El buen diálogo entre el Gobierno de Alfredo Cornejo y Ampros -reflejado en los acuerdos paritarios- ya no es el mismo. Es que el gremio de los profesionales de la Salud emplazó al Ejecutivo a que pague a sus trabajadores, montos correspondientes a 2016, del adicional "Productividad", que el año pasado suspendió, por la Emergencia en Salud.
El emplazamiento, ingresado el 21 de marzo pasado, se basa en una medida cautelar de la Suprema Corte de Justicia, emitida ante el reproche por la suspensión del ítem.
La idea de Ampros es que el Ejecutivo efectivice esos pagos, tras corroborarse el final de la crítica situación que vivió el sector el año pasado.
El adicional "productividad" figura en la Ley 7.759 (Convenio Colectivo de Trabajo - sector Salud). Abarca un porcentaje que reciben todos los trabajadores (profesionales y no profesionales) en base a lo que el efector (centro de salud u hospital) recauda por sus prestaciones.
Ese monto es del 40% en centros de salud y hospitales regionales y del 20% en hospitales de alta complejidad.
En diciembre de 2015, Cornejo dictó la Emergencia en Salud (Ley 8.834), por las malas condiciones del servicio (deudas a proveedores, falta de material, etc.).
En ese marco, en enero de 2016 firmó el decreto 101, que dispuso suspender el adicional por productividad "en todos los efectores", por 180 días. La razón fue "la crítica situación" y "la necesidad de garantizar el cumplimiento de las prestaciones de salud". Un segundo decreto en julio (900/16), amplió 180 días más la medida.
En febrero de ese año, Ampros llevó a la Suprema Corte el reclamo por la suspensión. En diciembre, el tribunal hizo lugar al pedido, con una medida cautelar. En ella obligó al Gobierno a "recaudar, calcular y liquidar" los montos que debían corresponder porcentualmente a los trabajadores por el ítem, aunque no ordenó el pago.
"El pago de la productividad no es obligatorio. Es una facultad del Gobierno decidir si se paga o no". Rodolfo Montero, jefe de Gabinete de Salud.
Finalizada la Emergencia, el 24 de enero de 2017, la ministra de Salud, Claudia Najul (a dos días de haber remplazado a Rubén Giacchi), firmó la Resolución 45, que ordenaba la restauración parcial del pago del adicional, aunque sólo en un 20% para Centros de Salud (10% para profesionales y 10% para no profesionales); y 10% para hospitales de alta complejidad (5% en cada caso).
Esto generó un reclamo adicional de Ampros a la Corte, que ahora pide que lo que han empezado a cobrar en 2017 “se equipare con lo que corresponde por ley”, dijo el abogado del gremio, Carlos Alico.
Insiste con el pago de lo de 2016, en base a que “los decretos hablan de ‘suspensión’ y no de cese de pago”, añadió Alico, que informó que “1.700 profesionales esperan estos pagos”.
El problema alcanza además a 11.800 no profesionales, que también han reclamado, pero por otras vías. "Fuimos a juzgados del fuero laboral", dijo Roberto Macho, de ATE, que dijo que "la semana que viene" habrá novedades.
En el Gobierno se mostraron en contra del reclamo. “El pago de la productividad no es obligatorio. Es una facultad del Gobierno decidir si se paga o no”, indicó el jefe de Gabinete de Salud, Rodolfo Montero.
El funcionario dijo además que la suspensión de 2016 se debió a que “no estaba garantizada” la prestación adecuada del servicio. “No había ni gasas en los hospitales”, recordó. Señaló que a medida que la cuestión se normalice “la idea es volver a pagar ese adicional”. En eso basó la leve mejoría de este año. De todos modos indicó que “si la Justicia ordena pagar (la deuda 2016), el Gobierno tendrá que hacerlo”.
