Economía
Del bazar al reel: jóvenes comerciantes “reavivan” la calle General Paz, en el Centro mendocino
hace 10 horas
Las luces de una camioneta policial tiñen de rojo y azul una polvorienta calle de La Asunta, en las faldas cordilleranas bolivianas. Es de noche y entró en vigor el toque de queda para los más jóvenes del pueblo, donde ya nadie puede beber ni una gota de alcohol.
"Vayan a casa, hay toque de queda", les dicen desde el vehículo a un par de muchachos, ocultos en la penumbra. Este pequeño distrito cocalero montó en rabia con el caso de la violación de una niña de 11 años el 30 de mayo por parte de un hombre de 18, ebrio, que llegó de una comarca vecina y que hoy está detenido.
El hecho conmocionó a este pueblo cocalero ubicado 130 km al noreste de la ciudad de La Paz, con 2.000 habitantes, de calles polvorientas y maltrechas, donde casi todos se conocen.
La población ya estaba harta por el accionar del narcotráfico y del contrabando de automóviles en la zona. Pero la violación de una niña fue demasiado.
"Mi niña ha sido violada, fuimos a dar parte a la policía (...) A mi hija la encontré sangrando", relata Edmundo Luna, padre de la menor.
"Exigimos justicia, porque la policía nos ha pedido dinero" para seguir investigando, agrega este obrero de la construcción, secundado por vecinos que reclaman la falta de acción policial.
Según los pobladores, el acusado de violación fue paseado por las calles y luego azotado a latigazos por algunos vecinos, como escarmiento.
Y, para evitar hechos similares, prohibieron la circulación de menores de 18 años, desde las 10 de la noche, hasta el amanecer. También está prohibida, las 24 horas, la venta de bebidas alcohólicas, para toda la población.
"Aquí las cosas no eran así. Pero hay mucho consumo de bebidas alcohólicas, robos, atracos. Este hecho mismo de los abusos sexuales. Hemos tenido que tomar esta decisión", dice el dirigente vecinal Juan Carlos Coche.
"Se ha dado la determinación en los juntas de vecinos y nosotros nos hemos sumado", agrega el alcalde Reynaldo Calcina.
La medida era sólo para un mes -que culmina el 3 de julio-, pero se prepara una reglamentación para hacerla permanente. Sobre todo, cuando los pobladores supieron que dos menores habían sido violadas en comarcas vecinas.
Justicia por mano propia
En la Asunta creen que el consumo de alcohol está asociado con la delincuencia y que fomenta las agresiones sexuales.
"Justamente porque se ha visto que la violación en La Asunta fue perpetrada por alguien ebrio, es que se ha tomado la determinación", agrega el alcalde Calcina.
Además de tres policías, en la camioneta policial también van vecinos que de día son labriegos o comerciantes, pero que por la noche cumplen tareas de vigilantes ad honorem, sin ningún instrumento de seguridad más que la buena voluntad.
"Algunas veces, a los jóvenes que encontramos (quebrando el toque de queda) los hemos llevado a la comisaría", explica Juan Carlos Coche, quien es uno de los 'vecinos vigilantes'.
No importa si la temperatura cae a 5°C de noche. Los 'guardianes', entre ellos un ama de casa, mascan hojas de coca -una costumbre tradicional en el país- para mitigar el frío y el cansancio.
Los dueños de bares y cantinas admiten un daño económico. Julio Mamani, dirigente de una asociación de comerciantes, pide una flexibilización. "No estamos de acuerdo que nos culpen por los delitos que se cometen", explica.
Sin embargo, reconoce que la ley seca ha traído sus beneficios, pues el poblado, usualmente con temperaturas calurosas durante el día y donde suena con fuerza la cumbia villera, vive con mayor tranquilidad.
El jefe de la policía de La Asunta, Florencio Quispe, aseguró que, tras la medida, "no ha habido violencia contra las mujeres".
Según la Defensoría del Pueblo, en 2014 se registraron en Bolivia 141 casos de violencia sexual contra menores de 12 años y otros 185 contra adolescentes de entre 13 y 17 años.
Aunque, para la ONG Misión Justicia Internacional, diariamente se denuncian violaciones a 16 niños, una de las cifras más altas del continente, según la entidad.
En Bolivia, la violación se castiga con hasta 20 años de cárcel sin derecho a indulto. Pero en La Asunta ya casi nadie confía en la justicia.
"Si a mi hija le pasara alguna vez (una violación), yo hago justicia propia, con mis manos, lo mato, compro 20 litros de gasolina y lo quemo, así le hago, porque no hay justicia", relata Virginia Chuquimia, una campesina y madre de seis mujeres.
