Recientemente, el gobierno nacional, a través de un comunicado firmado por el canciller Felipe Solá, repudió los incidentes en Venezuela que se produjeron en el contexto de la fraudulenta elección del diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional de ese país. A pocas horas de los hechos, desde la cúpula de la diplomacia argentina se expresó: “Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional para elegir a las nuevas autoridades”, se afirmó en el texto firmado por el ministro Solá. Sin embargo, horas más tarde a la difusión del comunicado, el gobierno de Alberto Fernández resolvió retirarle las cartas credenciales a la embajadora Elisa Trotta Gamus, que respondía en Buenos Aires al presidente designado Juan Guaidó. De esta manera, y más allá de las críticas, el titular del Ejecutivo argentino ratificaba su decisión de reconocer como único presidente de Venezuela a Nicolás Maduro.
La decisión tomada con la representante de Guaidó en nuestro país fue justificada en “la situación irregular de Trotta en la Argentina”, en donde se radicó “sin pasaporte diplomático”, bajo una misión que “no se ajusta a la Convención de Viena” y en virtud de órdenes impartidas por un presidente (Guaidó) que no es reconocido por la gestión del actual gobierno argentino.
Por otra parte hubo reacciones en el kirchnerismo, como las que hizo públicas el dirigente social Luis D’Elía, a favor de lo resuelto por el Gobierno con respecto a la embajadora de Guaidó y con una dura crítica a la actitud inicial de Solá. Estas declaraciones del siempre verborrágico dirigente piquetero seguramente coincidirán con muchas otras que el cristinismo y el camporismo puede haber hecho saber, pero puertas adentro de sus respectivos ámbitos de actividad, coincidentes con el alineamiento que tradicionalmente mostró con el sistema chavista el kirchnerismo en sus doce años al frente de nuestro país.
Si bien en la campaña electoral Fernández se cuidó de hacer públicos conceptos muy críticos hacia Maduro y su escudo de protección chavista (nunca habló de dictadura aunque sí admitió autoritarismo), la rápida reacción condenatoria que expresó su gobierno a través del canciller Solá marcaba una digna actitud ante la reiteración de atropellos a la pluralidad democrática y a la libertad en general por culpa de los mecanismos represivos del gobierno de Maduro y sus fuerzas.
La Argentina encara a un mes de haber asumido su gestión el gobierno de Fernández un fuertisimo desafío para equilibrar su economía y acordar con los acreedores externos, en especial con el Fondo Monetario Internacional, condiciones razonables para hacer frente al pago de la deuda contraída. Para ello, atinadamente el jefe del Ejecutivo nacional ha dispuesto un manejo de las medidas adoptadas con urgencia que en líneas generales ha sido bien vista por el FMI y los mercados en general. Eso supone mantener en la mira un normal desenvolvimiento de la Argentina con los países desarrollados y el consecuente mantenimiento de la reinserción internacional que logró la anterior administración del país.
En ese contexto tomar distancia de la crisis venezolana generada por un régimen avasallante como el de Maduro resultaba una decisión importante y valiente. Sin embargo, en cuestión de horas se cayó en una actitud ambivalente que mantiene dudas sobre los reales propósitos en materia de relaciones exteriores.
Cuando en política sobresalen las ambivalencias se suele estar en presencia de un gobierno con poca autoridad o convicción o, lo que es peor, dependiente del humor de quienes detrás de escena marcan los tiempos y dan directivas.
