El Departamento General de Irrigación (DGI) mostró ayer en el terreno cómo será la obra para ampliar el aliviadero del embalse El Carrizal y, de esa forma, asegurar el riego por 30 años más, según el esquema oficial. La iniciativa se llama Plan de Recuperación de la vida útil del dique.
Estaba previsto que la obra costara $ 19 millones pero, en la licitación, las firmas interesadas en el proyecto fijaron valores de $ 15 millones. El monto saldrá de fondos de Irrigación y del reembolso que deberán pagar los regantes.
El Gobierno planea comenzar los trabajos a mediados de mayo, con un plazo de ejecución de 3 meses. Sin embargo, hay oposición a la obra en algunos sectores, especialmente en los clubes de pesca y náuticos de la margen este, la del lado de Rivadavia.
El miércoles 22, a las 10, se realizará la audiencia pública prevista por ley en la Inspección Rama Montecaseros, con base en el carril Costa Canal Montecaseros (San Martín). La reunión tiene carácter no vinculante, es decir que las posiciones que se fijen no serán suficientes para suspender este emprendimiento.
El director de Ingeniería del DGI, Sergio Fileni, dijo que la obra está aprobada por el Consejo de Obras Públicas de la provincia. Los proyectistas sostienen que la estabilidad del talud y otras partes de El Carrizal no se comprometerán con el aumento de la cota que se provocará.
Afirmaron contar con el respaldo profesional del Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico (Imeris), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.
En cuanto a los clubes, se indicó que no se tocará el cuerpo de la presa (el componente que permite retener el agua), y que sólo se intervendrá sobre el aliviadero.
“La línea de seguridad que tiene el dique -prosiguió Fileni- no se modificará”. Aseguró que las posibles consecuencias sobre los clubes que han invadido esa demarcación son lógicas, ya que “avanzaron sobre lugares que no les correspondía”.
De todos modos, los funcionarios del DGI afirmaron que las crecidas sobre instalaciones de las entidades (quinchos, churrasqueras, etc.) se producirán uno o dos meses en el año, en coincidencia con la época en que se corta el riego (cuando no hay demanda) y entonces se acumula el caudal. El resto de la temporada el agua se utiliza y no alcanzará el nivel de inundación.
"Tenemos miedo"
En el lugar del mástil y las placas del dique, donde se realizó la presentación de la obra, asistió una familia que tiene su propiedad en la margen oeste (Luján de Cuyo). Se trata del puestero Julio Ceferino Vila (38), criador de caballos, y su esposa María Martínez.
“Tenemos miedo de que el agua nos alcance y tengamos que irnos; hace 70 años que mi familia está en ese lugar”, afirmó Julio, quien fue escuchado por los funcionarios del DGI.
La presa, habilitada en 1971 (Francisco Gabrielli era interventor de la provincia), ha entrado en sus últimos años de vida útil (se calculan 45 años) debido a una gran acumulación de sedimentos, lo que afecta de manera directa la distribución de riego a 20 mil productores y 99 mil hectáreas plantadas.
La obra proyectada permitirá, explicaron los técnicos, mejorar las condiciones de riego y prolongar el servicio del espejo de agua 30 años más. La extracción de sedimentos (dragado) está descartada: a valores actuales significaría un desembolso de $ 1.200 millones.
Entonces, el plan consiste en un recrecimiento o elevación del aliviadero en 1,50 m. Básicamente, se construirá una estructura de hormigón de 253,70 metros, que se insertará en el aliviadero actual con un determinado perfil hidráulico y que incrementará el nivel de vertido en 1,50 m. El aliviadero es la estructura que permite el pase del agua en los escurrimientos y crecidas, y se ubica junto al paredón de la presa.
Con esta “ampliación”, calculan que se recuperarán 52 hm3 de capacidad, lo cual representa 54% del volumen perdido.
Para la obra se tuvo en cuenta un estudio realizado en 2008 por el Instituto Nacional del Agua (INA). “Nuestro trabajo -indicó Jorge Maza, director del Centro Regional Andino del INA- proveyó los datos de la crecida de proyecto para verificar la capacidad del nuevo vertedero y las referencias de una crecida de recurrencia de 100 años para analizar el riesgo de las instalaciones del perilago. La parte hidrológica e hidráulica funcionan bien con el trabajo planeado, pero el tema estructural no fue analizado en nuestra presentación”.
Por otra parte, Fileni comentó que el embalse no presenta ningún tipo de problemas desde lo estructural y aseguró que tampoco lo afectará el emprendimiento proyectado, apoyándose en lo expresado por el Imeris.
Es precisamente este punto en el que tienen dudas otros profesionales, como por ejemplo el ingeniero Jorge Sosa, vicepresidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados.
Especialistas en hidráulica ya jubilados señalaron que “descartamos que se habrá verificado que el nuevo nivel de agua no excederá la cota del núcleo del cuerpo del embalse”.
Por su parte, el subdelegado de Aguas del Río Tunuyán Inferior, Franco Settepani, explicó cómo impactará la obra en la provisión de líquido a las fincas, aguas abajo de la presa. “Estamos erogando unos 700 hm3 y con la próxima obra vamos a tener 50 hm3 más, que significa disponer de un turno más dentro del año agrícola”.
Cabe destacar que una segunda etapa del emprendimiento (que no tiene fecha aún) será la retención de materiales sólidos hacia aguas arriba de la presa.
La postura de los clubes: "Deben indemnizarnos"
Salvi Baduí, presidenta del club Martín Pescador de El Carrizal, habló en representación de los clubes ubicados en la margen que está del lado de Rivadavia.
“No nos oponemos a alargar la vida útil del dique; tenemos intereses comunes con los regantes pero Irrigación comenzó con este proyecto y nunca nos consultó, nos ignoró, colocando datos de los daños que nos ocasionarían que son totalmente incorrectos por no decir mentirosos, motivo por el cual la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) les da positiva”.
Baduí agregó que “los clubes tenemos una concesión del Estado en la que está expresado que en caso de hacernos daño, se nos debe indemnizar. En este punto hay muchos clubes en los que los daños pueden ser de gran magnitud, por lo tanto no es cierto lo que manifiesta Irrigación de que no le hacen daño a nadie.
Todas estas instalaciones, realizadas por muchas generaciones de emprendedores y supervisadas por la Dirección de Recursos Renovables, se verán arruinadas por una obra descabellada, como es subir la cota del dique en 1,50 m, suficiente para inundar todos los lugares de servicios que hemos construido”.
También en la Comisión de Obras de la Cámara de Diputados hay dudas con la obra. Una de ellas es la que esgrime uno de sus integrantes, Jorge Sosa (UCR), quien es ingeniero. Afirma el legislador que “no hay estudios de suelo actualizados a la fecha” y que “en 1983 se produjeron filtraciones al producirse una creciente importante”.
Sosa presentó un proyecto de resolución, que todavía no tiene estado parlamentario, para que se suspenda la adjudicación de la licitación hasta que Irrigación justifique la decisión de llevar adelante el recrecimiento del vertedero.
“Debe garantizarse la seguridad de la presa, según reglamentos y códigos de construcción sismo-resistentes en vigencia. Si el dique tuviera problemas, los perjuicios económicos y sociales para la Zona Este, a la que represento, serían muy importantes”, aseguró el diputado.
En cambio, Rubén Guarise, un veterano inspector de cauces de 77 años, sostuvo que “la obra es sí o sí, porque en menos de un lustro nos íbamos a quedar sin riego y abandonar las tierras”.
Un colonizador de El Carrizal como Raúl Schweizer, con más de medio siglo en la región, propuso replantear la poligonal de la cota 7,90 (cuando el agua empieza a pasar por el vertedero): “Si insisten con elevar a 1,50 m, aparentemente no habrá tanta incidencia en la margen Este pero sí en la ribera Oeste, ya que el caudal dañará las construcciones allí ubicadas”.
