No quedan dudas de que el actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, va de sorpresa en sorpresa. Sorprendió primero su designación, cuando el dedo de la Presidenta recayó sobre él, durante un acto público, dejando con un gesto de resignación a más de uno de los que se habían “anotado” como posibles compañeros de fórmula.
Sorprendió luego cuando comenzaron a conocerse los entretelones de la situación planteada con la empresa Ciccone Calcográfica, la única con posibilidades de imprimir dinero en el país.
Y el colmo de las sorpresas surgió cuando comenzó a desentrañarse la madeja que comprendía la propiedad de un auto importado con un cúmulo impresionante de irregularidades.
Precisamente este último caso, por la gravedad de la situación y por la cantidad de datos falsos que se encontraron, determinó que el juez Claudio Bonadío decidiera elevar la causa a juicio oral.
Ante la nueva situación, desde la oposición se planteó que el Vicepresidente, la segunda autoridad del país, debía por lo menos tomar licencia en su cargo hasta que finalizara la causa, pero mientras Boudou miraba hacia otro lado, haciéndose el desentendido, desde el oficialismo salieron a defenderlo basándose en que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Pero ni Boudou ni el oficialismo pueden explicar la cantidad de irregularidades que el magistrado encontró en torno de la venta del automóvil.
Así, por ejemplo, se supo que la firma de Boudou en el formulario 08 es falsa; que el apoderado del vendedor fue desconocido por su heredero y el número que figura en el DNI es de otra persona; que la firma de la escribana que certificó la firma de Boudou en el 08 era falsa y la foja usada no tiene las marcas de agua; que el precio de venta del auto fue de 4 mil pesos cuando el valor del mercado en ese momento era de 16 mil pesos; que el domicilio en el que se anotó el auto en Capital Federal era inexistente; que la firma del titular del Registro Automotor en la fotocopia del DNI era falsa; que el formulario 04 para cambiar la radicación del vehículo de provincia a Capital contenía un domicilio inexistente; que la firma del policía que realizó la verificación del auto era falsa, al igual que el sello que lo acompaña; que el número de motor de la cédula verde no es el del auto, lo cambió pero no lo registró y afirmó en su juicio de divorcio que compró el auto en 1992, antes de su boda, pero el auto se importó y vendió a su primer dueño en ese año.
Si bien resulta incomprensible la actitud del oficialismo, llega al límite de lo inaceptable lo realizado por la propia Presidenta de la Nación durante el festejo oficialista por los 31 años de democracia y por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que no sólo sentó a Boudou a su derecha y en primera fila sino que cuestionó al Poder Judicial, asegurando que hay “secuaces” y que existe una “persecución”.
Dijo que “ahora a los sicarios mediáticos se les unen algunos secuaces judiciales”, agregando que “nunca la Justicia argentina procesó o llamó a uno de los vaciadores de Aerolíneas” y que “esta persecución es también para miembros dentro del propio poder”.
Palabras que despertaron la ovación de los aplaudidores que acompañan a la primera mandataria en cada una de las reiteradas apariciones en cadena nacional, y la sonrisa, entre amable y agradecida, del Vicepresidente de la Nación.
El Gobierno parece dispuesto a defender al Vicepresidente a capa y espada. Pero esa voluntad de no ceder políticamente está afectando seriamente la imagen del país a nivel internacional y cuyos resultados son imprevisibles.
Sólo a modo de ejemplo cabría preguntarse qué empresario puede estar dispuesto a invertir en la Argentina si la segunda autoridad del país, a pesar de estar procesada y la causa elevada a juicio oral, permanece incólume en su cargo y sin vestigio alguno de que pueda ser removido.
