La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ya no podrá armar concursos para fiscales, ni trasladarlos de jurisdicción ni asignarles y quitarles competencias en causas; su mandato ya no será vitalicio sino que durará cinco años y la mayoría de sus decisiones deberán pasar por el filtro de un Consejo General de fiscales y una poderosa comisión bicameral que ya preside la diputada antikirchnerista Graciela Camaño.
Esto surge del dictamen de la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) que se emitió ayer en un plenario de comisiones de la Cámara baja y que lleva las firmas de Cambiemos, el massismo, el Bloque Justicialista y los Progresistas.
Solamente el bloque del Frente para la Victoria-PJ y el trotskismo plantearon su rechazo. Pero con las adhesiones, la iniciativa ya tiene asegurada su aprobación en la sesión prevista para el miércoles de la semana que viene, tras lo cual será girada a la Cámara alta.
Voceros parlamentarios indicaron que "ya hubo conversaciones" avanzadas con el líder del bloque PJ-Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, que conduce a 38 de los 72 senadores, para que la norma sea convalidada sin modificaciones y así pueda ser promulgada lo más pronto posible por el presidente Mauricio Macri.
El objetivo del Gobierno nacional es claro: quieren sacar del cargo a la referente de la agrupación kirchnerista de magistrados Justicia Legítima y eso podría concretarse por dos vías: la remoción por juicio político, mecanismo que figura ablandado en esta reforma, o esperar al vencimiento de su mandato, que en el macrismo entienden que será el 29 de agosto de 2017, cuando se cumplirán cinco años desde que Gils Carbó asumió en remplazo de Esteban Righi.
Pese al avance de esta ley en el Congreso, un vocero de la procuradora general de la Nación dijo a Los Andes que la procuradora “está muy tranquila” porque tiene la convicción de que el Gobierno “va a perder en la Justicia”, porque a criterio de Gils Carbó y sus colaboradores el proyecto de ley es “abiertamente inconstitucional”.
Además, señaló que la aplicación del vencimiento del mandato con retroactividad también es ilegal y tiene “antecedentes, como el de Carlos Fayt”, quien logró continuar como juez de la Corte Suprema de Justicia hasta los 97 años, porque había asumido antes de 1994, cuando se estableció en la reforma constitucional la obligación de jubilarse a los 75 años.
“Estamos seguros de que van a perder. Si no es en la Corte de la Nación, será en la Corte Interamericana”, dijo el portavoz de Gils Carbó. Señaló que la norma en debate viola el artículo 120 de la Constitución Nacional, que establece que “el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera” y que “sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”.
Entre las causales de mal desempeño para impulsar el juicio político al procurador general aparece como novedad, en la ley la de "actividades partidarias", lo que encaja en la principal acusación de Macri contra Gils Carbó: que la procuradora milita abiertamente en el kirchnerismo y que obstaculizó la investigación por presunto lavado de dinero a Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner.
El texto además establece cinco cláusulas transitorias, que son clave para anular por completo la estructura que montó la procuradora: una de ellas establece que todos los fiscales reubicados en jurisdicciones o a quienes se les hayan asignado otras tareas volverán “en 48 horas” al puesto para el que fueron nombrados por el Senado.
Al respecto, el vocero de Gils Carbó sostuvo que de aprobarse la ley “hay 35 fiscales que dejarán la fiscalía en que están ahora y van a ir a otro lado”.
“El fiscal del accidente de Once es Fernando Arrigo, de Rosario. Por pedido de los propios familiares de las víctimas, él será el fiscal del próximo juicio. Pero con esta ley se tendrá que volver a Rosario. ¿Quién será? ¿Qué pasará con esa causa?”, planteó y vaticinó que no sólo Gils Carbó hará su planteo judicial en contra de la norma, sino que ésta “se va a litigar en todos lados, con centenares de causas por parte de defensores, fiscales y organizaciones que apoyan políticas de Estado”.
