Una grave denuncia hizo la titular de Ampros, Isabel Del Pópolo, quien dijo que se han detectado sobrevalores en el cobro de las matrículas profesionales que se gestionan en el Ministerio de Salud.
Específicamente, la dirigente sindical denunció ante Radio Mitre Mendoza, que de los $ 300 que se deben cobrar, según lo acordado por ese gremio y el Gobierno, se estarían pidiendo $ 500.
Desde la Subsecretaría de Planificación y Control del Ministerio dijeron no tener datos que indiquen ese sobrevalor, aunque sí admitieron irregularidades en los comprobantes de pago, que implicaron la "separación inmediata" de cuatro personas, entre las que se cuenta quien estaba a cargo de la jefatura del Departamento de Matriculaciones y Certificaciones, al tiempo que se ordenó investigar las operaciones de esa dependencia.
Del Pópolo señaló que se enteró "casualmente" de la irregularidad, ya que ella acudió el viernes pasado a Matriculaciones porque "se había detectado un comprobante con un sello que no pertenecía a esa dependencia", según explicó a Los Andes. "Allí nos enteramos de que cobraban $ 500 la matrícula, cuando en realidad su valor es de $ 300", continuó.
Efectivamente, en 2010, Ampros acordó con el entonces ministro de Salud, Carlos Behler, ese valor para la matrícula profesional y $ 180 para los no profesionales (como los enfermeros). De acuerdo con la información oficial, los valores siguen siendo lo mismo. Eso fue lo que el subsecretario de Planificación y Control, Alejandro Aznar, le comunicó a Del Pópolo cuando ella fue a su oficina a plantearle la irregularidad.
De hecho, Aznar confirmó que organismos de control interno comprobaron "una irregularidad en un comprobante de pago", por lo que "se inició una investigación y se separó de sus tareas a cuatro personas". En realidad se los cambió de oficina y se les asignaron otras funciones "hasta tanto haya resultados de la investigación", aclaró el funcionario.
Además, siguió Aznar, "se cambió la cerradura de la oficina y se hizo ?backup' de todas las computadoras", con el fin de encontrar algún tipo de irregularidad adicional. El funcionario aclaró que la Dirección de Auditoría Interna define un programa anual de control y que fue en el marco de la ejecución de ese plan que se verificó el comprobante "trucho".
"Lo que se observó es un comprobante que no era el que emite el Ministerio", dijo Aznar, al tiempo que aseguró que "no se pudo apreciar irregularidades en los ingresos a Tesorería", por lo que si hubo algún sobreprecio cobrado, "podría haber algún empleado que se haya quedado con la diferencia".
Del Pópolo en tanto puso en duda los mecanismos de control. "Esto sucede porque no ha habido auditorías permanentes", las cuales deberían ser "regulares y periódicas", dijo la gremialista, calificando de "muy grave" al hecho por tratarse -desde su punto de vista- de "fraude al Estado y enriquecimiento ilícito de oficiales del Gobierno". Y lamentó que las personas que ya han pagado de más "no hayan hecho la denuncia".
La situación de los implicados
Aznar explicó que a través de una resolución firmada por el ministro Carlos Díaz Russo, "se inició el sumario correspondiente" a los cuatro involucrados en el hecho, entre los que está el jefe del Departamento, de quien dijo no recordar el nombre.
Según el subsecretario, "si es necesario se recurrirá a la Justicia Penal", y consideró que de acuerdo con el avance de las pericias, "sobre el próximo fin de semana" se tendrán noticias sobre la responsabilidad de los operadores implicados.
