Cada vez que los gobiernos propician estímulos o apoyos al juego caen en la contradicción de justificar el fomento a una actividad que genera adicciones por el destino altruista o solidario de las recaudaciones. El planteo efectuado por el intendente de la Ciudad de Mendoza solicitando la apertura de una sala de bingo va en igual sentido, aunque en esta oportunidad fue el propio jefe comunal quien señaló que “conceptualmente” cree que no hay que estimular el juego, pero que se trata de recursos muy importantes que la comuna necesita.
A nivel profesional, la medicina considera al tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción y la ludopatía dentro de las adicciones en razón de que provocan síntomas negativos en las personas, como el deterioro progresivo de la calidad de vida, la pérdida de control caracterizado por la práctica compulsiva, la negación a aceptar el problema y la práctica continuada del vicio, que daña no sólo al afectado sino también a su entorno.
Sin embargo, mientras por todos lados se han multiplicado las campañas destinadas a disminuir el consumo de alcohol y tabaco, no sucede lo mismo con el juego. Muy poco se habla de la ludopatía, que genera tanta adicción como los dos restantes y que mueve a engaño al afectado, en razón de que primero juega por “pasar el rato”, luego para “ganar algo” y termina viviendo en función del juego, organizando su vida en torno a él. El trastorno fue reconocido en 1992 por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, aunque ya en 1980 había sido calificado como patológico.
Los problemas generados por la ludopatía llevaron a que años atrás, una senadora provincial presentara un proyecto de ley en el que planteaba instalar leyendas en los casinos y casas de juego similares a las alertas contra el alcoholismo y el tabaquismo, junto a campañas de difusión y concientización; contemplaba también que no se permitiera el ingreso a esas salas a los jugadores compulsivos.
Cabe señalar que la ley 8.040 prohíbe en su artículo primero “la instalación y funcionamiento de nuevas salas de juego y banca en el territorio de la provincia, contempladas en el régimen previsto en la ley 575 y modificatorias, con excepción de los emprendimientos hoteleros que cuenten con decreto de acogimiento vigente, conforme a la mencionada ley y exigencias de su decreto reglamentario 2.335/92.
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley -dice- quedan prohibidas las prórrogas a los decretos de acogimiento que se encuentren vigentes a dicha fecha”. De todos modos, la ley 7.139, que regula el funcionamiento de salas de máquinas tragamonedas y bingos en la provincia, otorga potestad al Instituto de Juegos y Casinos a autorizar a hacerlo a personas jurídicas por vía de licitación pública.
Al referirse a los motivos que llevaron a pedir la apertura de un bingo en la Capital, el jefe comunal señaló que ha solicitado coparticipación en el impuesto Inmobiliario, de patentes del Automotor o de regalías petroleras y no le dan nada, mientras que los capitalinos tienen que pagar con sus tasas “el mantenimiento de una ciudad que utilizan 450 mil mendocinos que no viven acá”. Lo que le faltó decir al intendente es que esos 450 mil mendocinos también aportan con sus compras a los centenares de comercios, restaurantes y bares que existen en la ciudad y que por esa actividad pagan impuestos.
En síntesis, y más allá del debate puntual en Capital, el juego es muy nocivo; por lo tanto, todo lo que se haga para desestimularlo es bueno, y es malo todo lo que se haga en su apoyo, por las razones que sean.
