La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) advirtió en un informe que Venezuela "parece estar atrapada y sin salida" en una realidad de violencia sólo superada en el mundo por Siria y con más 8.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos años.
El Estado venezolano tiene "responsabilidad en la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de miles de víctimas. No sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia", afirmó AI en su documento "Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela", presentado a la prensa en Buenos Aires.
En el informe, la organización internacional resaltó como resultado "contundente" de políticas públicas "represivas" que entre 2015 y junio de 2017 fueron cometidas "más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales" en Venezuela.
En ese sentido, mencionó que el Estado venezolano utilizó en los últimos años "la fuerza de forma intencionalmente letal en contra de la población más vulnerable y excluida socialmente".
La gran mayoría de las víctimas de la violencia institucional son hombres jóvenes de entre 15 y 44 años de edad, padres de niñas y niños pequeños, pobladores de zonas con altos índices de pobreza y asesinados con armas de fuego durante operativos de seguridad.
"El número de homicidios en Venezuela es superior a los que tienen países en guerra. Existe en una política de gatillo fácil", afirmó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una rueda de prensa.
Amnistía destacó que, según el testimonio de familiares recibidos en ocasión del informe, "las víctimas se encontraban arrodilladas o acostadas" al momento de ser baleadas, generalmente en el pecho, el cuello o la cabeza.
La organización humanitaria sostuvo que en ese contexto de violencia "la población en Venezuela parece estar atrapada y sin salida"
Esta situación, entre otras "violaciones a los derechos humanos", indicó AI, provocó el desplazamiento de más de 1.600.000 de venezolanos desde 2015, mayoritariamente a países de Sudamérica.
"La violencia una de las causas por las que los venezolanos han dejado forzosamente el país en los últimos años", afirmó Mariana Fontoura Marques, directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional.
AI detalló que el estado de violencia pone a Venezuela en un "alarmante" segundo lugar a nivel mundial, después de Siria, que desde hace siete años vive un conflicto bélico.
En Venezuela, la tasa de homicidios se encuentra desde 2002 en crecimiento y en 2017 llegó a 89 por cada 100.000 habitantes, un número superior a países latinoamericanos como El Salvador, México y Brasil, al que triplica en sus estadísticas.
AI recomendó a Maduro poner en vigencia "con urgencia" un programa nacional para reducir los homicidios y regular el uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, "en pleno respeto de las normas y estándares del derecho internacional”.
Argentina tiene lista denuncia
Los ministros de relaciones exteriores de Argentina, Perú, Chile, Colombia y Paraguay ya tienen lista una carta en la que denunciarán al presidente venezolano Nicolás Maduro ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional por violación de los Derechos Humanos de manera sistemática y específicamente por crímenes de lesa humanidad.
El canciller peruano Néstor Popolizio confirmó que tomarán esta medida durante un intermedio de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participará Mauricio Macri y que comienza el lunes.
Los países que copatrocinan esta denuncia adjuntarán dos informes. Paralelamente, la OEA hizo un informe en el que trabajó el argentina Santiago Cantón, hoy secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
