Ante una nueva agresión a una docente

Un nuevo caso de violencia escolar se dio días pasados en una escuela de Las Heras. Han funcionado los mecanismos correspondientes de contención de los chicos, pero es necesario que se aplique el Código de Faltas a quienes cometieron la agresión.

Ante una nueva agresión a una docente

Lo sucedido en la escuela “Coronel Casimiro Recuero”, de Las Heras, vuelve a poner en el tapete un tema que preocupa a la comunidad educativa en general, desde las autoridades educativas provinciales, pasando por directores y docentes, los padres e incluyendo en ello también a los chicos que concurren al establecimiento educacional.

Se han puesto en marcha los mecanismos correctivos suficientes y se ha brindado apoyo psicológico tanto a docentes como a alumnos. Ciertamente no se puede culpar a los chicos por el comportamiento de sus padres o parientes pero sí debe investigarse y aplicar algún tipo de sanción a la agresora.

La preocupación por hechos como éste no es nueva. Muchos atribuyen ese tipo de agresiones a las políticas de la última década, que priorizaron la inclusión de los chicos en los establecimientos educacionales lo que conllevó que el respeto a las autoridades educativas se hiciera más laxo.

Tanto que muchas veces un alumno -o su padre- que había agredido a una docente, volvía a clases antes que la maestra agredida. Inclusive hubo casos en que los docentes, bajo amenaza, firmaban un falso comprobante de asistencia del alumno para que su familia pudiera cobrar los beneficios sociales.

La reiteración de hechos y las denuncias permanentes llevaron a que en la gestión de Francisco Pérez se impulsara un proyecto de modificación al Código de Faltas y los agresores recibieran sanciones. En 2014 Pérez presentó la denominada política de convivencia escolar. La situación persistió y el actual gobernador, Alfredo Cornejo, señaló en su discurso de apertura ante las Cámaras que será prioritario restaurar la cultura del respeto a las autoridades educativas y que se establecerían severos correctivos a quienes agredan a los docentes o directivos de establecimientos educacionales.

El caso de la escuela Recoero es por demás complejo. Una alumna de cuarto grado (9 a 10 años de edad), dijo en su casa que la maestra le había retirado el celular y que no se lo había devuelto.

En lugar de concurrir al establecimiento y pedir explicaciones dentro de los ámbitos de un necesario respeto entre personas de bien, la madre y una tía fueron a la escuela directamente a agredir a la maestra. La tía actuó con violencia, golpeando y arrojando al suelo a la maestra, que sufrió un desvanecimiento, ante la desesperación de los alumnos que presenciaban el hecho, que no fue más grave por la intervención de la directora y de un profesor del establecimiento.

Pero hay otros aspectos a tener en cuenta: la tía agresora tiene una hija en otro grado, mientras una hermana de la niña que denunció es la abanderada de la escuela, alcanzando esa orgullosa determinación por haber cumplido tanto en el estudio como en su buena conducta y en su buen compañerismo.

Resultaría ilógico entonces que se culpara a los niños por la conducta indebida de sus parientes y por ese motivo está bien la implementación del protocolo que establece que ninguna de las dos agresoras puede acercarse al establecimiento educativo mientras los chicos siguen en el colegio. También es importante la contención psicológica de docentes y alumnos.

Pero lo que no se puede dejar de lado es la continuidad de la investigación y la aplicación del Código de Faltas a los efectos de que la agresión en sí merezca el castigo correspondiente.

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