A un año de que Sebastián Solé, dueño del prostíbulo Pyme Vip, fuera condenado a 10 años al ser encontrado responsable de explotación económica por ejercicio de la prostitución, suma ahora una ampliación a su procesamiento, al igual que integrantes de su círculo íntimo.
Es por la causa que investiga el lavado de las ganancias obtenidas en la prostitución, impulsado por Walter Bento, titular del Juzgado Federal 1.
Al fundamentar la ampliación de los procesamientos, Bento consideró que, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a los fondos provenientes de la explotación prostibularia, Solé hizo operaciones inmobiliarias y compró vehículos, colocando los bienes a nombre de su círculo cercano, para así ocultar su crecimiento patrimonial.
Se destacó el aporte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que demostró "que los protagonistas de los negocios no revestían el perfil económico ni financiero para esas operaciones, pues no habrían podido justificar el origen de los fondos.
Hay inconsistencias entre la capacidad adquisitiva y los incrementos patrimoniales detectados", según informó el portal fiscales.gob.ar.
Gran negocio
Tal como lo reconoció el imputado, la explotación de la prostitución de las mujeres en "Pyme Vip" entre abril de 2009 y mayo de 2013, cuando se produjeron los allanamientos, resultó un negocio millonario que le hizo llevar una vida de lujos (vivía en uno de los barrios privados más caros de Mendoza) y hacer negocios inmobiliarios sin una actividad formal que respalde dicho patrimonio.
El juez señaló que eso fue corroborado con el informe de la Procelac, el cual concluyó que, como consecuencia de la actividad desarrollada, "Solé cuadruplicó sus ingresos en 32 meses, estimando un ingreso neto mensual (libre de gastos) de $ 380 mil".
Entre las pruebas hay intervenciones telefónicas donde Solé expresa de manera directa la utilización de testaferros para realizar operaciones inmobiliarias.
Uno de los diálogos más elocuentes ocurrió el 16 de abril de 2013, cuando Solé le dijo a su interlocutora -una martillera pública- el origen de los fondos con los que habría adquirido algunas de sus propiedades.
"El tema es que esto no tiene un papel, esto va a nombre de una testaferro mía, te hablo con confianza, sabés de dónde vengo… esto va a nombre de una testaferro que era mi secretaria".
La mujer es Marcela Tonolli, sobre quien también se amplió el procesamiento por lavado, ya que habría aceptado poner bienes a su nombre y al de sus padres, todo a cambio de dinero. En su indagatoria, Tonolli manifestó que no tenía registro de conducir y que usaba transporte público.
Igual, era dueña de dos vehículos de alta gama. También había participado en la compra y administración de dos edificios y en la construcción de otro inmueble que habría demandado una inversión de 1,3 millón de pesos.
La acusación también se apoya en un contrato de comodato por el que Tonolli le cedía "en préstamo gratuito" 5 departamentos de calle O'Higgins al 1901 de Godoy Cruz.
