Alfredo Cornejo sigue depurando la planta del Estado. Ayer, el Gobierno provincial anunció que puso fin a los contratos de 101 celadores porque detectaron una “usurpación de licencia”. Según explicaron, son casos detectados en noviemb re de suplentes que entraron para cumplir con el reemplazo en cuestión, pero que al regreso del titular del cargo, se quedaron cumpliendo otras funciones.
“Hemos detectado casos en donde frente a un solo titular hay dos suplentes”, señaló Jaime Correas, titular de la DGE y encargado ayer de dar a conocer las bajas.
En los cálculos, estos contratos significaron en dos meses $ 1,6 millón, una cifra que cobra más importancia en el contexto de déficit del área educativa. “Hemos tomado esta gestión con una deuda histórica de $ 140 millones, cuando la directora saliente (María Inés Abrile de Vollmer) me dijo que un año antes era de $ 13 millones. Esto quiere decir que en 1 año se multiplicó 10 veces”, denunció Correas.
El anuncio se hace a solo días de la anulación de 82 designaciones y ascensos decididos por Francisco Pérez, con actos administrativos que tenían “vicios” que llevaron a su invalidación.
El miércoles, en esta misma línea, el secretario de Cultura, Diego Gareca, denunció 40 contrataciones irregulares que se dieron en la gestión justicialista y reconoció que no podrá recontratar a los trabajadores que, por su lado, se han manifestado durante este tiempo. Para terminar de ajustar la situación, ayer salió publicado el decreto 65, que prohibió cualquier incremento en la nómina de personal.
En el caso de los celadores con contratación irregular, Correas fue al grano aunque sin muchas pruebas, más que la “obviedad”: “Son todos cargos políticos que vienen del clientelismo y que queremos separar del Estado. Esto fue hecho como un favor político dentro de un proceso eleccionario. Por ejemplificar, encontramos a una persona de 64 años que ingresó en 2015”, señaló el director de Escuelas y dijo que “son contrataciones tan irregulares que para darles de baja sólo alcanza con notificarlas”.
Con el problema expuesto, resta ver si la irregularidad tendrá una consecuente denuncia penal. En este sentido, ayer no adelantaron que se concrete, aunque sí señalaron que los responsables de controlar este tipo de contrataciones fueron el director general de Administración y el director de Recursos Humanos de la DGE, ambos de la gestión anterior. “Estos son los que firman”, aseguró el actual director de Administración de la DGE, Gabriel Sciola.
A su vez, Martín Kerchner, ministro de Hacienda, apuntó a Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas como los responsables de investigar. “Se gasta mucho en educación en los últimos años, lo cual debería ser una buena noticia. El tema es que no le llega al cliente principal que es el alumno, ni mejora el servicio. El Gobernador nos pidió que nos metamos hasta el final en cada uno de los sistemas y encontremos estas cosas”, relató.
La factura pendiente
Mientras se daba a conocer la cantidad de plata que implicaron estos contratos irregulares, en el Gobierno señalaron el rojo con el que se encontraron al momento de asumir: $ 140 millones. Este monto, tuvo algo de detalle en el anuncio de ayer.
“Hablamos de una deuda con YPF por $ 32 millones, por el gas para los chicos de las escuelas. Estamos negociando cómo pagar y seguir para adelante”, señaló Correas y agregó que se debe en transporte y alquileres, aunque no precisó cifra. “En este tipo de gracia nos llevó plata que debería haber sido destinada para los chicos”, reclamó.
Congelan incorporaciones
Consecuente con su discurso de austeridad, Alfredo Cornejo firmó el decreto 64, publicado ayer, en el cual congela el ingreso a la planta del Estado, entre otras medidas. Esta disposición tiene la salvedad de las incorporaciones “necesarias e imprescindibles” que se tengan que dar en áreas claves, como Educación y Seguridad.
“El objetivo es que sea el Gobernador quien, a través de la ley de Presupuesto, tenga que realizar cualquier designación que, en principio, están suspendidas y prohibidas”, explicó Martín Kerchner, ministro de Hacienda.
El ex gobernador Pérez se planteó en sus cuatro años la misma meseta, aunque lejos estuvo de congelarse el ingreso. "Es para terminar con los efectos del incremento de la masa de los empleados estatales, que creció en un 30% en los últimos 6 o 7 años", trazó como nuevo objetivo Kerchner.
A su vez, el decreto establece el inicio con anticipación del trámite jubilatorio y restringe la cantidad de funcionarios que accederá a celulares oficiales.
