La última carta. Ratificado el Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa AMIA tras el triunfo kirchnerista por 131 a 113, ayer por la madrugada en Diputados, las autoridades de la comunidad judía preparan una presentación ante la Justicia federal para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la ley. Mientras se debatía el proyecto, el miércoles, unos dos mil integrantes de esa colectividad marcharon al Congreso en repudio al acuerdo.
Aunque los abogados de la AMIA y la DAIA prefirieron no revelar la estrategia judicial, quienes siguen el caso advierten que la presentación se haría ante el fuero contencioso administrativo, mediante un recurso de amparo. Desde la oposición, que rechazó en pleno el proyecto oficial, no descartan enviar una carta a la Presidenta para frenar la aplicación del acuerdo.
"Es nuestra decisión inclaudicable seguir buscando justicia y en función de ello hemos instruido a nuestros asesores jurídicos para que inicien todas las acciones legales que correspondan con el fin de detener la aplicación del tratado", advirtieron ayer en un comunicado conjunto los presidentes de la AMIA, Guillermo Borge, y su par de la DAIA, Julio Schlosser. Borger fue el primero en advertir que irían a la Justicia (habló de llegar hasta la Corte) y luego se sumó la DAIA, entidad que con la que comparte la querella por el atentado y que nuclea a las principales entidades judías del país.
Categoría de tratado
Por tratarse de un acuerdo bilateral, el memorándum adquiere la categoría de tratado y por lo tanto está por encima de las leyes, pero no de la Carta Magna, fue el argumento que esgrimió el abogado de AMIA y DAIA, Miguel Bronfman, consultado por este diario.
Dijo que "el acuerdo viola varios artículos constitucionales, como el 109, que prohíbe al Estado intervenir en una causa judicial en curso, y el 18, que garantiza el debido proceso y la intervención del juez natural, prohibiendo ser juzgados por comisiones especiales". Agregó que "es imperiosa la intervención de la Auditoría General de la Nación, del defensor del Pueblo y del Ministerio Público en defensa de la legalidad institucional".
Más "triste que enojado", según dijo, por el resultado del debate en el Parlamento, Borger rechazó la estrategia utilizada por los diputados oficialistas para conseguir el quórum y consideró la presencia de los ministros renunciantes Carlos Eliceche (Chubut) y Beatriz Mirkin (Tucumán), como un acto que aunque legal, "carece de ética" (ver aparte).
Para el titular de la mutual judía, el tratado "negocia la verdad y garantiza la impunidad". Por eso insistió en que irá junto a la DAIA a la Justicia para impedir la aplicación del acuerdo. "Haremos un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema y tribunales internacionales si es necesario", advirtió Borger. Schlosser, en tanto, aclaró que ninguno de los diputados ni dirigentes de la oposición acompañará las presentaciones judiciales que hagan AMIA y DAIA.
Sin embargo, el jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, adelantó que enviará una carta a Cristina para que no ratifique el acuerdo hasta tanto no concluya el juicio oral por encubrimiento de la investigación, aún sin fecha de inicio.
