Legisladores aliados al kirchnerismo presentaron ayer un recurso de amparo para tratar de frenar el DNU que firmó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para proteger y garantizar la libertad de prensa en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de los rumores que circularon en torno a una eventual intervención del Gobierno al Grupo Clarín.
Mientras tanto, el macrismo convocó a debatir el decreto en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura el lunes, con el objetivo de poder aprobarlo en la sesión del 30 de mayo, para lo cual asegura contar ya con el apoyo de la mayoría de los bloques.
La presentación K fue realizada por la legisladora porteña Gabriela Cerruti, junto a sus compañeros de bloque de Nuevo Encuentro Delia Bisutti y Edgardo Forn. El escrito afirma que el decreto "ha sido dictado en franca violación a la Constitución". Cerruti, que responde al titular del Afsca Martín Sabbatella, tildó de "caprichosa" la iniciativa de Macri.
Desde la primera línea del kirchnerismo se escucharon además otras voces de condena al decreto del jefe porteño para proteger la libertad de prensa en la Ciudad. El vicepresidente Amado Boudou, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, utilizaron idéntica frase: dijeron que "es un mamaracho jurídico" y pidieron que se declare ""inconstitucional".
Para el constitucionalista ligado al Gobierno, Eduardo Barcesat, el decreto porteño "viola potestades federales". Y Sabbatella abarcó en sus críticas al gobernador cordobés: "Macri y De la Sota (que también presentará un proyecto similar) arman sus agendas de acuerdo a lo que necesitan Clarín y el establishment económico".
En tanto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) respaldó el decreto que dictó el jefe de Gobierno porteño. El documento es un cambio en la tradición de Adepa, que "siempre ha sostenido que la mejor ley de prensa es la que no existe".
Ante los proyectos del Gobierno para intervenir Papel Prensa y el Grupo Clarín, la entidad que representa a más de 170 medios de prensa sostuvo que es necesario una normativa específica: "En ese contexto, destacamos los propósitos y finalidades de la libertad de expresión y de prensa contenidos" en el decreto de Macri,.
El documento destacó los artículos 16 y 18 del decreto, que "protegen a los medios frente a expropiaciones y prohíben la designación de veedores o interventores". Y consigna que "esta restricción alude claramente" a la eventual intervención del Gobierno al Grupo Clarín, amparada en una "modificación realizada a fines de 2012 a la ley que regula el mercado de capitales", que permite al Gobierno "la designación de veedores y la intervención de compañías que cotizan en Bolsa".
