La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que el Gobierno promovió la aplicación de la Ley Antiterrorista para la imprenta Donnelley, que anunció su quiebra y dejó a 400 trabajadores en la calle.
Cristina dijo que será "la primera vez” que se usará la controvertida ley votada por el kirchnerismo el año pasado. Sin embargo, un artículo de esa ley fue aplicado en mayo de este año en una causa contra el editor de un portal de noticias de Santiago del Estero, Juan Pablo Suárez.
La Presidenta lo expresó en su discurso en un acto en la Casa de Gobierno para anunciar un nuevo plan de viviendas, en un intento por reactivar el sector de la construcción, y luego de haber admitido la semana pasada el derrumbe de varios indicadores de la economía.
El Estado nacional denunció penalmente por pedir "una quiebra que no es tal" para "generar un clima de temor por el cierre de fábricas".
“Hemos formulado una denuncia penal ante la Justicia federal por alteración al orden económico y financiero”, explicó,
Agregó que la AFIP realizó una denuncia comercial para que el juez de la quiebra “la revoque y se extraigan testimonios para el delito de defraudación”.
Asimismo, luego de relacionar a la compañía con los holdouts adelantó que “nos vamos a presentar ante la SEC, a la que Donnelley informó hace 48 horas de su quiebra, porque “tendrán que justificar la pérdida de 20 millones de dólares”. Señaló que la imprenta, que cerró las puertas de su filial en la Argentina hace diez días y dejó en la calle a 400 trabajadores, pide “la quiebra un viernes 8 de agosto y el auto de quiebra salió el lunes 11, fue una quiebra express”.
Soluciones habitacionales
La presidenta también anunció una ampliación del plan de viviendas “de 105.000 unidades más en todo el país, con una inversión superior a los 27.000 millones de pesos”.
Según el gobierno provincial, el nuevo plan implicará el acceso a unas 8.000 mejoras habitacionales.
La jefa de Estado sostuvo que “esta extensión contempla la licitación de todos los planes de vivienda entre empresas locales de cada provincia, en más de 1.500 obras”.
También explicó que en esta etapa se espera construir unas 64.000 viviendas nuevas y 41.000 obras de mejoras al tiempo que reconoció que la estrategia oficial apunta a contar con “un efecto federal y multiplicador” con la realización de pequeñas obras domésticas.
La presidenta comentó que las nuevas obras serán realizadas por unas 1.000 pequeñas empresas provinciales, sobre un total de 1.500 obras, que podrán generar “más de 100 mil puestos directos de empleo y otros 160 mil indirectos”.
