Unos 34 mil hogares mendocinos que consumen más de 2.051 m3 anuales de gas deberán a empezar a pagar, en 2013, un cargo tarifario que se aplica en las boletas de Ecogas destinado a financiar la importación de gas, lo que elevaría el costo del servicio entre el 200% y el 300%. Dicho cargo, que no es otra cosa que un impuesto encubierto según la oposición, fue establecido en 2008 a través del decreto 2.067 de la presidenta Cristina Fernández, pero en Mendoza no se llegó a cobrar porque la Justicia Federal aceptó una serie de amparos de asociaciones de usuarios. Esta situación se dio también en otras siete provincias: Salta, Jujuy, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.
Como se espera que, en breve, la Corte Suprema de Justicia nacional se expida sobre el fondo del asunto, es decir si es constitucional la creación de un gravamen a través de un decreto -ya que es competencia del Congreso dictaminar en materia tributaria- el Gobierno nacional decidió incluir en el Presupuesto 2013, que el miércoles tendrá media sanción de la Cámara de Diputados, dos artículos para dar marco legal al cargo tributario que permite juntar recursos para importar el gas.
Valga aquí una aclaración: son casos judiciales correspondientes a otras provincias los que están en manos de la Corte. En Mendoza, es el Juzgado Federal N° 2 el que tiene que definir si es constitucional el decreto 2.067/08, pero la oposición y las asociaciones de consumidores coinciden en un punto: si se aprueba el Presupuesto 2013, el tema de la inconstitucionalidad devendrá abstracto y el Gobierno podrá solicitar a los tribunales que cesen las medidas cautelares que frenan el cobro del cargo.
En el artículo 53 de la denominada ley de leyes, que está a punto de sancionar el Congreso, se modifica la ley 26.096, que proviene de 2006 y fue la que creó cargos tarifarios para hacer obras de infraestructura energética; se incluye en la misma “las importaciones de gas natural y de todo otro insumo necesario para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país y sus industrias”.
Por otro lado, en el artículo 54, se fija que “el cargo y el Fondo Fiduciario creados por el Decreto 2.067 de fecha 27 de noviembre de 2008 se regirán por lo previsto en la ley N° 26.095”, y se faculta al Gobierno a dictar “todas las normas complementarias, aclaratorias y modificatorias que sean necesarias para hacer efectivo lo dispuesto por la Ley 26.095”.
Con esta medida, la Casa Rosada legaliza el decreto que en Mendoza no se aplicó por el accionar de la Justicia, por lo que se deduce que quienes reciben en sus casas la boleta del gas con la leyenda “alcanzado por medida judicial” y que por lo tanto no están tributando el cargo para financiar la importación de gas licuado, deberán empezar a hacerlo en 2013.
Es importante recalcar que este “impuesto encubierto” llega a los hogares con consumos superiores a los 2.051 m3 al año, una parte de los sectores de la clase media o clase media alta. Cuando en 2009 estos hogares recibieron las primeras boletas con el cargo tarifario para la importación de gas, éstas conllevaban aumentos superiores al 200%, en todos los casos.
En la actualidad, no obstante, las boletas con consumos desde 1.101 m3 por año (R3 1°) en
adelante llegan a los hogares con la mencionada leyenda, según detalla el decreto, aunque el porcentaje por ese impuesto disminuye en proporción al consumo. Por este motivo, aunque en su momento el amparo alcanzó a los que más gastaban (ver aparte) es probable que los que consumen menos también vean subir sus facturas si los jueces siguen el razonamiento expresado.
Más caras
Pero la aplicación del cargo tarifario a partir de ahora podría aumentar casi un 300% el valor del servicio. Esto se desprende de la factura de Ecogas que contiene los consumos atinentes al último invierno. Por ejemplo, una familia de clase media que pagó 326 pesos debería abonar, si se ejecuta el cargo tributario, 914 pesos, según lo marca la propia factura, que detalla el monto no cobrado por la existencia del amparo judicial.
Los cinco legisladores nacionales del radicalismo sacaron este fin de semana un comunicado alertando que sus pares del kirchnerismo votarán el Presupuesto que traerá aparejado el aumento en las boletas del gas y así perjudicarán a los usuarios mendocinos que hoy no son alcanzados por el polémico cargo.
“Es una barbaridad pensar que un Presupuesto vaya a modificar una situación judicial. Es un planteo ridículo del radicalismo decir que si votamos el Presupuesto se va a caer el amparo colectivo”, respondió el justicialista Guillermo Carmona quien además defendió la política nacional de quita de subsidios a las clases acomodadas y creación de cargos tarifarios para costear obras energéticas imprescindibles para el desarrollo del país. “El Presupuesto no discrimina a Mendoza” aportó.
En tanto, el abogado Mario Vadillo, de la ONG Protectora, la misma que presentó el amparo colectivo que benefició a los usuarios mendocinos, explicó a Los Andes que el Presupuesto habilitará al Gobierno a que exija en los tribunales que se caigan aquellos amparos que fueron concedidos por los jueces que entendieron que había motivos para declarar que el decreto era inconstitucional. “Nosotros consideramos que el cargo tarifario que se aplicó no sólo es inconstitucional sino que, además, es desproporcionado y muy injusto porque Mendoza tiene en invierno temperaturas bajo cero por lo que los hogares usan más el gas”, sostuvo.
Pero el eje de la presentación judicial de Protectora es que el cargo tarifario creado en el decreto 2.067/08 es “desproporcionado” ya que elevó el valor del servicio dos o tres veces. “Hay que distinguir el concepto de cargo tarifario del de servicio porque el segundo sí es proporcional al consumo; el otro implica un impuesto y debe conservar una relación con la capacidad de pago del usuario si no está mal formulado. ¿Cómo una persona va a poder pagar tres veces más por el gas que consume su familia?”, se preguntó Vadillo.
Para los legisladores radicales el problema no será sólo que Ecogas podrá cobrar desde 2013 el cargo tarifario sino que, además, el Gobierno podrá ordenar que se cobre lo que los mendocinos no pagaron desde 2009 por estar alcanzados por el amparo colectivo.
“Los artículos 53° y 54° del Presupuesto intentan resolver por esa vía el desastre generado por el decreto 2.067/08 pero con un agravante: pretende legalizar una situación que ha sido cuestionada por su constitucionalidad y que aún está en debate en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, al avanzar sobre el principio de irretroactividad de las leyes (principio establecido en el art. 3° del Código Civil) el Estado podrá reclamar el pago de los importes que fueron suspendidos por los amparos”, dice el documento de la UCR.
Para Vadillo, esto último no pasará porque “el Gobierno está reconociendo en el Presupuesto que lo que estableció por la vía del decreto es inconstitucional, de manera que no podrá pedir a los usuarios que paguen el cargo desde 2009”. Otras interpretaciones indican que será la Justicia la que terminará definiendo qué pasará con las facturas de 2009 a 2012 que conllevaban el polémico cargo.
