Los presidentes de los principales clubes de AFA y su titular, Luis Segura, manifestaron su apoyo a un proyecto de ley en la Legislatura porteña contra la reventa de entradas y reclamaron una ley nacional que abarque todo el territorio.
La medida, en la que subyace claramente un mensaje político del macrismo, creador de la iniciativa, hacia el kirchnerismo, que tiene la llave en el Congreso para una norma federal, también contempla sanción al dirigente que contribuya a la reventa. Es que para que los tickets lleguen a los revendedores, deben salir primero desde la organización de un juego.
La reventa de entradas no solo siguió de mano en mano antes de los partidos sino en los sitios de Internet. Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, Daniel Angelici, mandamás de Boca, Hugo Moyano, presidente de Independiente, Víctor Blanco, líder de Racing, Alejandro Nadur, presidente de Huracán, y Julio Baldomar, vice de Vélez, estuvieron en el palacio Legislativo comunal para asistir a la presentación del proyecto, cuya iniciativa es de los diputados macristas Cristian Ritondo y Francisco Quintana.
Angelici, como Segura, explicitaron la intención de que haya una ley federal y que Moyano y Blanco solicitarán una ley similar en la provincia de Buenos Aires. “Quiero resaltar que esta iniciativa surge de los clubes. Lo malo que rodea al fútbol, entre otras cosas no está avalada, ni propiciada por los dirigentes. Somos víctimas de esta cosas y ojalá se erradiquen”, dijo Segura. Al ser consultado sobre la responsabilidad dirigencial, contó: “Las entradas no pasan por los principales dirigentes”.
En pocas líneas, el proyecto de ley prevé que “quien revenda una o más entradas para un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, será sancionado con multa de $2.000 a $30.000 y de 2 a 20 días de arresto. Si estas conductas fueran cometidas por cualquier persona responsable de la organización, será sancionado con $10.000 a $50.000 y 3 a 30 días de arresto”.
Por otro lado, se fija que si “la realización de estas conductas produjere alteraciones al orden público, la multa será $ 20.000 a "100.000 y arresto e 6 a 60 días”.
