La firma del acuerdo con el FMI obliga a acelerar la reducción del déficit del Estado argentino, los tiempos se acortan y la necesidad de actuar con racionalidad y eficiencia es muy necesaria.
Las acciones para reducir el desbalance se pueden dividir entre aquellas de tipo coyuntural, que producen efectos rápidos pero posiblemente no duraderos; y aquellas que atacan las estructuras del gasto y del Estado.
Estas últimas deben estar guiadas por criterios de mediano y largo plazo, basadas en ideas bien definidas de qué Estado (nacional, provincial y municipal) necesitamos para el futuro.
Debemos responder con claridad y conocimientos para poder ir concretando un diseño institucional que sirva, que estimule el desarrollo económico, social y político de nuestro país.
Esas instituciones renovadas deben surgir de un razonable consenso, para que perduren en el tiempo. En ese sentido pensamos que es muy útil recordar, y meditar, sobre la larga y difícil historia de nuestro país durante el siglo XIX, las guerras civiles, la trabajosa sanción de la Constitución de 1853 y los enormes efectos positivos que aportó durante las décadas siguientes.
Mientras tanto, es interesante reflexionar sobre diversas ideas y aportes que se hacen sobre la cuestión, tanto desde una perspectiva coyuntural como de otras que van más al fondo, a la estructura que hay que modificar.
Estas propuestas ponen a la vez sobre la mesa de discusión la magnitud de ciertos aspectos, mejor dicho de ciertas deformaciones de la organización del Estado, que no siempre son visibles a quienes no son especialistas.
Algunos casos son ilustrativos sobre el problema del déficit, que sería de unos 6 puntos porcentuales (6%) del PBI. Si tomamos el dato del PBI de 2016 medido en dólares de ese año, era de unos 550.000 millones de esa moneda.
Esto implica que cada punto de déficit, orientativamente, sería del orden de los 5.500 millones. Pues bien, una estimación del Ieral especifica que si se congelaran los sueldos público mayores de $ 50.000 por un año, el ahorro equivaldría 1,6% del PBI.
Muy interesante es ver cómo contribuye cada nivel del Estado: Nación 0,4%, provincias 1% y municipios 0,2%. Se trata, claro, de una medida de coyuntura, poco simpática pero muy significativa.
Un economista que lleva muchos años batallando sobre este tema aporta datos sorprendentes de situaciones que hay que revisar. Uno de ellos, las pensiones por invalidez pasaron de 81.500 en el año 2003 a 1.063.000 en 2017.
El presupuesto para pagarlas es de 84.000 millones de pesos. Resulta sorprendente la cantidad de inválidos en un país que no ha tenido guerras, o acontecimientos naturales catastróficos.
En un extenso y bien fundado trabajo, la Fundación Libertad y Progreso demuestra que, sin tocar las jubilaciones, se podría bajar el gasto público consolidado 6 puntos de los 15 que subió durante el kirchnerismo.
El estudio citado resulta muy interesante porque recuerda que está vigente la Ley 25.164 de Empleo Público, que permite poner gente en estado de disponibilidad y despidos con indemnizaciones similares a las del sector privado.
Desde luego la propuesta comienza con reducir drásticamente la cantidad de ministerios y demás.
Un asunto importante para reducir el gasto y hacerlo eficiente es la aplicación de un riguroso análisis de la relación costo-beneficio de la obra pública.
Existen probadas metodologías usadas por numerosos países que permiten ranquear las obras en función de los beneficios económicos y sociales que producirán.
Hoy estas metodologías no se aplican, las obras se deciden con criterios de "ganancia política" de corto plazo. Es fácil advertir, a lo largo y ancho de un país quebrado, el dispendio en remodelación de plazas.
He aquí algunas ideas, por cierto todas opinables, y existen muchas más si hay decisión política.
