Cuando el juicio por el caso de Marita Verón llegó a su fin, con su escándalo a cuestas ya que los 13 acusados de trata de personas quedaron en libertad, Sebastián Solé (32) debería haberse preocupado. Porque después de aquel fallo escandaloso, el Congreso de la Nación se apuró en modificar las leyes de trata. Y lo que hasta hacía poco no constituía un delito demasiado grave, se convirtió en un delito muy grave. Eso fue a fines del año pasado.
Dos años antes, Sebastián Solé aparecía por los estudios de fotógrafos profesionales a solicitar presupuestos de fotos de mujeres para confeccionar books que terminarían en su prostíbulo “Pyme Vip” para atraer a los clientes. “Es para prostitución vip”, les decía a los fotógrafos sin ningún problema. Las chicas eran estupendas: “cultas, lindas y simpáticas; y decían que ganaban en una semana lo que un empleado de comercio gana en un mes; muchas de ellas eran estudiantes universitarias y decían que hacían ese trabajo por decisión propia”, contó a este diario uno de los fotógrafos, quien además aseguró que Solé era muy simpático a la hora de negociar.
Los últimos tres años de su vida -antes había regenteado dos lavaderos de ropa-, Solé vivió como un rey y al parecer lo hacía a la sombra del cuerpo de mujeres que se prostituían bajo su amparo. De a poco, gracias a “contactos”, logró que su cabaret “Pyme-Vip” se convirtiera en un secreto a voces en el mundillo masculino vernáculo para acceder a mujeres que, en los más de los casos, lucían cuerpos por encima de la prostituta media. “A la gente que le gusta caviar hay que darle caviar”, solía decir.
Llevaba años así pero se relajó, porque sus redes de protección cedieron a principios de este año, cuando una chica -acaso enamorada de él y también rechazada por él- llegó hasta la Ufase (Unidad Fiscal en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) de la Nación e hizo la denuncia: “Yo me escapé de ese lugar en un descuido de mis captores; pero puede que haya chicas menores que se encuentren en la misma situación que yo”, les contó a la gente de Ufase. La mecha de la bomba se había encendido.
La pesquisa
Desde aquella oficina y con la letra fresca de la nueva ley acerca de la trata de personas, se comunicaron con la Justicia Federal de Mendoza para comenzar con la pesquisa. Por iniciativa del juez federal Walter Bento, se solicitó que las medidas (seguimientos, escuchas telefónicas, filmaciones) se hicieran por medio de Gendarmería y no acudir a la Policía Federal (cuya casa matriz queda a metros del prostíbulo).
¿Por qué? Porque en enero de este año, en un intento de dar con tres sitios similares en calle Eusebio Blanco, los allanamientos fracasaron: “Cuando llegamos a los tres lugares con los federales, no había nadie”, confió una fuente del juzgado.
En otras de las conversaciones, los pinchadores de teléfono oyeron: “...ya estamos cubiertos con la Fed” (sic), por lo que creen que podrían estar haciendo referencia a miembros de la Delegación Mendoza de la Policía Federal.
De ese modo, y lentamente, comenzó la tarea para saber de qué iba el famoso prostíbulo que funcionaba más allá de la prohibición municipal que el intendente Fayad había impuesto incluso antes de la modificación de la ley de trata.
Al lugar fueron agentes encubiertos al menos en dos ocasiones, en las que llevaron cámaras y micrófonos ocultos. “Una de las primeras informaciones fue que no sólo las chicas recibían clientes allí mismo, sino que a veces hacían un delivery sexual e iban a fiestas privadas en casas y en hoteles caros”. Entre chicas permanentes y eventuales, para los investigadores Solé les daba trabajo a más de 50 mujeres, incluso traía a algunas de Córdoba y Buenos Aires, especialistas en el baile del caño. “Pasa que algunas eran para ocasiones especiales (servicio “premium” le llamaban), y eso sucede cada tanto tiempo”.
Los precios, dependiendo del servicio y de las horas contratadas, iban de 400 a 4 mil pesos; las mujeres se quedaban con entre el 15 y el 20% de esos montos.
“Las mujeres que trabajaban en ‘Pyme Vip’ no provenían de sectores vulnerables como suele ocurrir en casos de explotación sexual, todas tenían estudios. En las escuchas telefónicas se grabó una conversación en la que un empresario dijo que iba a llevar al prostíbulo jugadores de rugby que habían ido a jugar un partido a Mendoza; la charla telefónica estaba plagada de chistes”, confió una fuente de la pesquisa.
De un delito a otro
En el camino por el caso de trata de personas, los detectives tropezaron con otro delito igualmente en boga: el lavado de dinero. En una de las escuchas que le hicieron a Solé, salió a la luz que el joven empresario había hablado con una inmobiliaria para comprar “al contado” una propiedad de un millón y medio de pesos.
Este dato fue suficiente para que entrara en acción Procelac (Procuraduría para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos), con el fiscal Carlos Gonela a la cabeza, desde Capital Federal.
Entretanto, la investigación llevada adelante por el fiscal federal local, Fernando Alcaraz, avanzaba en la trata de personas. Otro llamado interceptado a Solé hizo que todo se precipitara de una vez a principios de esta semana. “Fue cuando nos enteramos que era factible que Solé se fuera de viaje, y eso iba a complicar todo”.
De ese modo, y al mando del comandante de Gendarmería Fabián Sánchez, se produjeron allanamientos y detenciones con efecto cascada. Así cayeron Solé, su esposa Nadia Haro, la cajera del prostíbulo Paola Lagos, un inspector municipal (Raúl Cuquejo) acusado de cobrar coimas para mantener en funciones al cabaret vip, un ginecólogo llamado Osvaldo Pastorino, sospechado de ser socio de Solé y de ser quien, se cree, se encargaba de hacerles controles sanitarios a las chicas y practicarles algún aborto si era necesario. La lista la completan un operario del local y un sujeto vinculado con una fuerza de seguridad (las identidades de estos últimos no trascendieron).
En el allanamiento a la casa donde vivía Solé con Haro, una vivienda del barrio Las Candelas II, los gendarmes tuvieron que abrir dos cajas fuertes: ¿qué había allí?: 760 mil pesos argentinos, 64.926 dólares, 1.622 euros, 4 millones 729 mil pesos chilenos y 500 reales; “casi dos millones de pesos, lo que Sole había ofrecido a la inmobiliaria para comprar una casa”, sacaron la cuenta los detectives.
Además, en la casa se secuestraron vehículos de alta gama. Ninguno de los bienes que se encontraron en la vivienda, ni siquiera la misma vivienda, eran propiedad de Solé. Pero los investigadores, y el propio fiscal Carlos Gonela, creen que usa testaferros.
En
). No fue la misma suerte la que corrió la cajera Paola Lagos, ya que ella fue a engrosar la lista de detenidos. “Al igual que a los demás, las escuchas la complican”, indicaron los pesquisas.
Las siete personas en cuestión pasaron el viernes por la mañana por los Tribunales Federales, donde a todos les explicaron su situación particular ya que a cada uno le caben distintas imputaciones de acuerdo con el delito matriz (trata y lavado de dinero) y su distinto grado de participación en ellos.
A diferencia de lo que pasaba en las escuchas telefónicas, ese viernes nadie reía. Es más, Solé estaba muy serio. Y esposado.
