Anticorrupción pide que le prohiban salir del país a "Corcho" Rodríguez

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dijo hoy que la Justicia debería citar al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, inhibir sus bienes y prohibir su salida del país, luego de detectarse su vinculación con el pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht.

Alonsoexplicó que el marido de Verónica Lozano había recibido "casi 11 millones de dólares en 263 cheques por parte de uno de los cambistas de Odebrecht", y ese dinero va "hacia otra sociedad propiedad de Rodríguez", precisó Alonso.

Agregó que en la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello "hubo respuesta de Uruguay al exhorto y en esa respuesta aparece información sobre cuentas en el Banco Itaú, de una empresa de nombre Sabrimol, cuyos titulares serían dos uruguayos y que, en el transcurso de los años, aparece una tercera persona, que es uno de los contadores-socios de Rodríguez".

Alonso dijo que la OA pidió, y entiende que el fiscal Federico Delgado lo hará en los próximos días, "la citación a indagatoria, inhibición de bienes y prohibida de salida del país para Rodríguez y para sus socios".

Añadió que también es necesaria "la indagatoria de Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, además de otros ex funcionarios y empresarios que fueron indagados por Casanello", en referencia al equipo del ex ministro de Planificación del gobierno kirchnerista.

Alonso recordó que la OA es querellante "en las tres causas más importantes" sobre las coimas de la constructora brasileña Odebrecht.

"Lo que empieza a verse son distintos movimientos, en las tres causas, que son importantes", y detalló que Rodríguez estaría vinculado con la sociedad Sabrimol, por lo que sería el intermediario para el pago de dinero ilícito a ex funcionarios públicos de Argentina.

El pedido de Alonso se da después de que el juez Casanello solicitó a la justicia uruguaya que avance contra las cuentas de Rodríguez en aquel país, en especial en el Banco Itaú, como también su chacra Rosa Amarilla, cercana a Punta del Este.

La investigación

La investigación comenzó en marzo de 2016 por una denuncia de Graciela Ocaña a raíz de informes surgidos en medio del escándalo brasileño del "Lava Jato", tal como se denominó al pago de multimillonarios sobornos por parte de Odebrecht para adjudicarse obra pública en distintos países.

Según un informe de la Policía de Brasil, dos de las empresas del consorcio vinculadas al ahora preso Jaime y a su también detenido "asesor" Manuel Vázquez habrían sido usadas para el pago de sobornos por parte de Odebrecht mediante la cuenta off shore de la empresa "Klienfeld Service LTd".

"Los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados en autos, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan, a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular" de la licitación, remarcó el juez en la resolución.

El juez advirtió que "se observa que, en lo que respecta a la obra para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras".

La primera consistía en "pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes" y la otra se realizaba "mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore".

Documentos secuestrados en distintos allanamientos e informes de la AFIP pedidos en la investigación permitieron establecer que "tanto las empresas COMSA S.A. como

IECSA S.A., registraron operaciones con la empresa CAESA S.A., al menos durante los años 2005 a 2009, en concepto de 'servicios de consultoría'".

Estos "servicios", para la Justicia inexistentes, fueron compensados con "pagos efectuados por IECSA S.A. a CAESA S.A. a partir del 13 de diciembre de 2005 hasta el 1 de septiembre de 2009 por un monto total de 730.363,16 pesos, suma que trasladada a dólares a una cotización de $3,26 arroja un total de 223.694,68 dólares", calculó el juez.

Ese total fue pagado con cuotas mensuales por parte de IECSA mientras que COMSA SArealizó pagos a CAESA, "en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2007 al 10 de diciembre de 2009, por un total de 263.097,56 pesos, suma que trasladada a dólares a una cotización de $3,44 arroja un total de 76.282,68 dólares".

En base a informes pedidos en la causa, Martínez De Giorgi concluyó que "se puede vislumbrar un vínculo existente entre las irregularidades detectadas en las distintas etapas del proceso, realizado por la Secretaría de Transporte" para el soterramiento "con los pagos efectuados por parte de empresas de la UTE a la firma CAESA S.A. y los pagos indebidos que la firma Odebrecht confesó (en Estados Unidos) haber efectuado a funcionarios argentinos de este país".

Las 49 citaciones abarcan a los ex funcionarios que "formaron parte de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal" u otras reparticiones que intervinieron "de manera sustancial en el irregular proceso licitatorio" y, además, a los "apoderados de las empresas privadas adjudicatarias" y sus responsables.

Según lo confesado en Estados Unidos, la constructora brasileña pagó entre 2007 y 2014 un total de 35 millones de dólares a intermediarios para sobornar a funcionarios públicos argentinos.

"Varios de esos pagos estaban vinculados, al menos, con tres de los proyectos de infraestructura de los que Odebrecht obtuvo ganancias por U$S 278 millones
años 2011 y 2014", remarcó el juez.