La Oficina Anticorrupción (OA) advirtió que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "debió actuar de forma prudente y no consentir la contratación" de la empleada doméstica de su familia, Sandra Heredia, en la delegación San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Así se señaló en una resolución del pasado 25 de abril, difundida hoy, elaborada por la secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del organismo que encabeza Laura Alonso.
Según el texto, la OA resolvió "hacer saber al ministro" Triaca, "que debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación de Sandra Heredia en el SOMU transmitiendo al entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso", dispuestas en el artículo 9 del Código de Ética en la Función Pública, Decreto 41/99.
La resolución también indica que el ministro "en lo sucesivo, deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción".
"El caso ha sido analizado administrativamente a la luz de la Ley y el Código de Ética Pública del Poder Ejecutivo Nacional", explicó hoy Laura Alonso en su cuenta de Twitter y aclaró que la OA "no tiene atribuciones legales para sancionar a funcionarios políticos y, en el caso de empleados, puede solicitar el inicio de un sumario administrativo".
"Este tipo de dictámenes buscan generar estándares de conducta ética alineada a los principios generales y la promoción de una cultura de integridad en el sector público", sostuvo Alonso.
Además de a Triaca, la resolución fue notificada al presidente Mauricio Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y se ordenó su publicación en la página web de la OA.
La polémica surgió en enero de este año cuando se conoció que Heredia, que trabajaba como casera en la quinta bonaerense de Boulogne de la familia Triaca, había sido designada por el ministro en la sede de San Fernando de la intervención del sindicato de marítimos.
El 24 de enero pasado el detenido ex titular del SOMU, Omar "Caballo" Suarez, ratificó una denuncia en la justicia contra Triaca, al acusarlo de montar una "agencia de empleos" en el intervenido gremio.
En la resolución conocida hoy, la OA indicó que "en un contexto donde existía -y existe- el imperativo de elevar el estándar ético en virtud de la cuestionada gestión previa del SOMU, Triaca debió advertir que la designación de Heredia podía resultar cuestionable a la luz de las normas sobre integridad y transmitir al entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso".
"En un momento institucional donde la ética y la transparencia se señalan como valores fundamentales de la gestión de gobierno, las autoridades deben no sólo actuar con rectitud, integridad e independencia de criterio sino proyectar una imagen de cumplimiento de dicho comportamiento, a fin de no debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", sostiene la OA.
La oficina explicó que la investigación se inició el pasado 19 de enero "a raíz del contenido de diferentes notas periodísticas que informaban sobre la designación de Heredia, empleada de la familia del ministro Jorge Triaca como delegada de la seccional San Fernando del intervenido SOMU".