Las críticas contra la minería volvieron con un reproche al gobierno por un proyecto de ley que presentó la UCR antes de ser oficialismo y que ahora ha "cajoneado". Proponía declarar como área natural protegida a Uspallata y Polvaredas para "blindarlas" ante proyectos mineros.
Ahora, en el Ejecutivo aseguran que antes de tratarlo deben definir una política minera.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata le puso cuerpo a la crítica en un taller que convocó el Senado sobre uso del agua. Allí narraron lo que es un pedido con más de 20 años que se ha actualizado con distintos proyectos.
La propuesta en cuestión data de 2014 y es autoría de Tadeo García Zalazar y Héctor Quevedo, con el título "Denominar como Área Natural Protegida a las Altas Cumbres y el Faldeo Oriental del Cordón del Tigre y al Valle de Uspallata en el Departamento de Las Heras". El proyecto no alcanzó ni la media sanción y duerme en comisiones.
Para Federico Soria, parte de la asamblea, el problema es grave: "Acá los funcionarios están mirando a otro lado y no quieren tomar la decisión de proteger la cuenca completa del río Mendoza sino que están atendiendo a otros intereses. Queremos que se saque este proyecto de donde esté cajoneado".
Siguiendo la versión de los asambleístas, en otoño de este año trabajaron para que el Concejo Deliberante de Las Heras avalara una ordenanza ambiental minera. Consiguieron los votos pero finalmente fue vetada "por presiones de los mineros".
Una oficialista que apoya en parte el reclamo es la vicegobernadora Laura Montero. Manteniendo cierta distancia, asegura que todas las propuestas son válidas, que hay que planificar sobre el agua partiendo de una idea de escasez y que es clave la licencia social para cualquier iniciativa.
Cabe recordar que Montero voto a favor de la ley de glaciares de 2010 y que en distintos encuentros para reformar la Constitución ha reiterado la importancia social del cuidado del agua y del medio ambiente.
En ese sentido, la vicegobernadora no quiere arriesgar la apuesta por cualquier emprendimiento. “Las mineras tienden a la magnificación de sus beneficios, eso es algo que aún no se ha zanjado y eso produjo lo que pasó en San Juan con el derrame de cianuro en un río”, reflexionó antes de afirmar que debe estudiarse qué minería se quiere.
El temor de los vecinos de Uspallata está en el proyecto minero San Jorge. La iniciativa para extraer oro y cobre fue rechazada en una audiencia pública de 2010, después en 2011 por la Legislatura y tuvo otro revés en 2015 en la Justicia. Sin embargo, los asambleístas aseguran que la minera insiste en instalarse.
Así, Soria señaló al subsecretario de Minería y Energía, Emilio Guiñazú, como responsable de que el proyecto no haya tenido un rechazo definitivo. En su cuestionamiento, sostuvo que "la resolución está cajoneada en su despacho" y que la empresa espera el momento para reactivarlo.
Guiñazú desestimó por completo la acusación afirmando que San Jorge presentó una actualización que debe ser evaluada por una comisión especial, no por su dirección. “Cuando esa comisión se expida veremos, no es mi función”, aseguró. En cuanto a declarar la zona como reserva natural, afirmó que no estaría ni en contra ni a favor hasta estudiar esa medida.
El debate vuelve a poner el foco en una política minera que, a un año de asumir el gobierno, todavía no se define. Ante ello, algunos apuestan por el Espacio de Diálogo Minero que se inició hace unos meses. "Hay que darle una mirada global, sin apuro. Todo este ruido de la gente tiene que ver con lo mal que han manejado el tema los gobiernos anteriores", dijo un funcionario en off.
En eso concuerda Guiñazú, que evitó definirse sobre San Jorge sin antes tener una política de Estado sobre minería. El objetivo es presentarla antes de fin de año en base a los diálogos de los encuentros, aunque por las dudas y ante las presiones aclara: “Va a llevarnos todo el tiempo necesario”.
