El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, "ha concentrado la función administrativa y la gestión del Poder Judicial".
En las declaraciones que formuló antes de ingresar a Casa Rosada, el funcionario agregó que "si se analizan los gestos" y las "actitudes" de Lorenzetti “se puede desprender que él es así".
El funcionario le dio continuidad así a las declaraciones que hizo ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra las autoridades de la Corte Suprema de Justicia al reclamarle que "en vez de dar tantos discursos contra el narcotráfico", dote de mayores recursos a los juzgados. Esto luego de que el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti alertara que el contrabando de drogas es "un flagelo preocupante".
La presidenta hizo estas referencias al presentar en el partido bonaerense de San Martín "dos hornos pirolítico móviles", destinados a la destrucción de droga incautada, la jefa de Estado sostuvo que se trata de una "contribución para crear políticas de Estado en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico".
La declaración de la Presidenta se produjo luego de que Lorenzetti advirtiera que "la gente tiene razón al pensar que la inseguridad se ha agravado" y alertó que "el narcotráfico también es un flagelo preocupante, junto con la impunidad".
La pulseada entre el Gobierno y el Poder Judicial tuvo ayer un nuevo capítulo, cuando la jefa de Estado precisó que el juzgado federal de Orán sólo cuenta con 22 empleados, en una de las zonas más críticas del tráfico de drogas.
"En lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes son los máximos responsables del Poder Judicial, deberían dotar de mayor cantidad de empleados, recursos y elementos para que puedan hacerlo eficazmente", dijo la Presidenta en clara referencia a los dichos de Lorenzetti.
Lo cierto es que el titular de la Corte abrió la polémica cuando en una entrevista al diario La Voz del Interior de Córdoba señaló que "cuando se habla de Justicia, siempre se apunta a la cuestión penal y a la inseguridad" y explicó que "ese problema se debe afrontar con políticas de Estado continuas de todos los poderes nacionales y provinciales".
Pese a que Lorenzetti reconoció que "el Poder Judicial debe hacer una autocrítica y tener otra actitud: ser más receptivo de las demandas sociales", de poco sirvió para atemperar la embestida de la Presidenta, que insistió que su Gobierno "no habla tanto en los discursos".
Fue en el marco del acto en San Martín donde la mandataria también anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para reemplazar al Registro Nacional de Armas (Renar), al que tildó de "viejo y obsoleto", por una Agencia Nacional de Materiales Controlados.
En este sentido sostuvo que su objetivo es que "el desarme" se "convierta en una política pública de Estado" y resaltó que en su administración "se han destruido más armas que en ningún otro gobierno, vamos a llegar a las 300 mil armas destruidas".
Durante el acto, la Presidenta también inauguró por videoconferencia un laboratorio forense en Santiago del Estero y anunció que se instalarán próximamente en las provincias que aún faltan.
Fue en ese tramo de su discurso que Cristina Fernández expresó un reproche cuando mencionó que esos recursos del Gobierno "deberían integrar inversiones del Poder Judicial".
"Pero las hacemos nosotros para contribuir con la Justicia" y por eso "hemos inaugurado estos laboratorios muy modernos" en distintas provincias, aseveró, ya que "antes no había nada, absolutamente nada. Esto también es una contribución al tema de la lucha por la seguridad y el narcotráfico", subrayó.
Lorenzetti indicó que la función de los jueces "no" es gobernar, sino poner "límites al gobierno de turno" y "al poder empresario".
Al ser consultado sobre el proceso de "democratización de la Justicia", que propone el Ejecutivo, el titular de la Corte admitió que es una "idea" que "nunca fue bien aclarada".
En cuanto a las presiones que ejerce el Gobierno sobre el máximo tribunal, aclaró que "hay presiones de todos lados", pero indicó que "eso no nos puede afectar como jueces". "Si la Presidenta dice algo, que lo diga. Lo que no nos puede pasar, es que esas opiniones nos afecten. Si un juez se siente presionado, se debe retirar del cargo", remató el juez.