El presidente Mauricio Macri anunció una elevación del mínimo no imponible para la aplicación de cargas laborales que alcanzará a todas las actividades agrícolas y agroindustriales del interior del país. De esta manera, los salarios de los trabajadores que cobren hasta $17.500 no estarán sujetos al pago de cargas patronales y los que cobren más solo pagarán por la diferencia.
En este anuncio, Macri acelera para el sector un programa que será progresivo hasta 2022 para el resto de las actividades e introduce un ajuste automático por inflación a efectos de que dicho mínimo se mantenga actualizado.
En sí mismo, el anuncio es positivo ya que recoge viejos reclamos de las empresas para aliviar las cargas que operan sobre los salarios y que termina atentando contra la creación de trabajos registrados.
Esta norma permitirá normalizar la situación de trabajadores que están en el rango del mínimo sin costos para las empresas.
Pero el anuncio llega tarde porque, además de este cambio, el gobierno antes introdujo una serie de normas que han complicado mucho más la situación, sobre todo para los exportadores.
Una de ellas fue la reducción de un 66% de los reintegros a las exportaciones, que era una forma simbólica de compensar a los exportadores por los impuestos internos abonados que se integran a los costos de las empresas (impuesto al cheque, tasas de estadística, ingresos brutos y sellos, así como algunas imposiciones municipales como las tasas de seguridad e higiene).
En realidad el reintegro era simbólico porque en los casos de los máximos no alcanzaba a compensar la incidencia total de estos impuestos en los costos de los exportadores, pero de alguna manera era una compensación.
Cuando el gobierno nacional preparó el plan de ajuste fiscal decidió esta rebaja argumentando que con la devaluación habían quedado debidamente compensados.
El problema es que el valor del dólar no siguió evolucionando y la inflación prácticamente absorbió la diferencia cambiaria y el valor real de la moneda norteamericana en nuestro mercado está, en términos reales, en niveles anteriores a la devaluación.
Por esta razón, como parte de la pérdida de competitividad se debe a que nuestro sistema impositivo se basa en gravar el valor agregado, la eliminación de los reintegros forma parte del absurdo de querer exportar impuestos internos, algo que ningún país serio lleva adelante.
Y todo esto para no bajar el componente estructural del gasto público.
Otras de las demandas de las empresas es la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Estas nacieron cuando, luego de la devaluación del 400% en 2002, las exportaciones de granos ganaron competitividad mientras subían los precios internacionales.
Las retenciones tenían por objeto, inicialmente, inducir a una rebaja en el precio en el mercado interno. Si bien no lo consiguieron, las retenciones se mantuvieron ya como un recurso fiscal de la Nación que, por su naturaleza (impuestos de Aduana), son recursos propios que no debe coparticipar con las provincias.
El gobierno no quiere que se le dispare el dólar antes de las elecciones, pero con el actual nivel de atraso cambiario es muy difícil exportar desde las economías regionales y además, con este panorama la Nación no recauda lo que tenía previsto por este impuesto a las exportaciones.
Parece un juego de suma cero donde el perjuicio directo es para las empresas del interior, pero hay un perjuicio para la Nación porque se pierde de recaudar no solo ese impuesto sino todos los demás que corresponden al proceso productivo.
El nudo gordiano está en el gasto público. La Nación no tiene mucho margen para bajar y le tuvo que hacer concesiones a las provincias que, sin ningún sacrificio, han conseguido mayores recursos, que impactan en las transferencias nacionales.
La solución fue, entonces, aumentar impuestos a sector privado.
Que hoy se rebajen cargas previsionales es un pequeño beneficio que no alcanza a compensar el desfasaje que el mismo Estado introdujo, con el agregado de los aumentos de los servicios públicos, que mejora las cuentas nacionales pero agravan mucho más los costos de las empresas.
El tránsito será muy complejo porque el gobierno debe bajar la inflación y tener equilibrio fiscal y pretende hacerlo sin bajar el gasto. Esta es una ecuación que casi nunca dio resultados positivos.
