Desde el principal partido de oposición hay dudas acerca de la emergencia de seguridad que salió a plantear el vicegobernador Carlos Ciurca. La UCR tiene dos planteos concretos: el primero es que quieren que el gobernador Francisco Pérez se involucre en el tema y lo encabece; el segundo es que acompañarán el tratamiento de las leyes que pida el oficialismo pero están convencidos que los problemas de seguridad no son un problema de normativa, sino de gestión del Ministerio de Seguridad.
Para el primer planteo parece no haber una respuesta rápida, al menos de acuerdo a las declaraciones que hizo el propio Gobernador en la mañana de ayer. Para el segundo tampoco, aunque quieren al menos saber qué pretende el propio mandatario del paquete de leyes del que hasta ahora sólo ha habido definiciones del vicegobernador.
Desde el radicalismo se busca el protagonismo del Ejecutivo porque se teme que la discusión legislativa de leyes sea apenas una estrategia para compartir responsabilidades con la oposición. Y es por eso que se busca dejar claro que ciertas responsabilidades son indelegables.
La jornada radical arrancó temprano. A primera hora empezaron a analizar el tema en la Municipalidad de Godoy Cruz. A media mañana una delegación radical se reunió con Ciurca en la oficina de éste en la Legislatura. Estuvieron el presidente del partido Sergio Pinto, los presidentes de los bloques Gerardo del Río (Senado) y Néstor Parés (Diputados), los senadores Milagros Suárez (presidenta de la Bicameral de Seguridad) y Juan Carlos Jaliff, y el diputado Héctor Quevedo. También estuvo el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Tanús y el diputado nacional Luis Petri (UCR).
Dudas varias
En esa reunión los radicales plantearon sus desconfianzas, algunas de ellas ya habían trascendido el mismo domingo, cuando Ciurca anunció la declaración de emergencia en Seguridad. Quizá la más trascendente es por qué el 1 de mayo, en el discurso de apertura del período de sesiones ordinarias, el gobernador Pérez hizo alguna mención menor a este tema y tres días después el vicegobernador sale a instalar la “emergencia”.
Es por esta duda que reclaman que sea el propio Gobernador el que encabece el debate.
Es que la duda genera múltiples especulaciones, una de ellas tiene que ver con la conducción del Ministerio de Seguridad desde el año ‘98, cuando asumió Ciurca como ministro, durante el gobierno de Celso Jaque. Desde entonces esa cartera es conducida por hombres vinculados a Ciurca (tanto Carlos Aranda, como Leonardo Comperatore).
Es el mismo equipo el que viene conduciendo la política de seguridad y ese equipo reconoce como referente político al vicegobernador.
No faltan en el radicalismo los que sostienen que el gobernador Pérez le ha dejado a Ciurca la conducción y también la responsabilidad de poner la cara y solucionar o al menos calmar las aguas en torno a la inseguridad.
Sin embargo, públicamente dicen que acompañarán el tratamiento de las leyes, incluso indican que hay varios aportes de autoría radical y que duermen en las comisiones legislativas. Pero la aprobación de leyes no implica solucionar el problema.
La senadora Suárez lo dice a su modo: “Nombrar policías apenas salgan del Instituto de Seguridad Pública no se arregla con leyes, sino con gestión desde el Ejecutivo”. Lo mismo dice su colega de bancada Jaliff: “Hay cosas que puede hacer el Ejecutivo sin nuevas leyes”.
De hecho se apunta a la idea de desfederalizar las causas de narcocriminalidad y se indica que eso, tiene una cuota de gestión: hay que negociar y firmar convenios con la Nación y recién entonces debería llegar a Legislatura, sostienen desde la oposición.
