La Federación de Jubilados Mendocinos (Fejumen) presentó ante la Justicia Federal, a cargo del doctor Walter Bento, una acción de amparo planteando la inconstitucionalidad de la reforma previsional (Ley 27.426 y del decreto 1058/2017).
La presentación fue promovida por el presidente de la entidad, Edgardo Civit Evans y patrocinada por los doctores Carlos Blanco y Gustavo Caleau.
Tiende a que mediante una sentencia, se amparen "los vulnerados derechos de 300.000 jubilados mendocinos" afectados por los citados textos emitidos por el Gobierno nacional.
Se acredita que "la ley 27.426 viola los artículos 14º bis, 16º, 17º, 28º, 31º y 75º de la Constitución Nacional: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 17º de la Convención Inter Americana sobre Protección de las Personas Mayores (ley 27.360); el artículo 26º del Pacto de San José de Costa Rica; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y numerosas leyes y tratados internacionales, incorporados a la Carta Magna con rango constitucional y otras normas nacionales".
En el escrito se solicita al magistrado el dictado de una medida cautelar que ordene suspender a los 300.000 jubilados mendocinos actuales y futuros, la aplicación de las fórmulas que obran en el anexo de la ley 27.426, y se requiere que en marzo no se apliquen las modificaciones introducidas a la ley 26.714.
Denuncia, por otra parte, que “el Estado demandado ha actuado de manera ilegal, contrariando principios reconocidos constitucional y universalmente, como los de no regresividad y progresividad de la ley, provocando con su accionar ilegítimo una lesión en derechos alimentarios y de salud de los adultos mayores, adquiridos conforme las previsiones de la ley 24.241 y sus modificatorias”.
