El juez federal Claudio Bonadío citó a declaración indagatoria a Aníbal Fernández, jefe de Gabinete nacional y candidato a gobernador bonaerense oficialista, y al ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, en una causa abierta por presuntas irregularidades en la licitación del “Plan Qunita” para mujeres beneficiarias de la asignación por embarazo.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado también citó a declarar como sospechosos al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y al ex titular de esa cartera y electo gobernador de Tucumán, Juan Manzur.
Las indagatorias se completan con funcionarios de segunda línea del Ministerio de Salud y empresarios beneficiados con la licitación, cuyas declaraciones comenzarán la semana próxima y se extenderán hasta mediados de noviembre.
Fernández será uno de los últimos en declarar, justamente a mediados del mes entrante, o sea después de las elecciones nacionales del 25 de octubre, en las cuales competirá por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en nombre del oficialista Frente para la Victoria (FpV).
Estas citaciones a funcionarios y empresarios como acusados reavivan la pelea entre el Gobierno y Bonadío, quien investigó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero en la causa “Hotesur” hasta que fue apartado del expediente por supuestas irregularidades en su tramitación.
La Presidenta presentó a mediados de julio en Tecnópolis el “Plan Qunita”, que consiste en la entrega un kit maternal a mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE).
Ese kit consta de una cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, cremas y otros elementos para los recién nacidos.
En total fueron cerca de 150 mil kits que costaron 1.100 millones de pesos. La legisladora porteña Graciela Ocaña presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en el proceso de licitación y la investigación quedó a cargo de Bonadío y el fiscal Eduardo Taiano.
Ocaña denunció que la empresa que obtuvo la mayor adjudicación de los kits fue Fasano SRL, que, según indicó, se dedica a los negocios inmobiliarios y en 2014 habría tenido una facturación de seis mil pesos. La denuncia de la legisladora también incluyó el presunto pago de sobreprecios.
Las licitaciones comenzaron cuando Manzur era ministro de Salud, terminaron en la actual gestión de Gollán y la conclusión de los trámites lleva la firma de Aníbal Fernández.
Junto con los funcionarios nacionales también fueron citados a indagatoria los empresarios de Fasano SRL y de Dromotech, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SR, Fibromad y Delta Obras y Proyectos, las restantes compañías que ganaron la licitación, según indicaron las fuentes judiciales.
En el inicio de la causa Bonadío realizó un procedimiento judicial en el Ministerio de Salud para retirar documentación sobre el “Plan Qunita” y el jueves efectuó otro en el Senado bonaerense para saber si hizo contrataciones con la empresa Dromotech.
Bonadío está en la mira del Gobierno desde que realizó investigaciones sobre el oficialismo, especialmente en el caso "Hotesur", donde se busca determinar si hubo lavado de dinero a través de los hoteles de la familia presidencial.
Ocaña: "Una verdadera vergüenza y un escándalo"
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), que denunció el caso, consideró “escandaloso” el Plan Qunita por el cual funcionarios del Gobierno nacional fueron citados por la Justicia en una causa abierta por presuntas irregularidades en la licitación del programa destinado a mujeres beneficiarias de la asignación por embarazo.
“Hice la denuncia pertinente a partir de la investigación de la página de internet Eliminando Variables. Nosotros agregamos material y es realmente escandaloso. Se le otorgó la compra de 140 mil kits a empresas sin antecedentes y que habían facturado el año anterior 15 mil pesos. Fue una licitación armada a valores que realmente son escandalosos”, afirmó Ocaña.
Ocaña señaló que hizo “un estudio de mercado, y si cualquier mamá va a comprar ese material de mucha mejor calidad, le sale un tercio de lo que le costó al Estado, que compró 140 mil, es decir que podrían haber comprado tres veces más lo que adquirieron. Podríamos haber cubierto, con ese monto de 1.100 millones de pesos que se dedicaron a esta licitación, a la mitad de todos los chicos que nacen en la Argentina”.
“Pero lo peor es la calidad del producto. Hay un informe del propio INTI que dice que la cuna cuando el bebé supera los siete kilos, como tiene unos abrojos abajo, se abre y el bebé cae. Ésta es la calidad de producto que está entregando el Gobierno nacional”, añadió.
Ocaña enfatizó que “es una cuna de pésima calidad, ni siquiera tiene patas. Una verdadera vergüenza y un verdadero escándalo en una licitación armada”, tras lo cual destacó “la excelente investigación que ha hecho el juez Bonadío, rápida, porque para llamar a indagatoria debe tener todos los elementos que muestran estas irregularidades”.
Según la legisladora porteña, “son cuatro empresas que se presentaron, de las cuáles una que era la única que tenía algún tipo de antecedentes en la fabricación de estos elementos fue descartada, y a las otras tres se le compraron”.
