La llegada de la pandemia del Covid-19 pone en jaque al sistema de transporte, en lo inmediato y en sus perspectivas de futuro. El impacto abarca a todos los segmentos, pero es más severo en el transporte de pasajeros, ya que el distanciamiento social y el cierre de fronteras implica minimizar o anular los servicios para reducir los riesgos de contagio y la difusión de la pandemia. En el ámbito urbano y en el corto plazo, el aislamiento y el distanciamiento social apuntan a limitar la movilidad de las personas, reduciéndola a quienes desempeñan actividades esenciales. El aislamiento afecta a todas las formas de desplazamiento, individuales y colectivas, en tanto que el distanciamiento afecta a los segundos, básicamente al transporte público. Esta situación conlleva un desafío operativo y otro financiero.
El desafío operativo se presenta porque al aplicar protocolos sanitarios la capacidad de los vehículos se reduce a aproximadamente un tercio, y cuando se van relajando las restricciones de viajar al autorizar actividades no esenciales, la capacidad ofrecida por el transporte público resulta insuficiente. Para mitigar esa brecha se puede escalonar horarios o concentrar la oferta de servicios en los tramos de mayor carga. Este problema se termina al levantarse los protocolos sanitarios.
El desafío financiero resulta del profundo desequilibrio que enfrentan los operadores (públicos o privados) ante la caída de sus ingresos, que es más severo para quienes reciben menos subsidios. Sin apoyo estatal las entidades operadoras difícilmente puedan sobrevivir la crisis; en todo el mundo se ha buscado darles soporte, a la espera de que pase la pandemia y se atenúen sus efectos. Ello obedece a que metros, trenes urbanos y servicios de autotransporte son elementos estratégicos en la vida de las ciudades, vitales para una movilidad urbana sostenible.
En el largo plazo, la pandemia seguramente va a dejar huellas importantes en la movilidad urbana. Nos espera un escenario diferente, aún muy incierto, pero del que podemos ir anticipando algunas tendencias:
• Una reducción importante en la demanda de viajes, debida a la crisis económica y a la digitalización acelerada que trajo la pandemia (como el teletrabajo y la educación a distancia) y probablemente viajes más cortos.
• Una mayor inclinación al automóvil particular, al transporte no motorizado (caminando, bicicletas, e-bikes) y a las motos; el incremento de los sistemas de transporte de empresas para su personal, y un mayor uso de los servicios a la demanda basados en plataformas, tanto por la demanda de los usuarios como por una mayor oferta, en un contexto de alto desempleo.
• Un temor en la población al uso del transporte público, aun cuando se relajen las normas sanitarias, ya que es visto como fuente de contagio (aunque la evidencia científica aún no es clara). La caída en su demanda puede ser muy pronunciada, dificultando severamente su financiamiento.
• Cambios en las ciudades: desplazamiento residencial hacia zonas menos densas (aprovechando las ventajas de la digitalización) y una reducción de las oficinas en las áreas centrales (y consecuentemente de los empleos en servicios en dichas áreas) reduciendo los viajes radiales.
Estas tendencias ponen en jaque al transporte público, que es crucial en las ciudades grandes y medianas: aun cuando haya muchos cambios, seguirá siendo imprescindible para atender las necesidades de los sectores de menores recursos, que no cuentan con movilidad propia, deben hacer viajes largos y no tienen la opción del teletrabajo. La alternativa de la moto puede atraer a muchos jóvenes. Cabe destacar que las probabilidades de tener un accidente fatal en moto son unas 20 veces más altas que en un auto. Un posible incremento simultáneo de viajes en auto, en moto y no-motorizados va a obligar a reorganizar el uso de la calzada (más ciclovías y espacios peatonales), a riesgo de incrementar fuertemente la congestión vehicular (lo que puede afectar al autotransporte de pasajeros si no cuenta con carriles exclusivos).
Durante varias décadas, muchas ciudades avanzaron hacia un modelo de movilidad centrado en el automóvil particular que hoy se ha tornado insostenible e indeseable. Desde comienzos de este siglo se ha consolidado un consenso creciente respecto a la necesidad de un cambio de paradigma en el transporte urbano, buscando que sea limpio, seguro y compatible con ciudades vivibles. Algunas de las tendencias que pueden resultar de la pandemia van en el sentido del paradigma emergente, como la digitalización y el transporte no motorizado. Pero otras van en sentido contrario: el incentivo al automóvil particular y la demonización del transporte público.
Si bien es prematuro hacer propuestas para la pospandemia, pueden anticiparse algunos lineamientos. A nivel nacional, la elaboración de una política federal de transporte urbano en la que el gobierno brinde un apoyo financiero y técnico a las ciudades, que se encuentre sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos, como la eficiencia operacional del transporte público y la organización de una movilidad urbana limpia, segura e inclusiva (no limitándose al pago de subsidios). En las ciudades, será necesario asegurar la continuidad del transporte público procurando un nuevo equilibrio financiero, reestructurando sus servicios de acuerdo con las necesidades de los usuarios y los lineamientos del transporte sostenible. Y también reorganizar la circulación y el uso de la calzada, permitiendo el desarrollo del transporte activo y garantizando su seguridad, y adoptar los modelos de transporte a demanda mediante servicios basados en plataformas digitales.
Estos retos ponen de relieve la necesidad de contar con las capacidades institucionales necesarias en todos los niveles (y de coordinación metropolitana donde corresponda), para formular e implementar políticas públicas con la profesionalidad que demandan. El transporte interurbano de pasajeros y el de cargas también precisarán de programas de acción específicos. La salida de la crisis constituye una oportunidad para promover un nuevo paradigma, avanzando hacia un transporte limpio, seguro e inclusivo, que responda a los desafíos del cambio climático dando prioridad a los modos de transporte bajos en carbono, e impulse la adopción inteligente de nuevas tecnologías y fuentes energéticas.
Fuente. El artículo fue originalmente publicado en el libro “Pospandemia: 53 políticas para el mundo que viene”, del CEPE de la Univ Torcuato Di Tella. Disponible gratis en utdt.edu/cepe
