La semana entrante, a 27 días de los comicios generales, el gobierno de la Provincia enfrentará un nuevo frente de reclamos gremiales con dos focos principales: el primero en el sector de la Salud, donde la asamblea interhospitalaria de ayer de ATE Salud y Ampros aprobó un plan de lucha que "se extenderá y será a largo plazo".
Aunque la opción contundente del paro con la que se inició este plan de lucha hace veinte días ahora pareció quedar relegada frente a otras medidas más efectistas como las "asambleas con movilización, cortes de ruta y escraches".
El segundo foco se ubicará en la Administración Central (que incluye nueve convenios de reparticiones descentralizadas), donde las dirigencias de SITEA y ATE Central buscan coordinar medidas de fuerza y "movilizaciones conjuntas" que se definirán en las próximas horas. Ambos sindicatos intentarán profundizar las asambleas y protestas que se han venido registrando en los últimos días, especialmente en Rentas, hoy Administración Tributaria Mendoza (ATM).
Y no dejarán de evaluar confluencias, aunque más no sea temporales, con los reclamos de la Salud. La medida más impactante adoptada ayer por la interhospitalaria fue la de "la instalación de carpas en todos los hospitales de la provincia", lo que -en caso de concretarse- significará la presencia de veintitrés carpas de protesta a lo largo de los dieciocho departamentos. Tal es la extensión de la red hospitalaria de la provincia.
ATE y Ampros aprobaron también que "desde la semana entrante se comiencen a realizar ?escraches' sorpresas al Gobernador y todos los ministros del Ejecutivo en sus casas y en los actos públicos en los que se presenten".
Los gremios de la Salud reclaman el pago del 82% móvil de jubilación, la equiparación de asignaciones familiares entre la Provincia y la Nación, el pago de un décimo cuarto sueldo en compensación por los descuentos por Ganancias y la aceleración del ritmo de nombramiento de contratados, temas considerados de cumplimiento ´imposible' por el Gobierno. En tanto, en la Administración Central, los reclamos giran en torno a una multiplicidad de reconocimientos de implicancia salarial directa.
Al parecer, los reclamos de la semana entrante se ceñirán a la Salud y la Administración, ya que en Tribunales sólo está prevista una adhesión y un acompañamiento formal. El sindicato de Judiciales tiene prevista para el jueves 3 una jornada en todo el país, tendiente a impulsar la firma de un convenio colectivo nacional que establezca los pisos comunes para los judiciales de todas las provincias.
En tanto, el SUTE -que viene reclamando la equiparación de asignaciones familiares- ofrecerá este mediodía una conferencia de prensa, con la presencia del secretario general de la CTA oficialista, Hugo Yasky. Y la asistencia de dirigentes de gremios afines como Apel (legislativos), Casinos, Sipes (disidentes en la Salud) y Cidunco (disidentes de Fadiunc).
Por su parte, en el sector municipal está previsto que en noviembre se aplique la última suba salarial acordada en las paritarias de marzo, lo que elevará el básico mínimo a 2.000 pesos.
La dirigencia se encuentra dividida, tras las impugnaciones y el quiebre de la Federación de Municipales en dos sectores: el que comanda Raúl Zúñiga (y responde a la CGT Caló) y el que encabeza Fabián Barahona (en el sector de la CGT Moyano). A ello se agrega la aparición de ATE Municipales, con fuerza sobre todo en Malargüe. En este sector la asignación por hijo es de 190 pesos, contra 220 de la Provincia y 460 de la Nación.
