Empresarios de diferentes sectores económicos de Mendoza se encuentran negociando con los gremios para poder cumplir con el pago del bono de $ 5.000 decretado por el Gobierno Nacional. Con el salario de este mes se debería completar el pago del mismo o una primera cuota de $ 2.500, pero la mayoría de los sectores atraviesa en una situación crítica y busca la manera de flexibilizar la obligación.
Realidad compleja
El presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Daniel Ariosto, indicó que aún esperan las definiciones de lo que se está acordando con los gremios, porque cada uno está trabajando el tema "por separado", sin embargo, aclaró que la decisión es pagarlo.
“Lo que se está conversando es la modalidad y la flexibilización. Estamos esperando a conocer los detalles, porque ya los contadores tienen que liquidar los sueldos y depositar antes del día 10 (dependiendo de cada convenio). Todas las áreas han mostrado muy buena voluntad porque estamos respondiendo a una decisión unilateral del Gobierno en un contexto difícil”, señaló el empresario.
Ariosto quiso diferenciar la situación que pueden estar viviendo hoy las grandes superficies comerciales, o el sector financiero, con la de los empresarios Pyme. "Dadas las condiciones, este año no se hubiera dado el bono en forma espontánea, porque lo principal es sostener las fuentes laborales, pagar a término y no hacer sufrir a nadie", agregó.
De acuerdo con el titular de la UCIM tanto el pago del bono como el del aguinaldo podrían tener algunos retrasos, pero insistió en que se cumplirá con las obligaciones.
Por su parte, el empresario Rubén David, de mayoristas Oscar David, aseguró entregarán el bono y que están estudiando la posibilidad de otorgarlo en un solo pago.
Por otro lado, señaló que todos los años se hace un "reconocimiento" que es sugerido por el CEC, ya sea en dinero en efectivo o con una caja de mercadería por el mismo valor.
“Vamos a hacer el esfuerzo de pagarlo lo más rápido posible, más alguna caja de alimentos. Todavía no hemos recibido ninguna exigencia del gremio, pero estamos trabajando en el pago del bono”, aseguró.
Desde el sector vitivinícola, Mauro Sosa, del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, comentó que en la tarde de este martes estaban trabajando para establecer las condiciones en las que se hará el pago, en conjunto con los representantes de los trabajadores.
Por su parte, Pedro Bizzoto, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la provincia de Mendoza (Asinmet), explicó que en el sector industrial hay empresas que no están en condiciones de pagar el bono, aunque tendrán que hacerlo de todos modos.
“Es un decreto y hay que cumplirlo. Por ende tendremos que hacer el esfuerzo y los que no puedan tendrán que buscar una alternativa con sus empleados", señaló.
“Todo representa una erogación para la empresa y entendemos que también los sueldos se han visto licuados por la devaluación, pero el problema (la caída de la actividad económica) nos ha afectado a todos”, cerró.
Por el sector de la construcción habló Gerardo Fernández, titular de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, quien consideró que se trata de un pago que "no es viable de ninguna manera". A eso agregó que "las empresas están en situaciones financieras comprometidas, la incertidumbre de las tasas no permite tomar crédito y la obra privada está paralizada".
“Si se toma en cuenta los 14 mil empleos registrados en la construcción por los $ 5 mil, da un valor de $ 70 millones. Al ser no remunerativo, es una transferencia sin retorno del sector privado al sector asalariado”, evaluó el empresario.
Finalmente el mismo decreto excluye del beneficio a los trabajadores del sector público, a los del agro (regulado por la Ley N° 26.727) y al personal de casas particulares, regulado por la Ley N° 26.844. De esta forma, y aunque no se deja de lado la posibilidad de que los gremios pidan otro tipo de compensación, o que unilateralmente los empleadores lo otorguen, no será obligatorio el pago en estos casos.
Ahora algunos gremios piden una compensación extra
Más allá del bono que llegará por decreto nacional, algunos gremios entienden que los empresarios podrían considerar un bono extra o una gratificación de fin de año, como lo han hecho en años anteriores. Sirve de ejemplo el reclamo del sector comercial, que pide un pago extra de $ 4.700 a las grandes superficies comerciales. En tanto, los transportistas lograron acuerdos que mejoran las condiciones en las que se dará el bono.
"Por el bono adicional que ha fijado el Gobierno no tenemos nada que negociar. El empleador deberá pagarlo porque es obligatorio, pero hay otro bono que se les está pidiendo por $ 4.700", señaló Guillermo Pereyra, del Centro de Empleados de Comercio (CEC).
Pereyra comentó que aquellas empresas que no puedan pagarlo tendrán que iniciar el trámite en la Subsecretaría de Trabajo para que se las contemple como empresa en crisis. "¿Qué es estar en crisis?, si tomamos la ley común deberían presentar balances de tres años para demostrar que están en rojo o ¿van a decir que están en crisis porque hace seis meses que no venden", consideró el titular del CEC.
“El decreto tiene muchos grises. Deberá ser la Federación de comercio la que discuta las particularidades, no el gremio”, agregó.
El caso de los camioneros es bastante particular. Ricardo Letard, del gremio del transporte de cargas, consideró que la suma que obliga el Gobierno es inferior a la que pidieron en 2017. "Vamos a empezar a dialogar este mes, porque consideramos que este bono es una falta de respeto. Hay una inflación del 50%, y el año pasado el bono osciló entre $ 6.000 y $ 12.000", comentó.
En tanto, Rodolfo Calcagni, secretario general del sindicato del Personal de Micros y Ómnibus, desconoce si les corresponde cobrar el bono, porque en octubre tuvieron una recomposición salarial que elevó el salario al 39%, dejando el sueldo inicial en $ 37.000.
