néstor Parés, quien pedía que se arreglaran "todos los errores del texto de una vez y no pidieran más cuartos intermedios".
El PD, por vía de Aldo Vinci, introdujo algunas modificaciones, como crear tribunales administrativos para el servicio doméstico y la clausura de la doble vía administrativa y judicial de los reclamos. "Si se arregla en la subsecretaría, no se puede reclamar en la Justicia después", decía el diputado demócrata.
Pero, el centro de la cuestión no era todo el resto de la ley. De hecho, Blas decía que buena parte del texto había sido copiado de la ley 4.974. El problema es esa comisión de garantías, copiada del decreto 272 de 2006, firmado por Néstor Kirchner.
